Vicente Pereira

Un plazo de 30 días hábiles dispone el Departamento de Administración de la Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt para devolver más $2.500 millones al Ministerio de Educación (Mineduc), de acuerdo a lo dispuesto por Contraloría.

Se trata, según el informe "Seguimiento de Observaciones del Departamento de Administración de Educación Municipal de Puerto Montt", "Informe final Número 861/2021", elaborado por el órgano contralor y presentado con fecha 20 de agosto de este año, de montos "objetados por la Supereduc (Superintendencia de Educación) correspondientes a gastos no relacionados con los fines que establece la Ley Número 20.248 (Subvención Escolar Preferencial, SEP) lo cual no ha podido aclarar ante dicha instancia ni ante este órgano contralor, por la suma de $2.502.003.518".

El documento fue recibido por los concejales el pasado martes 27, previo a la sesión del Concejo Municipal, la primera tras la destitución del alcalde Gervoy Paredes, ordenada por el Tribunal Electoral Regional (TER).

Frente a esta situación, Luis Vargas (RN), presidente de la Comisión de Educación del cuerpo colegiado de Puerto Montt, instancia en la que se analizó el documento, sostuvo que estudian la posibilidad de presentar una "querella" contra quienes resulten responsables.

Explica que esta acción la buscan abordar "como una forma de resguardo ante el Ministerio Público por el (mal) uso de los recursos públicos, porque se puede añadir que el Concejo Municipal no hizo nada al respecto, lo que no es cierto, porque hemos presentado informes a Contraloría y a otras entidades, como Fiscalía. Vamos a iniciar acciones legales", remarcó.

En la misma línea, su colega Leonardo González (PPD), se mostró a favor de iniciar una acción legal.

"Ningún recurso puede desaparecer o no acreditarse" y, además, dice, que se tiene que determinar en qué fueron ocupados (los dineros) y por quién. "Tiene que existir un responsable. Aunque sean $10 mil, tiene que existir un responsable. No se puede ver cómo que aquí no ha pasado nada".

Al igual que Vargas y González, el concejal Juan Carlos Cuitiño (Ind.) también es partidario de interponer una acción judicial.

Según dijo, a pesar de todos los informes al respecto, "no hemos tenido ningún resultado, ni tampoco identificado a los responsables, por lo que me sumo a la evaluación de interponer una acción judicial que permita esclarecer, de una vez por todas, todo lo que está ocurriendo".

Cuitiño, además, califica de una "vergüenza, que sigan llegando informes de la Contraloría para poder pagar".

Junto con ello, cuestiona que se proyecte que estos fondos sean entregados una vez que se ejecute el traspaso del Daem al Servicio Local de la Educación Pública (Slep) en 2026. "La municipalidad argumenta que cuando se realice el cambio se devolverá todo y, obviamente, después se descontará del Fondo Común Municipal, lo que no se puede permitir".

Y es que para el edil "aquí hay nombres que tienen que ser los responsables de todo este desfalco económico que ha afectado, principalmente, a los niños más vulnerables de la comuna de Puerto Montt".

En su análisis, argumenta que "los gastos no acreditados corresponden a fondos que se ocuparon fuera del marco legal de la ley. Por lo tanto, hay personas, con nombres y apellidos que tienen que hacerse responsables y espero que el próximo informe de Contraloría desarrolle antecedentes para el juicio de cuentas para los responsables y de esta forma, que esto no vuelva a ocurrir en Puerto Montt".

Al igual que sus colegas, la concejala Evelyn Chávez (FA) es partidaria que una vez resuelto la devolución de platas