El seremi Jaramillo subrayó que los ECMPO no afectan derechos constituidos. Apuntó que la ley establece que impedir el tránsito y acceso está prohibido y que los derechos constituidos de terceros son respetados, incluyendo derechos de la Ley de Pesca.

Efecto suspensivo

Una visión contraria tiene el presidente de Armasur, Héctor Henríquez, quien comentó que de prosperar el requerimiento que impulsan siete comunidades indígenas agrupadas en la Asociación "Ngulam Ñuke Lafken", habrá consecuencias en la actividad que se realiza en el borde costero.

"Cada vez que se hace una solicitud, genera un efecto suspensivo de todo el resto de las concesiones. Significa una paralización total", especificó.

El líder gremial admitió que les inquieta que no exista certeza jurídica, "porque la inversión se frena". Sumó que además se pierde competitividad. "La industria productiva que tenemos en la región, la industria de servicios, todo el mundo va perdiendo competitividad por estas medidas administrativas, por esta regulación obsoleta que es la Ley Lafkenche", manifestó.

Entre los socios de Armasur presentes en el litoral, hay actividades navieras, de puertos y astilleros, que podrían verse afectados si prospera esta solicitud, tanto para "renovar concesiones, hacer inversiones, ampliar proyectos".

Agregó que les preocupa la convivencia en el borde costero, lo que atribuyó a la propia Ley Lafkenche "que ha generado disputas. Me encantaría tener el optimismo del seremi de Desarrollo Social", ya que "lo que vemos en forma empírica, es que no sucede lo que debiera suceder".

Henríquez recordó que hay evidencias de mal uso de la ley, lo que ha derivado en "un diagnóstico transversal, en cuanto a que amerita una modificación. Hay un consenso mayoritario de que hay problemas", por la amplitud de las ECMPO, poca claridad, así como su implementación.

"Ha generado problemas a la acuicultura, a las mismas comunidades, recolectores de orilla, puertos, astilleros. Cuando todos se ven afectados, el sentido común indica que hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios", remarcó.

Bloqueo

El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, añadió que estas peticiones han generado un impacto en el desarrollo de es la industria. "Hay cuatro millones de hectáreas solicitadas y nosotros ocupamos cuatro mil hectáreas. Entonces, han ocupado toda la zona donde producimos. Nos han bloqueado los espacios necesarios para desarrollarnos al futuro".

Subrayó que si bien comparten el espíritu de la ley, para asegurar espacios costeros a pueblos originarios, "pero no nos parece razonable que su resolución demore ocho años, con efecto suspensivo, y que las solicitudes sean de cientos de miles de hectáreas. Es de una irracionalidad que no resiste nada".

Perjudicial

En tanto que Rodrigo Carrasco, director ejecutivo de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AMiChile), admitió que en el espacio solicitado por la Asociación Ngulan Ñuke Lafken "existe una desproporción en tamaño, y una acreditación de uso consuetudinario muy liviana en su metodología".

También apuntó a la ley, la que "si bien tiene un origen comprensible, con el tiempo se ha desvirtuado y se ha transformado en algo perjudicial para todo tipo de actividad que se realiza en el borde costero, de las cuales hay abundancia en esta región, como es el caso de la mitilicultura".

Producto de ello, reconoció, "hemos visto suspensión en trámites, superposición con zonas de descarga y conflictos que serían evitables con ajustes a dicho cuerpo legal".

Por ello Carrasco consideró que se hace necesario revisar ese cuerpo legal, "para que efectivamente responda al espíritu original de la misma".

Reclamos

Mientras que Juan Guaiquín, lonko de la comunidad Ñuque Mapu de Calbuco, recordó la denuncia por extorsión que surgió en medio de la tramitación de esta ECMPO. "Lo que han hecho perjudica a personas inocentes. Esto se tiene que parar", sostuvo.

Aseguró que en la reunión del sábado en Metri hubo un fuerte reclamo de representantes de pueblos originarios. "Nadie sabía lo que era ECMPO, lo que era la Ley Lafkenche. Nosotros no queremos administradores en el territorio. No puede ser tanto espacio del borde costero para hacer una ceremonia. No es justo lo que están haciendo".

Recordó que ha sido un opositor al otorgamiento de grandes extensiones a comunidades indígenas, por lo que "se han molestado, me han tratado mal, me han tildado de yanacona (traidor). Pero, indígena o no indígena, el borde costero es de todos los chilenos".

Aseveró que ha conocido de incidentes en los que se han visto afectados recolectores de orilla, a quienes "ya los están echando de donde mariscan".

Guaiquín acusó que producto de esa petición paralizó un proyecto de muelle turístico en Chinquihue. "Todo el territorio está paralizado. Los que navegamos en turismo, no tenemos buenos muelles. La gente de la marina mercante está toda amontonada. Queremos que devuelvan el borde costero y se repare el daño que se le ha hecho a la gente del sur", sentenció el lonko calbucano.

Que se detenga

El consejero regional por la provincia de Llanquihue, Cristián Vargas (PDG), postuló que tanto el gobierno como los parlamentarios deben propiciar medidas para "que se detenga cualquier proceso de solicitud de uso de espacios del borde costero, mientras no se defina qué pasará con la actual ley".

Ello, agregó, debido tanto por "los perjuicios económicos para quienes, históricamente han trabajado de lo que el mar les provee, como por el lento desarrollo de las zonas costeras, lo que ha sido provocado en parte por esta mal llamada Ley Lafkenche".

Especificó que estas peticiones han impactado en inversiones en infraestructura portuaria y en costaneras, en el desarrollo de caletas y en la conectividad "que todo el sur austral de Chile requiere. Todo, por individuos y organizaciones que han utilizado de mala manera esta ley, infringiendo la Constitución y las normas de buena convivencia".

Reforzó lo anterior al sostener que la ley "no está cumpliendo su función de acoger las demandas legítimas de los pueblos originarios, como era su espíritu. Por el contrario, personas inescrupulosas quieren hacer un mal uso de la ley. Por eso se requiere cambios profundos que permitan el buen uso del borde costero de la región y no perder el trabajo de las comunidades que por derecho han hecho uso legítimo de esos espacios. Me refiero la pesca artesanal, recolectores de orilla y todo el que hace uso del borde costero en actividades tanto recreativas como culturales y/o de trabajo".

Actividades amenazadas

De su lado, el diputado por el Distrito 26, Mauro González (RN), planteó que esta solicitud de espacio costero ha generado desconfianza y temor "que existe por parte de las organizaciones labores y productivas vinculadas al borde costero". Aseguró que los pescadores artesanales "ven una amenaza a sus actividades".

Además, advirtió que podría generar un freno a la inversión pública y privada "que se podría realizar en beneficio de los territorios".

El diputado sostuvo que "todo esto surge a raíz de malas prácticas, como la denuncia que existe por una posible extorsión relacionada a la solicitud de ECMPO, que debería ser investigada por la Fiscalía del Ministerio Público".

Sobre la anunciada acusación ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, por haber participado en una marcha en Quellón en contra de las solicitudes de espacios costeros, González dijo que "sería un honor" ser acusado "por defender las fuentes de trabajo y productivas de mi región". Anunció que seguirá "apoyando a la pesca artesanal, a los mitilicultores, salmonicultura, buzos, recolectores de orilla, carpinteros de ribera, que tienen el derecho de trabajar de manera libre en nuestro mar", enfatizó.

"Cada vez que se hace una solicitud, genera un efecto suspensivo de todo el resto de las concesiones"

Héctor Henríquez,, presidente de Armasur.

"Existe una desproporción en tamaño, y una acreditación de uso consuetudinario muy liviana en su metodología"

Rodrigo Carrasco,, diurector ejecutivo AmiChile.

67.484,42 hectáreas considera la solicitud de ECMPO, la que incluye todo el borde costero de Puerto Montt y parte del Estuario del Reloncaví.

20 de abril del año 2021 fue declarada admisible por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), la solicitud de ECMPO "Ngulam Ñuke Lafken".

2008 fue el año en que se creó la ley 20.249 (conocida como Ley Lafkenche) que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO).