Corte de Apelaciones revirtió arresto total de analista del Gore y dictó su prisión preventiva
PUERTO MONTT. Ministerio Público y querellante apelaron a la medida cautelar que dictó el Juzgado de Garantía. El abogado Sergio Coronado afirmó que "no se podría haber cometido este delito sin la activa participación de funcionarios del Gore".
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario dictada hace una semana por el Juzgado de Garantía de esta ciudad en contra del analista del Gobierno Regional de Los Lagos formalizado por delitos de fraude al fisco y cohecho, y en su reemplazo ordenó la prisión preventiva para el sexto imputado en el marco del denominado Caso Convenios.
La instancia llegó este martes hasta el tribunal de alzada puertomontino, luego que tanto el Ministerio Público, representado por el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, Marco Muñoz, como el abogado querellante en representación de la UDI, Sergio Coronado, apelaran a la decisión del magistrado Miguel Ángel García.
El tribunal escuchó además los alegatos de un representante del Consejo de Defensa del Estado y de la abogada de la Defensoría Penal Pública, Nicole Valenzuela.
Al término de la audiencia, el fiscal Muñoz informó que el tribunal de alzada resolvió decretar prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y afectar el éxito de diligencias de investigación. "Lo anterior atendida la naturaleza de los delitos por lo cuales fue formalizado, las circunstancias de su comisión, la lesividad de su conducta, la pena asignada por la ley a los delitos, esto es, pena de crimen en la ley que la consagra, y también eventual forma de cumplimiento que sería de cumplimiento efectivo; compartiendo de ese modo tanto los argumentos como el criterio sostenido por el Ministerio Público en las audiencias del Juzgado de Garantía donde se solicitó dicha medida cautelar", sostuvo el persecutor.
El abogado Sergio Coronado comentó que su planteamiento como querellante en la audiencia estuvo relacionado con "el protagónico rol que tuvo (el imputado) en los delitos que se están investigando" y argumentó que por la función específica que tiene dentro del Gore, "sin Rodrigo Fuentes este delito no se podría haber cometido", dijo. "Él era la contraparte técnica del Gobierno Regional que le permitió a Kimün actuar sobreseguro, responder todos los requerimientos del Gore en base a la propia información que Rodrigo Fuentes le proporcionaba, en cuanto incluso a cómo responder, qué decir y qué antecedentes entregar, por lo tanto ese rol protagónico tiene que traducirse en una mayor reproche penal y eso fue justamente lo que consideró hoy (ayer) la Corte de Apelaciones", dijo.
Coronado mencionó que uno de los factores que se consideró al evaluar la máxima medida cautelar, fue que el imputado sigue teniendo un vínculo con la víctima, que es el Fisco de Chile, y además tiene control de recursos para asignación de programas.
Asimismo, manifestó que en virtud de antecedentes recogidos en la investigación, que fueron aportados tanto por testigos y coimputados en la causa, como asimismo basados en conversaciones por medios tecnológicos, se habría establecido preliminarmente que el funcionario habría recibido alrededor de $6 millones por estas supuestas gestiones.
En ese contexto, el jurista y querellante aseguró que, en virtud de los antecedentes de la carpeta de investigación y la forma como el Ministerio Público ha ido encadenando la información, "da cuenta, y eso quedó mucho más claro aún con los antecedentes que surgieron respecto de este último detenido y ahora preso preventivo, que existió una actividad coordinada dentro del Gobierno Regional, así como también hacia afuera con personas del ámbito privado particular que permitió desde el primer momento, ese fue el primer objetivo, hacerse de estos recursos consistentes en 1.200 millones de pesos", detalló Coronado, quien a su vez subrayó que "no se entiende y no se podría haber cometido este delito sin la activa participación de funcionarios del Gobierno Regional".
Reformalización
De acuerdo a información confirmada desde la Fiscalía Regional, el viernes último el Ministerio Público procedió a reformalizar a otra imputada en la causa del Caso Convenios, la lobista Viviana Guzmán, por los delitos de estafa al fisco, lavado de activos y soborno. En tanto que para esta semana fue reagendada la audiencia en la cual se revisará la prisión preventiva de Diego Ancalao, el primer formalizado, quien está recluido desde el 5 de agosto de 2023.