En enero de 2023, el Congreso aprobó la ley que creó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Esta faculta al Ministerio de Transportes para que a través de la red de dispositivos automatizados, detecte faltas como conducir a exceso de velocidad, transitar en áreas urbanas con restricción por contaminación ambiental o infracción a las normas de transportes terrestre, susceptibles de captación automatizada.

Tras su promulgación y publicación en el Diario Oficial, había un plazo de seis meses para redactar un reglamento antes de la marcha blanca e ir instalando paulatinamente las cámaras en el país, pero el ministerio dijo en 2023 que la implementación de telerradares sería paulatina, tardando de dos a tres años.

En general, hay un bajo cumplimiento de los límites de velocidad y una sensación de impunidad en los conductores, ya que son muy bajas las probabilidades de ser controlado o infraccionado. Con los crecientes requerimientos de personal policial para labores de seguridad, el contingente que puede dedicarse a control de tránsito es poco, y al tener que llevarse a cabo de manera presencial, hay un gran número de conductores que cometen infracciones y nunca son detectados. De acuerdo al Automóvil Club, seis de cada diez conductores reconocen que exceden la velocidad máxima en las ciudades, y según datos del Ministerio de Transportes, el 29% de las personas que fallecen en accidentes de tránsito se vinculan a episodios de excesos de velocidad.

El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones se irá poniendo en práctica de manera paulatina en el país y no intenta sancionar a los conductores de vehículos, sino más bien busca anticiparse a la infracción, por lo que el objetivo es preventivo.

Aunque en las principales ciudades se están instalando cámaras, éstas deben quedar en lugares donde se perciba claramente la patente del vehículo infractor, para evitar equívocos. Asimismo, se debe usar un sistema de notificación electrónica para evitar que el infractor reciba la multa cuando esté vencido el plazo. Se estima que las infracciones podrán disminuir en los lugares de vigilancia automatizada, pero eso no garantiza que se respete la normativa en otras calles de la ciudad. Al final, todo depende de que los conductores asuman con responsabilidad que deben respetar la normativa.

El sábado pasado, la mayoría de las regiones de Chile retrasaron una hora sus relojes, dando inicio al horario de invierno. Sin embargo, mientras las urbes de las regiones de Aysén y Magallanes son excepciones, muchas ciudades, incluida Puerto Montt, no han abordado adecuadamente los desafíos que este cambio de horario trae consigo.

La disminución de la luz natural en las tardes de otoño e invierno agrava un problema crónico en nuestra ciudad: el deficiente funcionamiento del alumbrado público. Durante meses numerosas calles permanecen en la penumbra, creando un entorno propicio para la inseguridad y el peligro para los peatones.

Esto ocurre especialmente los días, o tardes noche de lluvia. Las precipitaciones y la baja temperatura empañan los vidrios de los vehículos, y hace que los transeúntes vistan parkas y abrigos para protegerse de las precipitaciones. Esas prendas al mojarse se tornan más oscuras, dificultando su visualización por parte de los conductores.

Esta falta de iluminación no sólo facilita actividades delictivas, sino que también aumenta el riesgo de accidentes. La negligencia en el mantenimiento de las luminarias no sólo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pone en peligro su seguridad.

Es crucial que las autoridades municipales tomen medidas inmediatas para abordar este problema. No podemos permitir que la ciudadanía espere años por el reemplazo de las luminarias defectuosas.

Una propuesta es que se utilice el Geoportal Municipal, una herramienta reconocida por la Asociación Chilena de Municipalidades y expuesta por funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación en Medellín, para abordar un problema cotidiano y georreferenciar las luminarias que no funcionan. Esta acción no sólo agilizará el proceso de reparación, sino que también garantizará una mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal en un tema que afecta el día a día de los ciudadanos.

Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto trabajar para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Ojalá las autoridades municipales prioricen este problema y tomen medidas concretas para mejorar la iluminación pública en Puerto Montt.

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