Gobierno y oposición avanzaron hacia una nueva etapa en sus desencuentros por el veto que reincorporó las multas para quienes no voten en las elecciones municipales y regionales de octubre: luego de que el texto fuera ingresado al Congreso, las críticas apuntan hacia el monto de la sanción, que es considerado excesivamente bajo por los detractores del Ejecutivo, lo que fue respondido duramente por varios ministros.

Luego de muchas vueltas y situaciones confusas, La Moneda decidió que el texto que deberán votar los parlamentarios incluyera el feriado irrenunciable y una multa de 0,5 UTM (33 mil pesos), muy por debajo de las 3 UTM originales (198 mil pesos), monto que fue rechazado, y las 2 UTM (132 mil pesos) que se habían aprobado en segunda instancia.

Esta rebaja recibió criticas de diputados opositores que fueron resumidas por el presidente de Amarillos, Andrés Jouannet: "El Gobierno ha presentado un veto 'agüita perra'. Lo cierto es que la multa que se va a cobrar no es sustantiva, por tanto no te obliga de una forma tan directa a ir a votar. Hay mucha gente que no lo va a hacer. Hubiéramos esperado que hubiera hecho un esfuerzo para volver el orden de las cosas a lo que fue originalmente, para que todos fuéramos electores y aquellos que no votaran tuvieran una multa importante".

Gobierno responde

Ante estas opiniones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que "se nota que no tienen problema de bolsillo las personas que dicen eso".

Dicha posición fue respaldada por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en radio Concierto que "el costo de la vida es un tema siempre para las personas y a algunos les parecerá poco por su nivel de ingreso, pero la verdad es que una multa de 33 mil pesos igual es algo considerable para el bolsillo de cualquier persona".

Sin embargo, los diputados de la UDI Henry Leal y Marco Antonio Sulantay levantaron una hipótesis radicalmente distinta: la baja multa "más que ayudar a las personas vulnerables, termina discriminándolas, beneficiando así a quienes tienen más recursos, porque no les va a importar pagar esa sanción por no ir a sufragar".

Por lo mismo, Leal y Sulantay calificaron la propuesta del Ejecutivo como un veto "discriminatorio", asegurando que "por supuesto que una multa de $33 mil es bastante significativo para las personas de escasos recursos y de clase media, pero no así para quienes tienen una mejor situación económica".

Extranjeros

Otro punto polémico es la obligatoriedad de votar para los extranjeros avecindados en el país, que se incluyó pese a que el Gobierno no quería hacerlo.

La jefa de gabinete expuso que "ese tema pasó inadvertido en el debate por largo tiempo. Ahora se ha tomado nota de que estamos teniendo una serie de consecuencias, que nadie calculó, por este cambio al voto obligatorio y que va a ser necesario legislar con calma al respecto". Pero se decidió postergarlo "para no generar ahora un conflicto que no sería de nada oportuno con una elección tan cerca".

Respecto de este tema la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó duramente a la oposición en CNN: "La derecha le ha echado harto la culpa al Gobierno en los intereses electorales, pero resulta que la derecha quiere privar de todos los derechos a los migrantes, salvo del derecho a voto".

Finalmente, el analista político Pepe Auth opinó en Emol que para el Gobierno "es un deseo inconfesado que haya una participación menor que en los plebiscitos de salida".

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció ayer al Ministerio Público y a los querellantes a pagar las costas del juicio llevado a cabo en contra del excarabinero Sebastián Zamora, absuelto del cargo de homicidio frustrado en el caso Pío Nono. Del mismo modo deberán hacerse cargo de los gastos en que incurrió el expolicía en su defensa.

El proceso contra el policía fue encabezado por la titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Y entre los demandantes de la causa figuran el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, además de la familia del entonces adolescente que cayó al lecho del río Mapocho en octubre de 2020, mientras se producían manifestaciones por el primer aniversario del estallido social.

El pasado viernes 12 de julio, la justicia dictó el veredicto que retiró los cargos hacia Zamora, acusado por el Ministerio Público de "empujar" al joven identificado como Anthony (de 16 años al momento de producirse el incidente) para que cayera del puente Pío Nono.

Al leer el veredicto, la jueza Patricia Bundl subrayó "ambigüedades" en la acusación de la Fiscalía, como que no acreditó qué heridas habrían causado la eventual muerte de Anthony que pudiera encuadrar el hecho en un homicidio frustrado. También apuntó a una "desorientación" en los alegatos finales, como las diferencias entre las versiones de una posible causa de muerte del joven en caso de haber ocurrido: se mencionó tanto por caída o por inmersión.

En la resolución se lee que "en definitiva, son tantas las versiones que se han conocido en el juicio sobre lo ocurrido que ni siquiera los acusadores en los alegatos de clausura han podido precisarla, limitándose a usar conceptos generales, con lo cual no se hacen cargo de la acusación que ellos mismos sometieron a conocimiento de este Tribunal".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió nuevamente al rechazo que ha expresado el Gobierno en general y él en particular a los nuevos proyectos que buscan autorizar para los chilenos el retiro de fondos de pensiones. Y conjuntamente con ello se mostró confiado en que el Congreso rechazará estas iniciativas.

Esta semana se ingresaron varios textos que buscan que se puedan sacar ahorros desde las AFP e incluso uno plantea el autopréstamo de hasta 5 millones de pesos sin interés.

El Ejecutivo ha descartado apoyar estas ideas, como lo expresó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara: "Nosotros no las vamos a apoyar".

Y ayer en entrevista con radio ADN, Marcel dijo cree que el Congreso rechazará los proyectos ya que con las experiencias previas "el costo en todas las dimensiones es evidente".

"La gran mayoría de los parlamentarios entiende que los retiros son pan para hoy, hambre para un rato más, porque los efectos negativos que tienen sobre la economía son grandes, y se manifiestas muy rápido", dijo el titular de Hacienda.

Respecto a los costos que tendría la iniciativa, Marcel señaló el impacto en la inflación, una mayor paralización de los créditos hipotecarios, subida del dólar entre otros, los que no se manifestarían en los próximos años sino "en los próximos meses, y especialmente a comienzos del 2025".

Por ello apuntó que los parlamentarios, "igual que en ocasiones anteriores, van a actuar con sabiduría y van a rechazar estas nuevas propuestas".

Finalmente aseguró que como Gobierno dispondrán los antecedentes para "explicar o recordar" las consecuencias de los retiros, reiterando que "a esta altura ya no es una especulación, sino que es algo que ya vimos, de lo que nos costó salir y todavía no salimos completamente".