Carlos Ilabaca

Una derrota sufrió el Ministerio Público en el contexto de la investigación que lleva cabo por el delito de fraude con fondos SEP al interior de la Municipalidad de Puerto Montt, toda vez que en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de esta ciudad no logró mantener la prisión preventiva que por 2 meses y 3 días cumplió el ex jefe del Daem, Albán Mancilla Díaz, por cuanto el magistrado Juan Pablo Orellana ordenó sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario total.

Cabe recordar que Mancilla Díaz fue formalizado el 5 de septiembre por dos delitos del artículo 239 del Código Penal, esto es fraude al fisco, con un perjuicio de más de $387 millones, bajo la figura de presuntamente consentir en la comisión del fraude.

Por estos mismos hechos también se encuentran formalizados la ex jefa de la Unidad de Subvención Escolar Preferencial (SEP), Alicia Hernández; el ex coordinador de esta unidad, Cristián González; el ex jefe de Finanzas del Daem, Roberto Oyarzo, y el asesor municipal Esteban Oyarzo.

A ellos se sumó a contar del 23 de octubre el ex alcalde Gervoy Paredes, contra quien se inició una investigación penal por delitos de cohecho, lavado de activos, enriquecimiento patrimonial injustificado y fraude, por lo que desde esa misma fecha cumple prisión preventiva en el módulo 12 de imputados primerizos del Complejo Penitenciario de Alto Bonito.

Niega consentimiento

Este viernes, en una audiencia que no fue declarada en reserva y que se extendió por alrededor de 80 minutos, el abogado particular Nofal Abud Maeztu entregó al tribunal una serie de argumentos que, a su juicio, desvirtuarían la tesis de la Fiscalía respecto del consentimiento entregado por Albán Mancilla en su calidad de jefe administrativo de Educación Municipal para que se llevaran a cabo programas de salud y firmado los decretos de pago a profesionales asociados a dichos programas -los llamados "funcionarios fantasma"-, así como también refutó que dineros procedentes de los fondos SEP hayan sido utilizados para financiar su campaña a diputado en 2021, aludiendo "una manifiesta debilidad de los antecedentes que sustentan el supuesto fáctico de la imputación".

Concretamente, el abogado aseveró que no se ha logrado demostrar fehacientemente el consentimiento del imputado, como tampoco que este tuviera conocimiento del plan delictivo de los autores del fraude, responsabilidad que apuntó a los otros cuatro imputados de la causa.

"Mi representado no hizo más que seguir haciendo siempre lo que hizo durante los casi 7 años que estuvo a cargo del Departamento de Educación Municipal, que era firmar actos regulares administrativos. Jamás falsificó un documento, jamás alteró un procedimiento administrativo, simplemente autorizó la celebración de estos programas sobre la base de la información y la justificación que los encargados de la unidad SEP le presentaron", fundamentó.

Apuntan a imputados

De igual manera, el abogado Abud manifestó que no existen antecedentes en la investigación de la Fiscalía que dineros SEP hayan llegado a las cuentas de su defendido, lo que también corroborarían peritajes contables evacuados por el OS-7 de Carabineros respecto de su situación bancaria y patrimonial, recalcó.

"El propio tribunal, en fundamento de la prisión preventiva, señaló expresamente el hecho de que los dineros provenientes del fraude iban a parar a las cuentas de los señores Esteban y Roberto Oyarzo, Alicia Hernández y Cristián González", dijo el jurista, quien agregó que "al menos se instala la duda razonable de que Albán Mancilla, mi defendido, no fue parte del fraude".

En ese mismo, contexto Abud rechazó afirmaciones como la del ex jefe financiero del Daem, Roberto Oyarzo, quien declaró en la investigación haber entregado un fajo de billetes en efectivo en la propia oficina del director, dejándolo supuestamente en un cajón, y subrayó que "la imputación (de su cliente) está basada exclusivamente en declaraciones de los coimputados".

Finalmente, el abogado expuso razones de salud y a su avanzada edad (72 años) para pedir el cambio de cautelar de su cliente.

Parte de la maquinaria

A su vez, el fiscal que lleva la causa, Marco Muñoz Becker, expuso ante el tribunal que no existen antecedentes nuevos para modificar la prisión preventiva y reiteró que, en opinión de la Fiscalía, Albán Mancilla, "como jefe de administración del DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt, consintió en que se defraude al Daem y a la Municipalidad con la contratación y el pago de programas de salud y programas de control de asistencia que se verificaron desde el año 2016 hasta el año 2022", especificando además que "ninguno de estos programas tenía una necesidad pública" y "eran perfectamente abordables por instituciones que son parte de la municipalidad".

Durante su exposición, el juez Juan Pablo Orellana consultó al fiscal por los elementos probatorios que darían cuenta del conocimiento o consentimiento del directivo en los hechos investigados, a lo cual el fiscal Muñoz reiteró que "para poder dar curso a esta maquinaria que funcionara no era posible si el jefe del servicio no lo autorizaba. Y es así que Gervoy Paredes dispuso que estos programas se hicieran, que don Albán Mancilla como jefe del Daem, también en conocimiento de aquella resolución del jefe del servicio, también dispuso que se hicieran", a lo que agregó el persecutor que "el rol que le correspondió mes a mes o periódicamente a Don