Nueva querella apunta a desvío de fondos del Daem hacia campañas políticas
PUERTO MONTT. Concejales ampliaron la acción legal que presentaron el 9 de septiembre. Afirman que recursos para educación fueron destinados a cuentas personales, a través de programas no ejecutados y con funcionarios fantasmas.
Nuevos antecedentes que involucrarían a ex funcionarios del Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt en el eventual desvío de millonarios fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y de programas de la Junji hacia cuentas particulares, tanto para fines personales como para financiar campañas políticas, fueron incorporados en una querella interpuesta esta semana y que viene a ampliar la que presentó un grupo de seis concejales el 9 de septiembre.
Por primera vez, los ediles querellantes apuntan al ex director del Daem, Albán Mancilla (candidato a diputado en 2021), y al destituido alcalde Gervoy Paredes (quien se repostuló por tercera vez a la Alcaldía en 2021), por haber supuestamente financiado sus campañas electorales con platas públicas destinadas a la educación de niños, niñas y adolescentes de la comuna.
La acción legal fue ingresada este lunes al Juzgado de Garantía de Puerto Montt por el abogado Braulio Sanhueza, el mismo que asesoró a los ediles en la acusación por notable abandono de deberes que resolvió el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos y que gatilló el veredicto que obligó al ex alcalde Paredes a dejar su cargo el 23 de agosto.
Hasta ayer la querella presentada por Juan Carlos Cuitiño (Ind.), Fernando Binder (Ind.), Emilio Garrido (DC), Yerco Rodríguez (UDI), Marcia Muñoz (Ind.) y Luis Vargas Machado (RN), en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude al fisco, no había sido declarada admisible. No obstante, es posible que corra la misma suerte que la acusación del 9 de septiembre pasado, que fue acogida a trámite.
Funcionarios fantasma
"El Llanquihue" tuvo acceso al texto de la querella, en la cual se establece que los ilícitos que se solicitan que sean indagados por el Ministerio Público se habrían registrado entre los años 2016 y 2022, es decir, durante el período en que ejerció la subrogancia de la jefatura del Daem, Albán Mancilla Díaz, actualmente formalizado por delitos de fraude al fisco y quien cumple prisión preventiva desde el 5 de septiembre. En esta indagatoria, la Fiscalía le atribuye al ex funcionario un perjuicio patrimonial estimado de más de $387 millones. Debido a que dicha investigación se desarrolla en calidad de reservada, la gran pregunta que surgió tras la formalización fue cómo se produjo un detrimento tan alto de recursos municipales. Esta querella apunta a esclarecer aquello en función de nuevos antecedentes, que se originan en informes de Contraloría Regional de Los Lagos, información presentada a través de testimonios al Concejo Municipal y sus respectivas comisiones, y auditorías internas de la Unidad de Control del municipio. Tal como lo detalló el abogado Braulio Sanhueza, la querella revela "el mecanismo de defraudaciones de los funcionarios actualmente formalizados para robar dineros del municipio para fines personales y financiar campañas políticas", el cual consistía "en la utilización de funcionarios fantasma, que en su momento denunciamos en el TER, quienes emitían boletas de honorarios y esos dineros iban a parar finalmente a los bolsillos de los funcionarios", afirmó.
Modus operandi
Según la querella, el "modus operandi" consistía en crear programas escolares que en la generalidad no se ejecutaban y que servían para el presunto desvío de fondos a cuentas personales de funcionarios a cargo de su administración y supervisión, como es el caso de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el convenio de la Junji con la Municipalidad de Puerto Montt.
Con los fondos SEP se cree que anualmente se realizaban contrataciones de monitores externos para programas que no se llevaban a efecto en los establecimientos educacionales a los que iban destinados. Estos monitores, pese a no haber cumplido con la función para la que eran contratados, recibían cada mes el total de la boleta a honorarios que emitían, luego de lo cual dichos fondos los ponían a disposición de funcionarios municipales. "Hay sospechas fundadas que luego estos montos millonarios eran desviados para fines personales o para campañas políticas del ex director Albán Mancilla o del alcalde Paredes,