toda la documentación respectiva al Servicio de Arriendo de Camiones Aljibe.

Un nuevo análisis de la documentación solicitada arrojó diversas anomalías en las facturas presentadas por la empresa adjudicataria, así como también en la operación, pues se determinó que de los 8 camiones contratados por el municipio sólo 4 estaban operativos. Así también se estableció que uno de los camiones aljibe con el que se entregaba el servicio (Patente RT2392) tenía la revisión técnica vencida hacía 5 meses y la documentación acerca de las remuneraciones de los conductores estaba borrosa.

Pero uno de los aspectos más complejos se relaciona con que los medios verificadores que entregó el proveedor, es decir las comprobaciones de la entrega del agua al listado de beneficiarios establecido por el municipio, "eran las mismas copias que utilizaron en los meses de agosto 2023 y septiembre 2023, enmendadas, en lo que corresponde al mes y patente del camión aljibe y respecto a los días de entrega transcribieron la información", sigue el relato.

Otra irregularidad detectada corresponde a que entre los beneficiarios con la entrega de agua potable vía camiones aljibes figuraban funcionarios municipales que recibían hasta 9 mil litros tres veces por semana, con lo que excedían lo autorizado por beneficiario.

"En concreto, mediante la presentación de antecedentes falsos, funcionarios municipales procedieron a establecer mecanismos de defraudación económica y distribución de agua con beneficios a otros funcionarios municipales", dice un párrafo de la autodenuncia judicial.

Defraudación

El 29 de septiembre, sigue el documento, la directora de Dideco citó a una reunión a los integrantes del Programa de Emergencias y Protección Civil, oportunidad en la cual el funcionario a cargo de fiscalizar en terreno la entrega de agua potable a los beneficiarios de los distintos sectores de la comuna reconoció que el 21 junio, tras percatarse de las anomalías, las informó a su jefatura, pese a lo cual luego se dedicó a repartir volantes informativos, con el fin de regularizar y actualizar cada familia beneficiaria, "ya que no existía un registro actualizado de quién recibía el beneficio".

A partir de dicha reunión, la jefa administrativa solicitó por distintas vías la apertura de una investigación sumaria hasta que el 24 de octubre decide no cursar el pago por el servicio y una semana después -el 6 de noviembre- remitió oficio Ord. N° 423 a la directora de Desarrollo Comunitario, Carla Comicheo, y la directora de Control, Orietta Lamerain, en el que se informan las irregularidades detectadas respecto al proveedor del servicio de arriendo de camiones aljibes.

"Toda la información fiscalizada por esta parte arrojó concretamente la existencia de graves anomalías en la prestación de servicios de terceros a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, en cuanto a la distribución de agua potable mediante el sistema de camiones aljibes por proveedores externos. Así, esta parte ha denunciado la existencia de unos mecanismos defraudatorios y falsificación de instrumento público con la única finalidad de acceder al pago de servicios no prestados, esto, con la completa autorización y falta de fiscalización de funcionarios municipales", reafirma la funcionaria municipal en su autodenuncia.

Sumario administrativo

Cabe precisar que la presentación de esta acción judicial surge posteriormente a que al interior del municipio se ordenara un procedimiento sumario en contra de Eunice Carola Jara, por presuntos hostigamientos a funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, que son precisamente -sostiene- contra quienes ha apuntado al solicitar el inicio de las respectivas investigaciones sumarias por eventuales hechos de corrupción.

Por su parte, su abogado, Óscar Montecinos, explicó que "lo que estamos denunciando es que se han presentado una serie de documentos falsos con la finalidad de que el municipio pague la prestación del servicio; entre ellos hemos descubierto que son menos los camiones que los efectivamente contratados, esto incluso con dineros que provienen de la Delegación Presidencial. Las facturas fueron pagadas en total a una tercera empresa prestadora y también hemos descubierto que hay una serie de funcionarios con cargos directivos que reciben el beneficio del agua sin estar dentro del listado general de beneficiarios, aduciendo el cargo justamente de funcionarios municipales. En esta confusión, en este aprovechamiento del cargo, ellos han optado a grandes proporciones de agua en parcelas compradas, en claro perjuicio a la comunidad que realmente lo necesita".

Montecinos añadió que existen además otros hechos que nacen a propósito de estos eventuales ilícitos, como por ejemplo, funcionarios que están contratados para una función específica y que el municipio en una orden que está documentada pretende validar esos contratos dando otras funciones, sobre programas que no se han realizado, con un claro beneficio de carácter político, aseveró el jurista. "Esto nos parece absolutamente grave, es uno de los atentados más graves que se puede realizar contra la comunidad que lo necesita y pretendemos llegar hasta las últimas consecuencias", dijo. El Llanquihue solicitó una versión oficial del municipio a través de su Departamento de Comunicaciones. No obstante, contestaron que hasta el día sábado el director Jurídico no contaba con información acerca de esta presentación judicial, razón por la cual no se pronunciaron al respecto.

"Es uno de los atentados más graves que se puede realizar contra la comunidad que lo necesita y pretendemos llegar hasta las últimas consecuencias"

Óscar Montecinos, Abogado.

"Esto es lo más violento que se puede hacer por parte de un funcionario público en temas de corrupción, cuando se trata del agua. Es inaceptable"

Fidel Espinoza, Senador de la República.

14 de octubre de 2023 el municipio de Puerto Montt adjudicó a la empresa Transportes Alexander Spa la licitación de arriendo de camiones aljibe por dos años.

26 de septiembre se detectaron las primeras anomalías, luego que la Dirección de Control devolviera facturas a la Jefatura Administrativa con observaciones. investigación por eventuales irregularidades en los servicios de licitación de los camiones aljibe para entrega de agua potable.

El senador Fidel Espinoza reaccionó con dureza tras conocer esta nueva denuncia y afirmó que "es fundamental que se persigan todas las responsabilidades administrativas, penales, porque ya esto es lo más violento que se puede hacer por parte de un funcionario público en temas de corrupción, cuando se trata del agua. Esto es algo totalmente inaceptable y la justicia debe perseguir con más fuerza que nunca todas las responsabilidades, que abusando de la necesidad y la carencia de la gente se cometieron estos actos ilícitos sobrepasando todos los límites que uno puede aceptar. La corrupción hay que combatirla con fuerza y yo espero que aquí los funcionarios que estén involucrados sean destituidos, que no pase lo mismo que con el señor (Carlos) Soto que todavía al parecer sigue recibiendo recursos públicos después de todos los casos en los que está siendo investigado", apuntó.