"Es injusto, y de ignorancia también, decir que mi legado será el Caso Convenios"
El Caso Convenios modificó las prioridades de trabajo que se propuso llevar a cabo el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, desde que asumiera en 2021 por primera vez como autoridad elegida por voto popular. No sólo motivó que debiera realizar un cambio en su equipo, sino que desde ahí el foco se reorientó a revisar todos los procedimientos internos, en especial de control y fiscalización, para dejar a la institución con instrumentos "del más alto estándar".
Así lo mencionó por primera vez el 17 de agosto del año pasado, cuando Patricio Vallespín decidió realizar un "mea culpa" a casi dos meses de que se anunciara una investigación del Ministerio Público a las millonarias transferencias de recursos a entidades privadas.
La primera etapa de este trabajo fue liderada por la ex administradora regional Viviana Godoy, eso hasta que el 21 de noviembre fue detenida y luego formalizada conjuntamente con la ex jefa de la División de Fomento e Industria (Difoi), Gloria González, por eventuales delitos de fraude al fisco. Desde allí, la labor fue asumida por el administrador (s) Luciano Belmar.
A contar de la próxima semana, el gobernador Vallespín -a 20 días de que se defina a su sucesor(a) en el cargo- rendirá cuenta ante el Consejo Regional de los avances contenidos en un proceso de análisis y mejoras en los procesos y procedimientos, el cual está contenido en el documento "Nuevos estándares de admisibilidad, control de gestión y seguimiento de la inversión del Gobierno Regional de Los Lagos".
Es necesario recordar que la indagatoria del Caso Convenios ha llegado a determinar que, de 29 fundaciones y corporaciones que ejecutaban programas sin toma de razón de la Contraloría, fue la Corporación Kimün la que terminó por defraudar al Estado por $1.200 millones, al destinar los recursos que tenían como finalidad el saneamiento de la propiedad de familias vulnerables de la región al pago de deudas que como sostenedor mantenía con el CFT e IP Los Lagos, pero también al pago de eventuales sobornos a funcionarios del Gore para adjudicarse los montos. Finalmente, el estallido del caso provocó además el cierre de estas instituciones educativas y la detención y formalización de su presidente y representante legal, Jaime Huincahue.
Tanto los informes de Contraloría, sumados a una auditoría interna de la Unidad de Control (que abarcó entre los años 2021 al 2023) y una auditoría externa permitieron la detección de 59 hallazgos o situaciones a resolver en los procesos internos, relativos a las transferencias de recursos a entidades ejecutoras de programas, de los cuales a la fecha el 83% han sido subsanados, el 10% está en proceso y un 7% recién se podrá subsanar en 120 días. Si bien, Vallespín asegura que todos los hallazgos de Contraloría están solucionados, este 17% restante corresponde a lo detectado en la auditoría externa.
Cultura organizacional
-¿Fue necesario contratar gente adicional para armar todo el marco de mejoras en estos procesos?
-No fue necesario recurrir a nadie externo. Sí tenemos insumos que nos llegaron de afuera, digamos. Los informes de Contraloría, por cierto; la auditoría interna que nosotros hicimos para ver un conjunto de procedimientos y los resultados de la auditoría externa que contratamos, que hizo un análisis desde 2017 en adelante de todos los procedimientos. Nos pareció que había capacidad instalada suficiente adentro con todos los equipos para hacer esto, porque además estaba la necesidad muy latente. Lo que buscamos es que con este conjunto de medidas, el Gobierno Regional de Los Lagos podrá adelantarse y reducir cualquier riesgo de mal uso de recursos públicos.
-¿Qué se detectó en ese primer análisis?
-Detectamos los nudos críticos que había y los puntos débiles. Estas gestiones no están relacionadas con destruir todo lo que había, porque efectivamente había cosas que en el Gobierno, en su función administrativa regional, se hacían bien, pero había otras que no estaban ni sistematizadas, ni estandarizadas, ni formalizadas. Y eso, obviamente, hacía muy difícil tener una certeza de una gestión eficiente y de resguardar absolutamente todos los riesgos que pueden haber cuando tienes espacios que no están bien resueltos.
-¿Esta cultura histórica venía desde que existe el Gobierno Regional?
-Sí, nuestra conclusión es que habían muchas cosas que siempre se hacían de una manera sobre la base de la experiencia de cada funcionario, con las formas que siempre se habían hecho; o sea, más bien el uso y la costumbre de cómo hacerlo que con un manual de procedimiento, un instructivo, cualquier cosa que dejara muy claramente establecido hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde llega la mía y hasta dónde es lo que tú tienes que hacer. Se hacía como siempre se había hecho. Y en ese sentido, las nuevas medidas que nosotros estamos implementando permiten al Gobierno Regional reducir y evitar situaciones para que nunca más pase lo vivido con Kimün o cualquier otra institución.
El Legado
-¿El Caso Convenios se convirtió entonces en una oportunidad de cambio para la institucionalidad del Gobierno Regional?
-Sin duda, repensar todo el funcionamiento interno para hacer un mejor uso de los recursos sin duda que es tomarlo por el lado positivo. Pero nada de esto pasaría si no tuviéramos un proceso de centralización bastante insuficiente, si los gobiernos regionales tuvieran de verdad autonomía presupuestaria y autonomía financiera como la tienen los municipios sobre la base de fuentes de ingresos propia de los recursos que tienen, que pueden organizar su presupuesto y no tiene por qué estar en la ley de presupuestos y estar sometido a que si no se ejecuta se tienen que devolver los recursos, lo cual sin duda es un tema que en una institución descentralizada no aplica.
-No veo que se haya abordado al área jurídica, área donde usted sacó al encargado titular tras el estallido del Caso Convenios. ¿Allí se cometieron errores, por ejemplo, con no considerar la toma de razón de Contraloría?
-El grave problema de lo que sucedió en Jurídica fue que hicieron una interpretación inadecuada respecto a si se podían o no transferir los recursos sin la toma de razón. Y eso fue una muy mala asesoría a quien estaba de gobernador en ese tiempo, que era la administradora regional. Creo que eso sin duda ameritaba, después de toda la revisión y todo el antecedente que yo tomara, esa decisión.
-Cuando se dice que el Caso Convenios es el legado del gobernador Patricio Vallespín, ¿usted cree que es injusta esa apreciación?
-Es completamente injusta, y de ignorancia también, de todas las otras cosas que ha hecho el Gobierno Regional. Porque hemos hecho cosas que nunca antes se habían hecho. Nosotros tenemos hoy un Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva que tiene una mirada de futuro concordada, público-privada, como nunca. Somos la primera región que tiene una Estrategia Regional Hídrica para enfrentar el tema del cambio climático.
Somos la única región de Chile que tiene una política para el adulto mayor para orientar los programas hacia ello, dado que algunos sectores políticos no quieren cambiar el sistema de pensiones para que efectivamente podamos llegar de mejor manera. Somos la única región que tiene un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para poder hacer los puentes que en años no se construyeron en esta región. Somos la única región que tiene un pool de maquinaria en cada provincia de la región para poder ir en mejora de los caminos rurales.
Somos la única región que tiene un porcentaje de inversión en salud para reducir las listas de espera, para tener equipamiento de vanguardia, que podemos hacer diagnósticos mucho más certeros. Somos la única región que tiene programas de prevención contra el cáncer. Somos la región que hemos logrado sacar adelante dos cosas que no estaban en el programa de gobierno, que es el Centro Oncológico de Puerto Montt, como también el Hospital de Rahue, que también va a ser fruto de esta gestión. Por tanto, me parece de un oportunismo político que, la verdad de las cosas, tendrán que ellos aclarar, porque está en evidencia y claro que no es así.
"Estamos ejerciendo todas las acciones en el marco de nuestras competencias para recuperar parte del patrimonio que sea pertinente que él firmó, donde tiene que responder con su patrimonio personal".