Alcalde Gervoy Paredes enfrenta una semana decisiva ante el TER
AUDIENCIA. Para el martes 18, a las 13 horas, se fijó la vista de la causa y los alegatos de las partes. Si se resuelve ese mismo día, se conocerá si el jefe comunal es destituido o se desestima la acusación.
El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, enfrentará desde mañana una semana decisiva ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos, una que podría definir tanto su eventual destitución como jefe comunal, como también que sea desestimada en su mérito la solicitud de "cese de funciones" en virtud de la acusación interpuesta por cuatro concejales por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa.
El tribunal que preside el ministro Jaime Meza e integran las abogadas María Herna Oyarzún y Teresa Mora, fijó para el día martes 18 de junio, a las 13 horas, la vista de la causa 17-2023 que se inició el 9 de agosto del año recién pasado con la presentación que realizaron los ediles Juan Carlos Cuitiño, Fernando Binder, Emilio Garrido y Yerco Rodríguez.
La causa se encuentra ya subida a la tabla de sesiones, por lo cual no puede ser suspendida. Ese día los ministros del tribunal escucharán primero una relación de los antecedentes de la causa y posteriormente conocerán los alegatos de ambas partes.
Por la defensa del alcalde Gervoy Paredes, estarán presentes el ex ministro de Justicia (2006-2007), Isidro Solís Palma, y el abogado de su estudio jurídico, Alejandro Usen Vicencio. En representación de los concejales acusadores acudirán los abogados Braulio Sanhueza y Ricardo Cáceres.
Procedimiento
Según está establecido en el artículo 15 del autoacordado del Tribunal Calificador de Elecciones que regula la tramitación y los procedimientos que deben aplicar los Tribunales Electorales Regionales, la duración de los alegatos no podrá exceder los veinte minutos por cada parte, salvo que el Presidente, atendidas las circunstancias, estime necesario ampliarlo hasta el doble.
Una vez oída la relación y escuchados los alegatos, el tribunal podrá resolver de inmediato el asunto o dejarlo en acuerdo, de lo cual -en este último caso- deberá dejar constancia en el expediente. De igual modo, según el artículo 16, de estimarlo estrictamente necesario podrá dictar medidas para mejor resolver, es decir, "podrá requerir directamente de cualquier autoridad, órgano público, persona, organización, movimiento, partido político, gremio o grupo intermedio, según corresponda, los antecedentes que estime indispensables, referentes a materias pendientes de su resolución. Aquellos estarán obligados a proporcionárselos, bajo los apercibimientos y apremios contemplados en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil".
En el caso que el tribunal haya dejado la causa en estado de acuerdo, deberá fallarla dentro del término de quince días hábiles contados desde esta certificación o que se haya cumplido o dado por cumplida la medida para mejor resolver, en su caso. "El fallo debe ser fundado y debe indicar con precisión el estado en que queda el proceso eleccionario o la situación a que se haya referido el reclamo o requerimiento", establece el artículo 17 del referido autoacordado.
Cabe recordar que el fallo puede ser apelado al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en Santiago.
Acusación de 17 puntos
La acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde Gervoy Paredes está compuesta por 17 presuntas irregularidades que se solicitó que sean indagadas por el TER.
Las temáticas denunciadas guardan relación con el juicio de cuentas por $800 millones que realiza Contraloría, por la construcción de la pileta de aguas danzantes y que involucra al alcalde y a nueve funcionarios; los 299 procesos sumariales que están en tramitación en el Departamento del Administración de Educación Municipal (Daem); la negligencia por no recuperar la rendición de subvenciones que llega a $1.694 millones entregados a organizaciones; y el desacato del acuerdo y aprobación del Concejo Municipal en 2021, para la contratación v realización de una auditoría externa al Daem y a otras direcciones municipales.
Se incluye en el documento la existencia de deudas en Dicom por $498 millones los últimos siete años; contratación de parientes y falta a la probidad; déficit del Daem por fondos no acreditados ante la Superintendencia de Educación por más de $4 mil millones al año 2019 y sin considerar 2020-2022; querella por hurto y asociación ilícita; gastos improcedentes en programas del Daem; contrato de arriendo de dependencias para instalar una oficina de Tránsito en Alerce por $42 millones; caso Fundaciones y conflicto de interés; Gea Vida; caso de ex administrador municipal (Carlos Soto) por pago de horas extras y procesos de sumarios en Contraloría; caso de ex administrador municipal (Patricio Tapia) por contravenir la decisión del Concejo Municipal para la remoción de su cargo; el caso del ex director del Daem (Albán Mancilla), quien permaneció en calidad de subrogante durante ocho años sin que se nombrara a un titular; y decretos municipales de demolición solicitados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), a los cuales no se han dado cumplimiento. Consultado al respecto, el abogado Braulio Sanhueza sostuvo que durante la etapa probatoria quedó "suficientemente establecido que el alcalde Gervoy Paredes incurrió en numerosas faltas a la probidad, incurrió además en un notable abandono de deberes al hacer dejación del cumplimiento de su obligaciones como alcalde", dijo.
DAEM y Pileta
¿Pero cuáles son -a juicio del abogado acusador- las situaciones que más complican al alcalde Gervoy Paredes Rojas, del PS?
Según detalló Sanhueza, una de ellas es la contratación en el municipio de parientes del propio alcalde y de concejales, respecto de lo cual recordó que hay instrucciones de Contraloría para dejar sin efecto esos nombramientos y que -apunta- "han sido desoídos por el alcalde".
Otra situación es la eventual existencia de irregularidades en la construcción de la pileta de aguas danzantes. En el expediente -dice Sanhueza- existen declaraciones de testigos como la de una Inspector Técnico de Obras (ITO) y de la directora de Obras Municipal (DOM), Javiera Torres, en las que se reafirma que se efectuaron pagos por más de 600 millones de pesos en contra de sus instrucciones expresas, dando cuenta que esos dineros se pagaron por obras no ejecutadas.