Aunque de madrugada la expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, había negado "categóricamente" haber realizado devoluciones de dinero a la Fundación ProCultura, investigada por el caso Convenios y en la que trabajó entre 2021 y 2022, más tarde la ONG admitió que sí existieron retornos.

"Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y cerró oportunamente. Al momento en que el Presidente Boric salió electo y ella asumió como primera dama, de manera transparente realizó devoluciones de fondos para evitar cualquier tipo de cuestionamiento", dijo la abogada de la fundación, Susana Borzutzky.

La situación fue denunciada por El Mostrador el miércoles en la noche y se relaciona con un proyecto en colegios vulnerables de la Región de Valparaíso.

Dicho medio afirmó que los antecedentes eran parte de la investigación que lleva el fiscal Patricio Cooper sobre la fundación. El portal agregó que la PDI había detectado transferencias sospechosas que podían derivar en que Karamanos fuera citada a declarar en calidad de imputada.

"No sé de dónde sale esa aseveración", respondió ayer el director de la PDI, Eduardo Cerna, quien negó haber realizado esta recomendación.

Karamanos también negó, por su parte, "categóricamente haber abonado monto alguno a ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales. Desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política".

Su expareja, el Presidente Boric, aseguró que ni él ni Karamanos incurrieron en financiación irregular y defendió el obrar de la socióloga. "Pero que se investigue todo lo que se haya que investigar (...) La gente está cansada de defensas corporativas en este tema, que se investigue todo lo que se haya que investigar (...) A mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto, y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quién caiga, partiendo por mí", dijo el mandatario, quien fustigó a la oposición, aunque sin entrar en detalle: "Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro".

Denuncia y comisión

La acusación llevó al Partido Republicano a presentar una denuncia ante la Fiscalía Nacional por una presunta obstrucción al avance de las investigaciones del caso Convenios, luego de que quien lo guiara, el fiscal Carlos Palma, se viera involucrado en chats con el abogado Luis Hermosilla. La causa sobre ProCultura quedó desde junio a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Esta entidad aseguró ayer que "la causa se encuentra vigente y se extiende con diligencias en ocho regiones del país" y recalcó que tiene carácter de reservada.

Desde el oficialismo afirmaron que la ofensiva opositora en contra de Karamanos apunta en realidad a La Moneda. Y aunque la bancada PS pidió que se investigue todo lo que proceda, su jefe, Daniel Melo, expresó que "tengo la impresión de que acá hay una búsqueda de igualar, de empatar situaciones" relacionadas al Caso Audios.

Por su parte, las bancadas de RN y la UDI anunciaron que presentarán una comisión investigadora para Karamanos.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, y a cinco de sus más altos directivos, de haberse coludido para modificar los resultados de licitaciones de permisos de operación de estos recintos de juego.

Los directores a los que involucra la FNE son el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer; el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber, y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, "quienes se reunían y contactaban permanentemente para abordar diferentes materias, logrando el acuerdo que se describe en este requerimiento".

Según la FNE, las licitaciones intervenidas son las realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego entre 2020 y 2021. Entonces, los citados casinos habrían acordado "que cada uno ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento eran de su titularidad sin enfrentar competencia de los demás partícipes del ilícito (...) Esta colusión permitió a las empresas requeridas obtener la renovación de los permisos de operación vinculados a sus respectivos casinos de juego por un plazo de quince años y presentar ofertas económicas más bajas que las que hubiesen formulado en un escenario competitivo".

En el requerimiento de la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), se piden multas a beneficio del Fisco por 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir US$151,9 millones, el monto más alto de la historia.

Las multas son para todas las casas mencionadas, excepto para Marina del Sol y sus ejecutivos. Se pidió eximir de multas a este último casino por "haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada".

Lo mismo se solicitó para la responsabilidad penal de sus directivos.

También se pide poner término a los permisos renovados en los procesos mencionados, hasta que comiencen a operar casinos de juego "que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo".