El alguacil del condado de Oakland (Michigan), el republicano Michael Bouchard, pidió a la Administración del presidente Joe Biden retirar a Chile del programa de exención de visas conocido como Visa Waiver, ante la participación de chilenos en una serie de robos en vecindarios de lujo de EE.UU.

Bouchard cifró en 100 los grupos vinculados en los asaltos de entre 40 a 50 casas en Oakland en los últimos meses, quienes han hurtado cerca de un millón de dólares en especies y dinero en efectivo.

Según las autoridades de Detroit, recientes delitos registrados en las localidades de Bloomfield y Northville fueron cometidos por la misma estructura criminal, que también perpetró otros robos en Michigan durante 2023.

La policía sostuvo que esta red se vale de la táctica de usar ropa de tipo camuflaje negra, mientras vigila casas de alto nivel -incluso durante semanas-, bloquear electrónicamente los sistemas de alarma y robar dinero en efectivo, joyas y bolsos de marcas de lujo, que frecuentemente extraen de cajas fuertes.

El año pasado, la Policía de Detroit arrestó a tres chilenos relacionados con varios hurtos en viviendas en Bloomfield y otras zonas, mientras que otros cuatro fueron detenidos por robos a mano armada en joyerías, todos quienes habían accedido a través del citado programa de exención de visas.

California, Arizona, Florida, Ohio e Indiana son otros estados en donde se han detectado estas pandillas.

Preocupación

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el diputado Raúl Soto (PPD) consideró "absolutamente comprensible la preocupación de Estados Unidos. Y Chile debe garantizar el buen uso de la Visa Waiver para mantener este beneficio. No es posible que delincuentes lo utilicen para ir a delinquir a ese país y dejar mal puesto el nombre de Chile".

"Creo que se está haciendo un buen trabajo colaborativo entre ambos países y sus instituciones para mejorar los sistemas de filtro, y a partir de allí, garantizar que en el futuro esto no se va a volver a repetir, pero hay que poner el pie en el acelerador para empezar a ver resultados pronto, de lo contrario, va a ser muy difícil obtener un buen resultado", advirtió a radio Cooperativa el paramentario oficialista.

El también integrante de la comisión del ramo Tomás de Rementería (PS) matizó que "los países son soberanos para decidir a qué ciudadanos extranjeros le otorgan visa. Chile cumple la normativa que se le solicite, y creo que tenemos que seguir avanzando en eso, en seguir otorgando información y colaborando".

No obstante, Juan Manuel Fuenzalida (UDI) dijo esperar que "más que tomar la decisión de eliminar la Waiver, se ataque a esas bandas criminales y se aplique todo el rigor de la ley respecto de estos delincuentes, para así no afectar al resto de los chilenos decentes que utilizan mucho esta herramienta, no solamente con fines turísticos, sino que también laborales y de negocios".

La Contraloría General de la República inició una investigación tras la denuncia de un grupo de diputados de la UDI que asegura que los inhibidores de señales de teléfonos celulares en cárceles funcionan solo en horario de almuerzo.

En abril pasado el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que el sistema estaba funcionando en tres cárceles de la Región Metropolitana como parte de una de las medidas que impulsó el Gobierno ante la crisis de seguridad que se vive en el país. Se buscó así evitar que delincuentes presos coordinen con posibles cómplices.

El secretario de Estado detalló que se trata de tecnología que incluye no solo la inhibición de las señales de los teléfonos celulares, sino que también su georreferenciación y si hay equipos encendidos al interior de un recinto penal. Y sostuvo que el proceso fue supervisado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para no afectar las señales de celulares del entorno de los recintos carcelarios.

Sin embargo, cinco parlamentarios de la UDI (Juan Manuel Fuenzalida, Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez y Henry Leal) ingresaron la mencionada denuncia a Contraloría.

"Hemos tomado conocimiento de que el proceso de instalación de inhibidores de señales telefónicas en recintos penitenciarios, así como el funcionamiento de dichos dispositivos, ha presentado retrasos y obstáculos", acusaron los legisladores.

"La denuncia que hemos recibido expone que el 30% de los dispositivos serían encendidos, pero de manera intermitente, por lo que en algunos momentos del día no se encontrarían operativos, funcionando solo en horario de almuerzo del personal de Gendarmería, desde el mediodía hasta las dos de la tarde aproximadamente", añadieron.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, inició ayer el trabajo de mediación encargado por el Gobierno para resolver el conflicto entre trabajadores eventuales del Puerto Coronel con la empresa, que ayer cumplió 50 días paralizada y con accesos bloqueados.

El secretario se reunió con representantes del gobierno regional, la empresa y los trabajadores y destacó que "la mejor forma de resolverlo es de una manera que ojalá converja hacia el diálogo".

"Creo que hay voluntad de hacerlo. Es tratar de volver a conversar y ver cómo podemos cerrar un conflicto que a nadie le conviene. Acá es muy importante que el puerto vuelva a operar y queremos trabajar en que eso ocurra pronto", añadió el secretario de Estado.

"Este es un conflicto extraordinariamente relevante. Vemos con preocupación el conflicto del Puerto Coronel, que es un puerto clave para la economía del Gran Concepción y para todo el desarrollo productivo del interior del país, incluso de Argentina. La salida por el puerto de Coronel es muy relevante. Por lo tanto, estos 50 días y un poco más, que el puerto lleva paralizado, genera un problema que estamos mirando con atención".

Desde la empresa, su gerente general, Patricio Román, participó en la reunión con Muñoz y calificó el encuentro como "bastante positivo" y agradeció "al ministro y a su equipo por haber venido y haber tenido una conversación bien honesta, bien fructífera de entender un poco las posturas y los requisitos, y en la que fuimos bien explícitos en que necesitamos ir al puerto por el bien de todos".

Además aseguró estar abierto al diálogo con los trabajadores, aunque "con el puerto abierto y operando" como base mínima.

Mientras, Guillermo Jaque, presidente del sindicato en conflicto, expuso que aunque están "dispuestos a volver a trabajar lo antes posible, el problema es que la gerencia no ha sido capaz de flexibilizar su postura" respecto de las propuestas que preocupan a los trabajadores.

"Son propuestas que tienen que ver con la reducción de personal, con la reducción turnos. Nosotros hicimos una cuantificación del impacto, que hoy está entre 30 y 40 mil turnos menos anuales para los trabajadores portuarios eventuales. Es imposible que nosotros podamos llegar a esas cifras", añadió.