El ex jefe de Presupuestos del Gore declaró ante fiscal del Caso Convenios
LOS LAGOS. La diligencia se llevó a cabo de manera paralela a que se conociera el resultado del sumario de Contraloría que propuso destituir a 3 funcionarios.
Una de las primeras y más inmediatas consecuencias que trajo aparejada la resolución exenta N° PD00709, a través de la cual la Contraloría Regional propuso la medida disciplinaria de destitución de tres funcionarios del Gobierno Regional de Los Lagos, fue que el fiscal Marco Muñoz, que investiga eventuales delitos relacionados con las millonarias transferencias de recursos a entidades privadas en el denominado Caso Convenios, citara a declarar al ex jefe de la División de Presupuestos e Inversión Regional (Dipir), Mauricio Saavedra.
La diligencia se llevó a cabo en días recientes, prácticamente de manera paralela a que se conociera de forma pública el resultado del sumario administrativo que inició la Contraloría el 28 de julio de 2023 y que arrojó como propuesta de esta entidad la destitución tanto del ex jefe de Dipir, Mauricio Saavedra; el ex jefe Jurídico del Gore, Alejandro Macías; como de la administradora regional, Viviana Godoy, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 letra d) de la Ley 18.834.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos sólo se limitaron a contestar ayer, ante las consultas de este medio, que "el fiscal no puede entregar información, ya que la investigación es secreta".
Cabe recordar que en la Región de Los Lagos esta investigación fue declarada bajo reserva, producto de que entre los delitos investigados figura el de lavado de activos. No obstante, en el caso de los imputados y demás intervinientes en la causa dicha reserva expiraría durante el mes de agosto, dado que el artículo 31 de la Ley 19.913 establece que el fiscal puede solicitar su renovación por una sola vez y por igual periodo ante el juez de Garantía.
Diligencia ante el fiscal
Según trascendió ayer, la diligencia en la cual se procedió a tomar testimonio al ex jefe de Dipir se llevó a cabo en una sola jornada y con presencia tanto de Saavedra como de su abogado, el ex intendente regional Nofal Abud.
Si bien desde la Fiscalía tampoco se precisó si esta declaración fue requerida en calidad de testigo o como imputado, cabe recordar que el ex jefe de la Dipir fue uno de los jefes de división a los cuales se les aplicó como medida intrusiva la incautación de equipos celulares y computacionales durante el primer allanamiento realizado al Gobierno Regional, con fecha 20 de julio de 2023. Sin embargo, transcurrido más de un año de dicha diligencia, Saavedra no ha sido formalizado por el Ministerio Público por delito alguno en el marco del Caso Convenios.
El Llanquihue contactó telefónicamente a Mauricio Saavedra, quien de manera escueta dijo que "por tratarse de una investigación en curso y secreta, por lo que nos dice el fiscal, no puedo hacer ninguna declaración".
El abogado Nofal Abud reiteró lo anteriormente expuesto por su cliente, al agregar que "no niego que lo haya podido acompañar a alguna diligencia, pero no estoy en condiciones de referirme al contenido de la diligencia, ni a la causa ni a la posición todavía de mi representado. Prefiero abstenerme, porque no tenemos mayores antecedentes en virtud de la reserva de la causa y lo único que tenemos son apreciaciones preliminares que derivan de esa diligencia, de la cual lo único que yo puedo decir es que concurrió Mauricio Saavedra y que prestó toda su colaboración en lo que el fiscal le requirió y contestó todas las preguntas del fiscal tratando de aportar la mayor cantidad de información posible para poder esclarecer los hechos", aclaró.
Argumentación
Desde la Fiscalía tampoco fue posible confirmar o descartar que también se haya solicitado declaración voluntaria a los abogados Ernesto González y Alejandro Macías, quienes igualmente figuran en el informe de Contraloría.
Al respecto, cabe ahondar que en sus descargos realizados durante el sumario administrativo, Mauricio Saavedra sostuvo que fue desde la propia Dipir donde surgió la preocupación respecto a que los programas no contaban con la toma de razón de Contraloría, lo cual impedía las transferencias de recursos, lo cual se hizo presente en reuniones de coordinación.
Afirmó asimismo que, recogiendo la inquietud de los profesionales del área, "el 22 de diciembre de 2022 realizó consulta por escrito a través del correo institucional a la administradora regional, Viviana Godoy, quien ejercía como gobernadora regional subrogante, con el objetivo de obtener un pronunciamiento formal sobre la pertinencia jurídica de autorizar las transferencias". Junto con la respuesta recibida al día siguiente por el asesor jurídico Ernesto González, se procedió a cumplir con la orden verbal de la gobernadora regional subrogante, quien "procede a informar al equipo de la división que tramiten los estados de pago".
Saavedra recordó que Contraloría representó en enero de 2023 las 35 resoluciones aprobatorias de convenios de transferencias de recursos con cargo al subtítulo 33, glosa 02 y apuntó que "mientras se trabajaba en las respuestas a las observaciones se habría acordado con representantes del órgano contralor regional -en instancias en las que no participó- agregar 'addendum' a los convenios, que incorporarían la cláusula 'regularícese', lo que permitiría subsanar las observaciones para la tomar de razón". De hecho, tras esta gestión, Contraloría tomó razón de 6 de los 35 convenios tramitados, pese a que todos eran idénticos, dijo en el proceso.