Carlos Ilabaca

Transcurridos más de 6 meses desde la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables de los delitos de fraude al Fisco y violación de secreto, en el marco de la venta de acciones del CFT e IP Los Lagos, concretada vía licitación pública en noviembre de 2020 por parte de la Universidad de Los Lagos a la Corporación Kimün -hoy investigada en el marco del Caso Convenios-, la Fiscalía de Osorno mantiene aún pendientes el grueso de las diligencias solicitadas en la acción judicial.

La querella fue interpuesta por José Aboitiz, liquidador concursal que representa a la junta de acreedores del IP Los Lagos en el proceso de liquidación forzosa decretado por el Primer Juzgado de Letras de Osorno, proceso civil iniciado el 12 de octubre de 2023 con la finalidad de recuperar cerca de $1.500 millones adeudados a los acreedores.

La presentación contó con el patrocinio del abogado Alejandro Awad, socio de la firma BACS Abogados, y en ella se solicitaron llevar a cabo por parte del Ministerio Público un total de 10 diligencias, entre las cuales figuran la toma de declaración al actual rector de ULagos, Óscar Garrido, y a los miembros del Consejo Superior de la universidad que el 29 de mayo de 2020 aprobó una estrategia para dividir la sociedad del IP Los Lagos, disminuyendo su patrimonio en cerca de $1.640 millones y traspasando sus inmuebles a una nueva sociedad (Capacitación, Asesorías y Servicios ULagos S.A.), y que posteriormente, el 15 de octubre del mismo año aprobó además las bases de la licitación pública para la enajenación de acciones del IP y CFT Los Lagos, mediante el Decreto Universitario N°1921.

Diligencias pendientes

La causa penal fue asumida por el fiscal adjunto de Osorno, Matías Montero, con especialización en delitos económicos, luego que el 5 de marzo de este año el juez de Garantía Marcelo Klagges declarara admisible la querella criminal.

Consultado sobre el avance de dicha causa, el querellante José Aboitiz comentó a El Llanquihue que "nos encontramos en etapa de investigación desformalizada con la Fiscalía investigando los hechos al tenor de nuestra querella, concretamente en base a las diligencias solicitadas en la misma. A la fecha, algunas de dichas diligencias ya se encuentran realizadas, tales como sendos oficios (enviados) a la Corporación Kimün, a la Universidad Los Lagos, al Servicio de Impuestos Internos y al Instituto Teodoro Wickel, cuyas respuestas ya constan en la carpeta investigativa".

Cabe recordar que el Instituto Teodoro Wickel (UFRO) fue uno de los interesados en participar en la licitación del año 2020, pero que finalmente se desistió de presentar una oferta económica. Otra institución que fue sondeada entonces corresponde al CFT Andrés Bello de Temuco, que tampoco participó del proceso.

Aboitiz reconoció que el grueso de las diligencias solicitadas se encuentran aún pendientes y en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Dentro de estas últimas destacan la solicitud de tomar declaración a diversas personas de interés para la investigación, tales como los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos", dijo.

No obstante a ello, una diligencia clave que ha solicitado la parte querellante dice relación con que la Fiscalía pueda ordenar la realización de un peritaje contable a la policía, con el objeto de determinar el monto exacto al que ascendería el eventual perjuicio, específicamente en lo relativo al delito de fraude al fisco.

"venta atada"

Tal como publicó este medio con ocasión de la presentación de la querella el 27 de febrero último, el documento de 36 páginas apunta a indagar una eventual responsabilidad de la Universidad de Los Lagos, a quienes el querellante le atribuye el "consentir que se defraudara al Fisco", al establecer "una venta atada de las acciones del Instituto (profesional) y derechos sobre el CFT Los Lagos" y por la "deficiente configuración de las bases de licitación que se expresó en un precio sustancialmente bajo" para la venta de ambas instituciones educativas por un monto ofertado de $130 millones.

Desde la ULAgos, en tanto, han descartado cualquier tipo de irregularidad en la venta, la que de acuerdo a una recomendación de Contraloría General de la República durante una ronda de consultas jurídicas, se llevó a cabo a través de licitación pública. "La decisión de explorar la posibilidad de venta de acciones y derechos del IP-CFT Los Lagos se adoptó el año 2018, para lo cual debía considerarse la forma de licitación cerrada o pública, y se debía prospectar potenciales interesados de participar en este proceso, considerando el escenario que vivían este tipo de instituciones en ese momento y los cambios producto de las nuevas leyes sobre educación superior", se indicó en una declaración enviada en noviembre de 2023.

Pese a esta explicación, el querellante sostiene la tesis que habría existido un plan o "una estratagema ideada por funcionarios pertenecientes a la Universidad de Los Lagos destinada a conservar en poder de esta última los principales activos del IP Los Lagos, dejándolo desprovisto de un patrimonio suficiente para responder a sus acreedores, sólo para luego enajenar su participación sobre ellos por un precio ínfimo", reza el texto.

Esta argumentación hace alusión a la decisión del Consejo Superior de la universidad adoptada el 29 de mayo de 2020 para traspasar dos inmuebles que eran propiedad del IP Los Lagos (uno en calle Lord Cochrane N°1039 y otro en calle Patricio Lynch N°1345,