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ración del plano de destinación y, finalmente, una aprobada en la CRUBC".
El cientista político y magíster en Estudios Públicos dijo que este año una de las cinco solicitudes en destinación "pasó a ser destinado vía decreto, que, de hecho, corresponde al último decreto entregado desde la existencia de la ley, el ECMPO Bahía Mansa Palería. Esto nos permite señalar que quedan cuatro ECMPO que probablemente serán decretados en el tiempo más próximo: Chayahué de Calbuco, Antiko de Chonchi, Metri de Puerto Montt y Paildad de Queilen".
Añadió que hay 26 solicitudes (33%) que siguen en la Conadi. Agregó que otras 20 (25%) peticiones están próximas a ser enviadas a la CRUBC. "Esto significa que el 58% de las solicitudes siguen paradas en un proceso de tramitación. Creo que las autoridades deberían hacerle mayor seguimiento".
Respecto del tiempo que demanda la tramitación de un ECMPO, Cordero sostuvo que el promedio mínimo es de cuatro años y medio. "La falta de capacidad de las instituciones involucradas que retrasan el proceso administrativo es uno de los grandes problemas en torno a la ley, lo que no sólo afecta a los sectores productivos, sino también a las mismas comunidades indígenas que también quedan en la incertidumbre. Más todavía si se considera que la solicitud de ECMPO suspende otras concesiones marítimas en tramitación", manifestó.
Recordó el caso de la polémica petición de Aysén, a fines de febrero pasado, la que finalmente fue rechazada por la CRUBC de esa región.
Sin embargo, para llegar a esa resolución pasaron siete años, pero que "según la norma, debería demorar un aproximado de 12 meses. Este es uno de los principales nudos críticos que genera focos de conflicto. Más todavía puede serlo para la Región de Los Lagos, dado que concentra la mayor cantidad de solicitudes".
Modificar la ley
Al analizar la Ley Lafkenche, el profesor investigador del Faro UDD, concluyó que "la técnica legislativa no fue la mejor. Muchos aspectos no fueron previstos quizá de la manera que correspondía, como en la falta de capacidad estatal para hacer cumplir los tiempos que establece la ley, lo que da paso a incertidumbre y a que se pueda abusar de esta herramienta, generando posibles efectos perniciosos".
Recalcó que estas solicitudes suspenden automáticamente la tramitación de otras concesiones marítimas, pero que "las instituciones del Estado adolecen de la capacidad para responder a los tiempos que corresponde".
Sugirió conformar una mesa de diálogo en la zona, "donde pueda estar el sector productivo, el gobierno, autoridades locales, dirigentes de comunidades indígenas y dirigentes de la pesca artesanal, para levantar soluciones y un sistema de reglas bien pensado en el largo plazo".
A su juicio, "los actores locales deben ser quienes marquen la hoja de ruta para las modificaciones del proyecto y así mejorar las reglas de esta ley que los está afectando a ellos mismos".
Comercialización
Al respecto, el diputado por el Distrito 25, Héctor Barría (DC), planteó que "nos están llegando reclamos de integrantes de sindicatos de pescadores, que pertenecen a comunidades indígenas, que en algunos casos no se le está dando el trato adecuado. Es más, está llegando un tipo de denuncias que tienen que ver con la comercialización de estos derechos, que no es el espíritu que tiene la normativa".
El integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, sostuvo que "la gran mayoría usa de buena manera estos derechos. Los pueblos originarios tienen una gran labor en la conservación y preservación. Si todo hubiera sido entregado sin esa mirada, prácticamente no tendríamos esos recursos. Pero, hay situaciones excepcionales que se están prestando para abusos".
Barría también hizo notar que después de asignar un ECMPO "no hay acompañamiento de cómo se debe administrar. Eso provoca algunas dificultades. Esta es la oportunidad de poder mejorar este tipo de situaciones y que se evite dobles derechos . Hay quienes tienen derechos como sindicato de pescadores y como comunidad. Esta es la ventana para mejorar este tipo de situaciones. Hay que cuidar el mar, pero hay que evitar la tercerización o venta de derechos".
Consecuencias
Mientras que su colega del Distrito 26, Mauro González (RN), coincidió en que la ley "fue creada con un buen propósito, que busca proteger los bordes costeros, pero en algunas oportunidades se está aplicando de mala manera".
El también integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara baja, cuestionó que no exista "un trabajo mancomunado, de todos los sectores involucrados, al momento de aprobar un ECMPO. De seguir así, esto podría traer consecuencias devastadoras".
Por eso, el diputado González dijo estar disponible para revisar la ley "y hacer las modificaciones que se sean necesarias, para dar tranquilidad y certeza a las familias y trabajadores que ven en esto una amenaza a su actividad laboral".
Incertidumbre
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Puerto Montt, Patricio Ampuero, expuso que el desarrollo de la actividad acuícola se ha visto resentido producto de la Ley Lafkenche.
"Hay un abuso de una ley que uno entiende su génesis y su espíritu. El problema es cuando hay un mal uso en beneficio de ciertas comunidades que ancestralmente -se supone- ocupaban ciertos espacios, pero que por ningún motivo se condicen con la cantidad y extensión de hectáreas que hoy se pretende solicitar".
Apuntó que esa condición genera en la industria acuícola "incertidumbre y restringe inversiones que podrían haber realizado en toda la zona".
Ampuero añadió que ese impacto alcanza "a toda la cadena de valor de la actividad. Hay cientos, sino miles de emprendedores que viven alrededor de esta industria, que podrían verse afectados por la incertidumbre de esta ley".
Para despejar dudas, el dirigente gremial es partidario de modificar la Ley Lafkenche, "en un trabajo legislativo, siempre en conversación con todos los actores. Pero, no podemos permitir que se destruya una actividad que es el sustento de la macrozona sur y la segunda exportadora a nivel nacional".
Acuerdos en diálogo
Hardy Knittel, director ejecutivo de Fundación Gente del Sur, institución que recientemente organizó y convocó en Puerto Montt el "Diálogo Sureño Ley Lafkenche: Presente y futuro", sostuvo que los participantes coincidieron en la necesidad de una ley que mantenga "los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios en el borde costero".
Admitió que todos los participantes, con la sola excepción del representante de una comunidad indígena presente, reconocieron que tras 16 años de vigencia, la denominada Ley Lafkenche ha traído dificultades. "Se trata de complejidades burocráticas, tiempos de tramitación excesivos y la solicitud de superficies demasiado extensas, lo que ha generado tensiones sociales entre los distintos usuarios del borde costero, incluso entre miembros de pueblos originarios. Además de la paralización de distintas actividades productivas", precisó.
Knittel subrayó que en ese encuentro "se concluyó de manera casi unánime que el Parlamento y el Ejecutivo deben promover de manera urgente modificaciones a la norma".
Comentó que el Estado debe garantizar el equilibrio entre costumbres ancestrales, la vida cotidiana de los habitantes y el desarrollo sostenible de actividades económicas.
Por ello. Knittel manifestó que ese evento "demostró y validó la importancia de que temas que afectan al sur de Chile y a sus habitantes, sean analizados por su propia gente, como lo fue este diálogo del 4 de abril", insistió.
"Los actores locales deben ser quienes marquen la hoja de ruta para las modificaciones del proyecto"
Jorge Cordero,, profesor investigador Faro UDD.
"Está llegando un tipo de denuncias que tienen que ver con la comercialización de estos derechos, que no es el espíritu que tiene la normativa"
Héctor Barría,, diputado Distrito 25.
15 solicitudes concentra Quellón, la más alta de la región hasta 2023, seguida por Chonchi, con 11, además de Quinchao y Ancud, ambas con 8.
2008 se aprobó en el Congreso la Ley Lafkenche (20.249), que extendió la protección de los territorios marinos utilizados por los pueblos indígenas.
2 límites a la extensión del ECMPO establece la ley: ajustarse a lo necesario para preservar el uso consuetudinario y respetar derechos constituidos de terceros.