La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció ayer que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de presunta trata de personas y estupro.

"Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos", dijo Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región de Tarija, donde se investiga el caso.

Según la denuncia que tiene la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado 'Generación Evo', y la denuncia señala que sus padres la habrían entregado a Morales a cambio de "favores" políticos.

Evo estaba citado a declarar este jueves en Tarija, pero su defensa presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Gutiérrez señaló que, además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas investigadas en el caso y que tampoco se presentaron.

"Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia", indicó.

La fiscal explicó que "el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa" y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales.

Gutiérrez sostuvo que "no se está vulnerando ningún derecho", como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que "todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal".

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron ayer que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.

El exmandatario, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa "batalla jurídica", que para él es una "persecución política" y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo "gratuitamente".

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado "candidato único" del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la "campaña de lawfare" o judicialización política contra Evo.

Capturan al padre

El comandante general de la Policía de Bolivia, Álvaro Álvarez, dijo ayer que el padre de la supuesta víctima, fue capturado la noche del jueves en su residencia en Yacuiba, departamento de Tarija: "El día de ayer se ha generado un movimiento, una aprehensión a una de las personas que está siendo investigada. El papá".

Álvarez confirmó también que se busca a la madre para que declare en el caso.

El Gobierno de Venezuela rechazó, en "los términos más enérgicos", la prórroga por 2 años aprobada ayer del trabajo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU, que denunció que el Estado venezolano intensificó "la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión".

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó que esta "despreciable" y "vergonzosa" misión es "una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos".

Agregó que son "incapaces de abordar las verdaderas acciones de lesa humanidad, como el genocidio en Palestina y el bombardeo de civiles en el Líbano del Estado de Israel, apoyado por Gobiernos que hoy pretenden atacar" al oficialismo venezolano desde un "secuestrado consejo de derechos humanos".

Añadió que "ha demostrado" un "fortalecido compromiso con los derechos humanos, mucho más sólido que la mayoría de los Gobiernos que hoy promueven su instrumentalización para revertir avances del proceso político de la democracia revolucionaria venezolana".

Resolución

La resolución que establece la prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones, en la última jornada de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La misión, creada en 2019 para investigar presuntas violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).

La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión y con la Oficina de la ONU para los DDHH, cuya representación en Venezuela fue expulsada en febrero.