Redacción

La alcaldesa de Viña del Mar se verá obligada a apelar para ante el Servicio Electoral luego de que el organismo rechazara su candidatura por faltas en la documentación requerida para inscribir su postulación para la elección del 27 de octubre.

No fue el único caso. El Servel publicó ayer la resolución respecto de las 18.665 candidaturas para todos los cargos: 17.189 fueron aprobadas, 1.430 rechazadas y 46 retirados antes de la resolución final.

En detalle, del total de postulaciones rechazadas, 5 corresponden a candidatos a gobernadores regionales, 202 son de candidatos a consejeros regionales, 49 de candidatos a alcaldes y 1.174 de candidatos a concejales.

Entre las rechazadas se encuentra la alcaldesa Ripamonti ya que, según consignó el organismo, su declaración jurada "no aparece suscrita ante un notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato; declaración jurada no está suscrita por el declarante; y declaración jurada no señala fecha de otorgamiento".

Apelación

Igualmente, Ripamonti -como todos los candidatos rechazados- tiene plazo hasta el 15 de agosto para presentar su apelación ante los Tribunales Electorales Regionales. La alcaldesa aseguró que tiene todo en regla para ejercer dicho trámite y poder repostularse.

"Ayer efectivamente salió una resolución que señala que nuestra postulación no contaba, por ejemplo, con los timbres o la revisión del notario y esto (su declaración jurada), efectivamente, tiene los timbres notariales, tiene todo", afirmó mostrando su postulación en papel a través de un video de Instagram.

En esa línea, reparó en que "lo que viene ahora es que tenemos que hacer una apelación y mostrar que todo está de acuerdo. Esto ocurre, es normal".

"Muchas personas están preocupadas y se han alertado muchísimo pensando que va haber un problema con nuestra inscripción. No teman, guarden la calma y no se preocupen", sostuvo la alcaldesa a la comunidad.

Por otro lado, las candidaturas de sus competidores: Iván Poduje (Independiente-Chile Vamos) y Manuel Díaz (Izquierda Ecologista), fueron aceptadas.

Poduje, el principal postulante de la oposición, reaccionó en X contra la actual jefa municipal: "Confirmado. No hacen nada bien. Por eso Viña está como está".

Una situación similar ocurrió con la candidatura del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, que también fue rechazada debido a problemas en su declaración jurada. Frente a esto, afirmó que insistirá en su postulación: "Nunca nada ha sido fácil para nosotros. Vamos a apelar, hicimos el procedimiento en tiempo y forma".

La diputada Catalina Pérez afirmó que la ciudadanía merece "una total y absoluta transparencia" respecto de lo ocurrido en el Caso Convenios y reiteró su disponibilidad con la investigación.

Por haber mantenido una relación de pareja con Daniel Andrade, quien fuera director de Democracia Viva, la legisladora fue vinculada a las irregularidades que hicieron explotar el escándalo de transferencias de organismos estatales a ONG en todo el país. Esto le valió ser suspendida de su partido, Revolución Democrática, pero la justicia no ha actuado contra ella

En entrevista con 24 Horas, la parlamentaria dijo esperar que "en particular el tema de la investigación en la región de Antofagasta, avance, que se pongan todos los elementos sobre la mesa. Creo que la ciudadanía merece una total y absoluta transparencia en esta materia".

También sostuvo que "la Fiscalía ha hecho un trabajo serio a nivel de investigación y serán los tribunales de justicia los que determinen la responsabilidad de todos y cada uno de los involucrados en el caso".

La parlamentaria indicó que "lo más importante es garantizar la fe pública, la transparencia hacia la ciudadanía y garantizar también que el Gobierno pueda hacerse cargo del problema de fondo, que es resolver las carencias de vivienda que tenemos en todo el país, pero especialmente en una región como Antofagasta que requiere de la construcción de viviendas sociales que estén a la altura de lo que la ciudadanía merece".

Y sobre su caso particular afirmó que "no solamente estoy disponible, he estado abierta a colaborar en la investigación en todo momento. A mí ya se me revisaron las cuentas corrientes, se revisó mi teléfono celular, he estado disponible a declarar, de hecho, ya he declarado en la investigación. Entonces, el criterio ha sido de transparencia absoluta y espero que ese criterio prime no solamente para mí, sino que para todos los actores del proceso".

El frente de mal tiempo que afectó a la zona centro sur de nuestro país hace una semana, generó prolongados cortes del suministro de electricidad a cientos de miles de personas, con la consiguiente y justificada molestia de éstos. La reposición del servicio de parte de las empresas concesionarias distribuidoras ha sido lenta, especialmente en Santiago, en donde se ha concentrado la mayor cantidad de personas afectadas. Parte importante de los cortes de energía eléctrica se debieron a la caída de postes y de árboles, que no resistieron los embates del inusitado viento que se desató en la capital al comienzo del evento atmosférico, que al parecer superó los registros históricos.

Alcaldes de diversas comunas de la Región Metropolitana han manifestado su molestia por el prolongado corte del servicio eléctrico, que atribuyen a la negligencia en que habría incurrido la empresa distribuidora ENEL, a cargo de la concesión en gran parte de esta región. La empresa habría incumplido su obligación legal de podar o cortar los árboles que amenazaban con caída, con cortes y desperfectos en cables e instalaciones de distribución eléctrica. Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de la misma empresa, por no haber cumplido con esas obligaciones, a pesar de que este organismo le habría advertido los riesgos que traería aparejado el ya mencionado sistema frontal. La gravedad de la situación llevó incluso al Presidente de la República a ordenar la revisión de la concesión, lo que podría traducirse en la eventual revocación del contrato.

Desde el punto de vista jurídico estamos frente a un caso complejo. En principio, no cabe duda de que las características del frente de mal tiempo podrían encajar en lo que el artículo 45 del Código Civil denomina caso fortuito o fuerza mayor, es decir "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Sin embargo, debe considerarse que los pronósticos del tiempo habían anunciado con antelación las especiales características de aquel frente, lo que de alguna manera pone en cuestionamiento su imprevisibilidad e irresistibilidad, requisitos necesarios para que se configure el caso fortuito o fuerza mayor.

En ese sentido, no debe perderse de vista que según la Ley General de Servicios Eléctricos y su Reglamento, los operadores de instalaciones eléctricas deben podar o cortar los árboles que puedan afectar la seguridad de sus instalaciones. A su vez, la normativa vigente entrega a la SEC la competencia para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras. De hecho, la SEC anunció el inicio de un procedimiento sancionador en contra de ENEL, por no haber mantenido adecuadamente árboles que podían amenazar la normal distribución de energía, cuestión que este organismo habría solicitado con antelación al fenómeno atmosférico. Estos antecedentes revelan una posible negligencia de parte de la empresa operadora.

Pero surge también la duda respecto del rol que puede caberle al Estado en aquellos acontecimientos. En efecto, si se sabía con bastante antelación la magnitud que tendría el frente de mal tiempo, y la SEC requirió a la empresa que hiciera los trabajos necesarios de mantenimiento de árboles y ésta no lo hacía, lo lógico habría sido que se iniciara el procedimiento sancionador antes de ocurrida la llegada del frente de mal tiempo. Asimismo, si bien la empresa está obligada legalmente a mantener los árboles, podándolos o cortándolos si es necesario, no puede perderse de vista que las municipalidades son las primeras encargadas del cuidado y mantención de los árboles situados en los espacios públicos de sus comunas. Por eso no parece lógico que frente al público anuncio de mal tiempo éstas adoptasen una actitud pasiva respecto de la actitud de la empresa.

Como se ve, paradigmáticamente el frente de mal tiempo ha desatado también una especie de tormenta jurídica perfecta, en que el incumplimiento de obligaciones y la negligencia privada y pública condujo a un escenario lamentable, que una vez más afecta a los ciudadanos, y que se suma a otros graves problemas en servicios públicos, como las impresentables listas de espera en salud, o las lamentables condiciones de la educación pre escolar y escolar.

Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo Investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes