Correo
Génesis de Parque Costanera
Con sorpresa escuché que el candidato a alcalde de Puerto Montt, Cozut Vásquez, planteó que la construcción del Parque Costanera tuvo su origen en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Y que luego el candidato Rabindranath Quinteros se atribuyó haberlo dejado en carpeta durante su administración.
Como arquitecto, profesional técnico que lideró el proyecto, impulsado por el entonces seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Wainraihgt, puedo afirmar con certeza que su génesis se remonta al año 2019, cuando éste era solo una hoja en blanco; sin antecedentes, sin diseño y sin desarrollo alguno. Al asumir el desafío se creó una cadena de gestión administrativa, técnica y de voluntades que permitió llevar adelante un proyecto en el que participó un gran número de actores locales, especialmente la ciudadanía.
Todo lo que hoy apreciamos se ejecutó en tiempo récord gracias a que contamos con un equipo competente y comprometido. Resulta preocupante que se hagan afirmaciones livianas desde el desconocimiento y carentes de veracidad, que constituyen una enorme falta de respeto a los procesos de participación ciudadana, a los equipos técnicos y a quienes lideraron un proceso de gestión arduo.
Si lo que se quiere es aportar al futuro de la ciudad, es fundamental investigar, documentarse e informarse para reconocer los hechos tal como ocurrieron y no tergiversar la historia.
Ernes Hillmer, arquitecto
Campaña en Llanquihue
La participación de funcionarios municipales (directivos) en campañas políticas en Llanquihue es una violación flagrante de la ética pública. Estos servidores, pagados con el dinero de todos los ciudadanos, desvían sus esfuerzos hacia intereses partidistas en lugar de cumplir con su deber de forma imparcial.
Este abuso de poder no sólo es un acto corrupto, sino que destruye la confianza pública en la institución municipal. ¿Cómo puede la ciudadanía creer en una administración que utiliza sus recursos para fines políticos?
La ética pública exige que los funcionarios de alto rango mantengan una estricta neutralidad, y cuando esta se quiebra, el daño a la credibilidad es profundo. Es urgente que pongamos fin a estas prácticas que sólo favorecen a unos pocos a costa del bienestar de todos.
Luis Oróstica Salinas, candidato a alcalde de Llanquihue
Seguridad y extranjeros
Este fin de semana se dio a conocer por los medios de comunicación nacional que en Santiago, un joven de 29 años perdió la vida en el contexto de una robo con violencia, realizado por una turba que, de acuerdo a los testigos, eran extranjeros, testimonio que se vio corroborado por el hecho de que el único detenido es un joven colombiano, de 17 años, en situación irregular en el país.
Casi todos los días se dan a conocer noticias de extranjeros que cometen delitos graves, y la gran mayoría de ellos en situación irregular respecto de su proceso de inmigración.
Son conductas que lesionan en forma importante bienes jurídicos, que afectan a ciudadanos chilenos y extranjeros que tienen el derecho de recibir la debida protección de parte del Estado.
¿Por qué no considerar como una agravante a la conducta ilícita realizada el hecho de que quien la realiza, sea un extranjero en condición irregular? No se afectaría el principio de igualdad ante la ley, por cuanto este se cumple cuando a todos los que se encuentran en la misma situación jurídica, se les aplica la misma norma.
Además, en nuestro ordenamiento jurídico penal existen personas que por su calidad, función o relaciones de familia tienen un tratamiento penal diferenciado. Es así, por ejemplo, existen delitos que sólo pueden cometer aquellos que tienen la calidad de funcionarios públicos, o bien su pena es agravada cuando estos son lo que los cometen. Similar lógica es posible apreciar en el caso de que quien comete el delito de homicidio, tiene relación de parentesco, matrimonio o convivencia con su víctima.
Cuando un extranjero se encuentra en situación irregular, por ese sólo hecho está infringiendo nuestro ordenamiento jurídico, y si en esa condición afecta la integridad física, la vida o patrimonio de aquellos ciudadanos chilenos y extranjeros que se esfuerzan y se preocupan por cumplir la ley, entonces el reproche penal debería ser más severo.
Yusef Hales Hott
Demandas al Estado
Con beneplácito he sabido que grupos afectados por catástrofes mal manejadas, o la inseguridad en que viven, decidieron demandar al Estado, específicamente al Poder Ejecutivo, sus ministerios y respectivas instituciones, de acuerdo a las leyes vigentes.
La demanda no sólo debe generalizar al Estado, sino también nominar a aquellos responsables de la conducción de los anteriormente nombrados, para que los políticos gobernantes rindan cuenta por sus faltas y omisiones. Juntas de vecinos, agrupaciones sociales y todas aquellas no políticas que reúnan a ciudadanos, debieran seguir el ejemplo y demandar al Estado cuando no cumpla con sus obligaciones o sea ineficiente. Sin duda tendríamos mejores gobiernos.
Marcos Concha Valencia
Lagos y las instituciones
Recordemos que hace más de diez años, el ex Presidente Ricardo Lagos pronunció la frase: "¡Dejemos que las instituciones funcionen!".
¿Y hoy, el ex Presidente Lagos cree usted que recomendaría lo mismo, dada la gravísima crisis en el Poder Judicial, la paupérrima valoración de la actividad política por parte de la ciudadanía y la irresolución gubernamental para devolver la seguridad a las chilenas y chilenos?
Luis Enrique Soler