Con justa razón el gremio del comercio de Puerto Montt y las autoridades han expresado su inquietud por la irrupción de bandas criminales que, llegadas principalmente desde la Región Metropolitana, están cometiendo delitos de alta connotación social en la Región de Los Lagos. El caso más reciente y que obligó a encender las alarmas fue el violento asalto registrado a un local de juegos de azar en el centro de Puerto Montt, donde cinco delincuentes, todos ellos extranjeros provenientes desde la comuna de Estación Central (Región Metropolitana), golpearon a los encargados y a un cliente que se encontraba ahí al momento del cierre.

Todos ellos fueron rápidamente detenidos, gracias al oportuno aviso a la policía y la rápida respuesta de Carabineros. El tribunal decretó para todos ellos (cuatro venezolanos y un peruano) la prisión preventiva mientras el Ministerio Público realiza la investigación de rigor, pero este caso obliga, tal como lo han advertido líderes de opinión, a formular inquietudes acerca del arribo de grupos criminales que pueden encontrar en Puerto Montt y el resto de la región el lugar propicio para sus actuaciones delictivas.

Sabido es que el alza de la criminalidad está afectando sobremanera a Santiago. Ello ha derivado en una serie de anuncios gubernamentales y la frecuente promesa de las autoridades en cuanto a que se perseguirá y se detendrá a los integrantes de asociaciones criminales, que en pocos años han mutado cada vez más hacia conductas violentas e inmisericordes a las que el país, en esta área, no estaba acostumbrado.

El problema es que las medidas de persecución criminal que se establecen en Santiago suelen derivar en el traslado de los grupos delictivos hacia zonas con "menor vigilancia", como se alertó ayer en este diario. Y allí es donde Los Lagos y específicamente Puerto Montt asoman como territorios ideales para que las bandas coloquen acá su mirada.

Hace poco se sentenció con altas penas a una facción del Tren de Aragua que realizó trata de personas en la capital regional, y ahora se ha cometido el violento asalto en el centro. Este fenómeno exige de parte de las autoridades, de la Fiscalía y de la policía, medidas eficientes que combatan el delito, antes de que la situación empeore y la ciudadanía se vea apoderada de un sentimiento de desazón y frustración.

Miles de pequeños comerciantes se ven obligados a liquidar sus productos perecibles ante la falta de energía para refrigerarlos. Miles de ciudadanos enfrentan el frío en sus hogares con niños y ancianos enfermos, además de perder medicinas y alimentos debido a un corte energético prolongado. "Ha sido un evento meteorológico excepcional", argumentan desde la empresa de energía, que claramente no previó las condiciones extremas que un evidente cambio climático trae consigo.

Ante tales eventos, los programas de "adaptación al cambio climático" público-privados parecen más retórica que acciones preventivas concretas. Como consecuencia, la protesta ciudadana surge fuerte frente a la inacción de la empresa, provocando sólo entonces que las autoridades demanden sanciones severas, aunque sin hacerse cargo de la falta de oportuna fiscalización antes del desastre.

Se prometen fuertes multas a la empresa que, por cierto, no es plata que llegue e los directamente afectados por estas situaciones.

Pero esto no sólo sucede con la electricidad, sino también con el suministro de agua, las concesiones viales y el tratamiento y la recolección local de la basura. Ocurre que cualquiera de estos servicios se suspende "por motivos de fuerza mayor o necesidades de mantenimiento", dejando al usuario sin servicio y sin reembolso por las horas o días no prestados.

Aún más alarmante es que para solventar esto, el costo mensual del servicio sube. Esto resulta ser un sistema sumamente injusto para los usuarios, que son los ciudadanos chilenos contribuyentes mantenedores de un Estado incapaz de asegurar la calidad y continuidad de servicios críticos por parte de proveedores privados negligentes. Sin embargo, en caso de desastre, estos representantes de la ciudadanía se amontonan ante las cámaras prometiendo penas severas a los proveedores.

¿Cuántas veces hemos presenciado este escenario? ¿Cuántas veces aquellos responsables de generar las bases de las concesiones y realizar procesos de licitación o cambios de contrato, se han erigido como defensores de la justicia y fieles representantes de los ciudadanos?

La situación es oscura y no precisamente por un reciente temporal, sino por un sistema de concesión de servicios esenciales que no cumple con brindar un buen servicio ni ofrece las compensaciones adecuadas. Algo no funciona en esta obscura obscuridad.

80 años | 7 de agosto de 1944

Hoy llega secretario general PS a Puerto Montt

En el tren nocturno arribará esta noche el secretario general del Partido Socialista, diputado Bernardo Ibáñez, acompañado de los parlamentarios Carlos Gaete, Efraín Ojeda y Astolfo Tapia. La visita obedece a la concentración que se efectuará hoy en el Teatro Central, en la que dará a conocer la situación política del momento. La invitación es abierta para todos los interesados.

50 años | 7 de agosto de 1974

Vecinos piden sistema de radio en Hualaihué

A través de una carta al jefe de plaza en Estado de Sitio en la provincia de Llanquihue, los vecinos de Hualaihué solicitan la instalación de un equipo de radiofonía para la oficina de Correos. La falta de comunicación expedita con Puerto Montt pone en riesgo la salud de los vecinos. Recientemente falleció una mujer embarazada, quien no logró contar con atención médica oportuna.

10 años | 7 de agosto de 2014

Alcantarillas colapsan en la población Egaña

Un serio problema dicen estar viviendo vecinos del pasaje Gabriela Mistral, de la población Egaña, por sobrecarga de cámaras de alcantarillado. La situación ha generado gran molestia entre los vecinos, puesto que se perciben olores fétidos en el ambiente. Estas cámaras fueron construidas en 1948 en los patios de las viviendas, lo que complica una intervención de Essal.