Los últimos años han sido difíciles para el comercio establecido, especialmente para el detallista, que enfrenta la competencia de los mall, las cadenas de multitiendas, supermercados y farmacias nacionales. También deben hacer frente a la venta callejera, que por años se ha apoderado progresivamente de más espacios en las principales ciudades del país, entre ellas Puerto Montt y las capitales provinciales de Los Lagos.

Hay que recordar que la actividad comercial enfrentó situaciones difíciles desde octubre de 2019, cuando durante las protestas muchos locales fueron saqueados o quemados y por meses tuvieron que cerrar sus puertas, o en su defecto, modificar sus horarios para evitar ser blancos del vandalismo.

Y cuando en 2020 se preveía una situación más normal, se desencadenó la pandemia de coronavirus, que llevó a muchos empresarios a tener que cerrar definitivamente sus locales. A ello se suma, en el caso de la capital regional, el eterno desarrollo del mejoramiento de la calle Varas, el que día a día complica a quienes aún apuestan por no abandonar un punto comercial histórico de Puerto Montt, pese a que hoy parece más una zona de guerra.

Es comprensible el malestar que por mucho tiempo han expresado los comerciantes establecidos, que ven cómo ellos deben pagar patentes y permisos, mientras los vendedores ilegales no cumplen ninguna normativa.

Además, el comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia, mostrando tasas de victimización siempre altas, lo que junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos.

Se requiere de la actitud resuelta de las autoridades locales y las que aspiran cargos de poder en las próximas elecciones para controlar la actividad ilegal. No basta con dictar las normativas, pues hay que contar con inspectores y con policías que se encarguen de hacerlas cumplir.

En caso contrario, se transforman en ordenanzas de poca aplicación y la ciudadanía pierde credibilidad en toda esta institucionalidad.

80 años | 16 de junio de 1944

Pauly ofrece donar un piano de Claudio Arrau

El secretario del Comité de Extensión Cultural, Guillermo Pauly, ofreció obsequiar a la ciudad un piano de cola de concierto, a cambio que se construya una sala de audiciones donde el instrumento sea ubicado. Entre las características de este piano destaca que fue de propiedad del músico chileno Claudio Arrau, una verdadera eminencia nacional de las artes.

50 años | 16 de junio de 1974

Envían gas y calefactores al Hospital de Maullín

La construcción del nuevo Hospital de Maullín se financiará con fondos propios de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y del Ministerio de Salud. Por otro lado, el intendente (s), coronel de Ejército, Rubén Rojas, dado el pésimo estado actual del recinto, anunció el envío de calefactores y cilindros de gas para temperar las gélidas salas del recinto sanitario.

10 años | 16 de junio de 2014

Amplían marcha blanca de Ruta 5 a Pargua

Más de lo contemplado se ha extendido la marcha blanca del funcionamiento de la doble vía en la Ruta 5 a Pargua, porque la empresa concesionaria Ruta del Canal aún no ha podido iniciar el cobro de los peajes, y la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas aún no hace la recepción de los trabajos. Con las últimas lluvias, dos puentes registraron problemas.

Nuevamente el aborto se presenta como tema de discusión en la sociedad chilena. En la reciente cuenta pública en el Congreso Nacional, el Presidente de la República señaló que, en el segundo semestre de este año, iba a ingresar un proyecto de ley de aborto legal. Como se sabe, desde 2017 en nuestro país es legal interrumpir el embarazo solamente en tres causales: peligro de la vida de la madre, malformación fetal y violación. Desde 2017 a abril de este año se han producido 5.063 abortos por estas tres causales.

Más allá de las razones de orden político que puedan haber inducido al Presidente a hacer este anuncio, conviene detenerse en lo que hay detrás de un aborto y sus consecuencias antropológicas y éticas, lo cual incide fuertemente en la vida y en el modo de relacionarnos.

Los que están de acuerdo con el aborto plantean varias razones, entre las cuales, que la mujer tiene derechos sexuales y reproductivos que es necesario resguardar, en concreto que es ella únicamente la que debe decidir con respecto a su propio cuerpo. O bien que la decisión de abortar, siempre dramática, va asociada a la pobreza o falta de recursos económicos para poder acoger una nueva vida humana y hacerse cargo de su cuidado posterior. Por esto, no sería justo penalizar a las mujeres que han abortado por decidir sobre su cuerpo o porque son más pobres.

Pero, ¿en qué situación queda esa vida humana que puede ser eliminada en el vientre materno? Lo cierto es que todos los seres humanos hemos nacido de una madre. No hemos aparecido en el momento de nuestro nacimiento, sino que fuimos engendrados y permanecimos en gestación por más o menos 40 semanas en el útero materno. Más aún, desde la concepción las primeras células del embrión tienen un código genético único e irrepetible, distinto al de la madre -y por ende no se confunde con el cuerpo de ella- y al del padre, asignándole una identidad genética exclusiva. ¿Se podrá, entonces, decidir sin más que esa vida humana no puede vivir o no tiene derecho a la vida?

Una adecuada ponderación ética nos dirá que nadie tiene derecho a eliminar o destruir otra vida humana, aunque se encuentre en los estadios iniciales de gestación o en los finales después de una larga vida. Del respeto irrestricto de la dignidad humana en todas sus etapas de la vida depende la calidad de vida de nuestra sociedad. No la echemos a perder con la introducción del aborto.