Numerosas familias de la Villa Michelle Bachelet, en Puerto Varas, llevan meses ya sufriendo con un drama insólito: producto de fallas en la construcción de las viviendas, filtraciones de agua al comienzo "invisibles" y luego evidentes, les han provocado un calvario y largo peregrinar para encontrar una solución a un problema doble. Además de la natural inquietud por la calidad y estabilidad de sus casas (hay un vecino que ya ha reportado 20 fugas de agua), acumularon una enorme deuda de consumo de agua potable porque el medidor obedeció a la filtración en el interior de las casas, y así siguió marcando lo que le correspondía. En otros casos, algunos prefirieron dejar la vivienda y buscar techo con familiares, a la espera de una solución que se ha demorado más de la cuenta.

Como la villa fue construida en el año 2017, el Servicio de Vivienda y Urbanización mandante de la obra, aclaró que ya expiró el período para hacer valer la garantía ante la constructora. Pasaron semanas sin más respuesta que esto, hasta que hace unos días, al fin hubo una reunión en que se le ofreció a 178 familias afectadas una tarjeta para que cobren materiales con los cuales reparar las filtraciones, trámite que se hará a nivel regional y no nacional, y que debería permitir acelerar los tiempos.

Hay que enfatizar que los vecinos no tienen ninguna responsabilidad. Ni por la falla de las viviendas ni por no comunicar a tiempo al Serviu para que cobrara las garantías. Se supone que el Estado tiene un protocolo de ejecución de obras, supervisores, autorización de pagos y recepción final, y en el caso de la villa puertovarina, nada funcionó como se esperaría. Con esperanza, las familias llegaron esperanzadas a vivir en sus nuevas casas y al poco tiempo empezaron a sumar inconvenientes indignos por problemas de índole constructiva.

Este caso ha dejado en evidencia que los plazos de garantía de construcción de viviendas debe ser revisitada por el Ministerio de Vivienda y los legisladores, como también que los procesos de supervisión y recepción de obras tienen que mejorar y cautelar específicamente la calidad de los materiales sanitarios. Hay una tarea pendiente aquí para los parlamentarios de la región, que tienen a la mano el drama de la villa de Puerto Varas para hacer ver esta necesidad de ajuste de los tiempos.

Si alguna vez has disfrutado una buena comida con música de fondo en un restaurante, debes saber que cada canción tiene un costo. Pero ¿sabías que detrás de esos acordes hay un sistema tan enredado como las letras de algunas canciones? Así opera la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), una organización que desde 1987 se encarga de cobrar los derechos de autor a los negocios que usan música.

El problema es que esta entidad, amparada en la Ley 17.336, fija las tarifas que los locales deben pagar de forma unilateral. Por ejemplo, en Puerto Montt, un restaurante de 150 m² más 50 m² de terraza paga cerca de $45.000 mensuales, ¡lo que se traduce en más de medio millón al año! Para negocios pequeños o que recién comienzan, ese costo puede ser un golpe bajo, sobre todo si aún no llegan a su punto de equilibrio.

¿La SCD tiene la culpa de todo? No exactamente, pero su forma de operar genera ruido. Muchos dueños de locales sienten que las tarifas no reflejan el uso real de la música y que hay cero transparencia en cómo se distribuye lo recaudado. Por ejemplo, si un café reproduce música cristiana o un restaurante de mantel largo prefiere música clásica, el dinero igual termina en manos de los artistas más populares del momento. Spoiler: sí, probablemente el reggaetón o la música urbana se llevan la mayor parte del pastel.

Y no sólo eso. Chile tiene ocho organizaciones diferentes cobrando derechos para actores, guionistas, productores y más. ¿Qué pasa con los pequeños negocios? Se enfrentan a pagos y negociaciones interminables, en un terreno cada vez más difícil de navegar.

Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Claro que los artistas merecen ganar por su trabajo. Pero también necesitamos un sistema más justo, donde los pequeños negocios no paguen las mismas tarifas que los grandes y donde la plata realmente llegue a los músicos que suenan en cada lugar. Porque si de algo se trata la cultura, es de encontrar armonía, ¿no?

En este escenario, quizás sea hora de replantearnos cómo gestionamos los derechos de autor en Chile. ¿Debe seguir la SCD teniendo la última palabra? ¿Es posible diseñar un sistema más transparente y flexible que respete tanto a los creadores como a los emprendedores? La música nos une, pero las reglas que la rodean no deberían dividirnos. Es momento de buscar un acuerdo que permita que, tanto artistas como empresarios, puedan prosperar en armonía.

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