Marcelo Galindo

Defensa propia alega la pareja de Daniel Hernández Godoy, acusado de homicidio frustrado, delito por el cual fue condenado a una pena de cinco años y un día, tras dictamen del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt.

Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2023 en Alerce Sur y, según cuenta Catalina Montes, su pareja; Hernández, quien se encuentra recluido en el penal Alto Bonito desde el pasado 23 de mayo, inició una huelga de hambre y líquida el martes 4 de junio.

"Estábamos en la casa cuando llega esta persona en forma prepotente y con la finalidad de agredir a mi suegro. Una persona de la tercera edad que ha sido operado tres veces porque tiene una hernia de riesgo", explica Montes.

Entonces -relata- "a mi pareja se le pasó la mano (al defender a su padre) y ocurrió esta agresión. Pero obviamente salió en defensa de su padre como cualquiera lo haría", explicó Catalina.

La víctima, en tanto, resultó gravemente lesionada y permaneció dos meses internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Puerto Montt.

Protestas

Catalina Montes reveló que ella y su familia han realizado protestas en el penal de Alto Bonito en varias oportunidades, dejando carteles alusivos al caso, puesto que consideran injusta la sentencia en contra de Hernández. "Lo acusaron por el delito de homicidio frustrado y esta persona (víctima) hoy está recuperada y nos sigue atacando. Vive a pocas cuadras de nosotros y donde nos ve nos amenaza de muerte(...)".

Por lo mismo, cuenta que "hemos realizado las denuncias (en Carabineros)".

Recurso

Daniel Hernández Godoy inició hace una semana una huelga de hambre y líquida en contra de la sentencia que dictaminó el TOP por no ser considerada su causa como legítima defensa. Es por ello que el defensor de Daniel Hernández, el penalista Carlos Jiménez presentó un recurso que busca anular el juicio oral.

Desde la unidad de comunicaciones de la Fiscalía confirmaron la existencia de un recurso de nulidad que tendría que resolver la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

"Por el momento no nos podemos referir a ese caso, ya que existe una sentencia entregada por el TOP (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal) y un recurso de nulidad presentado y que se está revisando por parte del tribunal", indicaron en el Ministerio Público.

área de salud

El director regional (s) de Gendarmería, teniente coronel Gustavo Flores, ratificó que el imputado se encuentra haciendo huelga de hambre líquida desde el día 4 de junio.

"Está en buenas condiciones físicas y como todos los privados de libertad que toman esta medida, es monitoreado dos veces al día por nuestro personal del área de salud", explicó.

Mientras que el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuenzalida, sostuvo que el imputado se encuentra en prisión preventiva de acuerdo a la resolución del tribunal que dictaminó dicha medida cautelar, la cual debe respetarse.

"Respecto de las alegaciones que efectúan, estas deben ser expuestas en la instancia procesal pertinente y dentro del proceso penal que actualmente se tramita", observó.

Agrega que "la cultura institucional de nuestro país respeta las actuaciones de los tribunales de justicia y el cumplimiento de las mismas conforme a derecho".

Catalina Montes califica de "injusto" lo sucedido y solicitó considerar que no tenía antecedentes. "Esperaremos lo que diga el tribunal por el recurso que fue presentado y por el cual aún no se pronuncian".

El acusado continúa en prisión preventiva en el penal de Alto Bonito, mientras no se resuelva el recurso de nulidad -en el tribunal de alzada-, interpuesto por su defensa.

4 de junio el imputado y ahora condenado, inició una huelga de hambre y líquida, lo que es supervisado por Gendarmería.

Los trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia iniciaron una movilización ayer en la región sumándose de esta forma a las protestas programadas a nivel nacional en rechazo a la reorganización de la institución por parte del Gobierno.

Para mañana los trabajadores han organizado una jornada de reflexión y de brazos caídos. La movilización de los funcionarios iniciada ayer se suma a la de los trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename), que comenzó hace dos semanas.

"Nosotros, los trabajadores de infancia y funcionarios públicos, no seremos cómplices de la implementación de políticas públicas pensadas a la rápida y que en su implementación o ejecución no resulten en una mejora sustantiva de la calidad de vida que la niñez y adolescencia merece", señalan, a través de un comunicado, los funcionarios agrupados a la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección (Antra).

Reducir listas

Agregan en el documento que "para esta asociación, la prioridad es y siempre será el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país, lo que se traduce en implementación de plazas necesarias para reducir las listas de espera en las distintas líneas de intervención, sin descuidar el desarrollo profesional y laboral de las y los trabajadores".

Anotan que se mantendrán en movilización "e iniciaremos procesos tendientes a visibilizar en la sociedad civil las falsas promesas de un servicio que juró cambiar las lógicas político-técnicas, de un Gobierno que anunció a viva voz un nuevo trato a la infancia y de un Presidente que no tiene toda la información sobre lo que sucede en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia".