Casa okupa y fallo judicial
Una propietaria del Barrio Puerto ha vivido un calvario tanto con la ocupación ilegal como con una última decisión judicial.
Hay ocasiones en que las personas se ven enfrentadas a ese animal informe que es el Estado. Si bien se espera de él que le otorgue las garantías necesarias a las personas para poder vivir en paz y desarrollar su proyecto de vida, de cuando en cuando surgen ciertos episodios en que el largo brazo del Estado se convierte en una pesadilla que, en lugar de resolver, termina complicando aún más las necesidades de los individuos.
Es lo que le ha ocurrido a una ciudadana puertomontina que, atendido que su propiedad en el Barrio Puerto había sido ocupada por un grupo de personas, decidió, siguiendo el marco legal que señala la institucionalidad, recurrir a los tribunales. Y lo que debía ser una resolución rápida para lograr que la "casa okupa" volviera a ser de su usufructo, ha derivado en un camino de poco más de un año y medio de resoluciones judiciales, apelaciones y, ahora último, un singular fallo de la Corte Suprema que ha entrampado la solución final, al involucrar al municipio con una determinación que difícilmente podrá ser cumplida, dada la naturaleza misma de quienes ocupan ilegalmente la propiedad de calle Ñuble.
El cronograma judicial comenzó el 1 de agosto de 2022, cuando la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por la propietaria, quien exigía el desalojo de un número indeterminado de personas que se apropiaron de su inmueble. Se ordenó el desalojo en un plazo de tres días, pero una apelación a la Corte Suprema por parte de los ocupantes ilegales extendió en demasía los tiempos.
Recién el 20 de mayo de 2023, el máximo tribunal respaldó la decisión de la Corte puertomontina, pero con una salvedad que está haciendo imposible su cumplimiento: se dio seis meses de plazo para el desalojo, estableciendo que el municipio tiene que otorgarle albergue a los ocupantes, en coordinación con cuatro ministerios. Es decir, el Estado debe concurrir para darle una solución a quienes ocuparon ilegítimamente el inmueble y que, según el relato de los vecinos, llegan esporádicamente al tratarse de mochileros.
Los ocupantes no se querrán ir, el municipio dijo que no tiene la capacidad de dar albergue y la propietaria, mientras tanto, tiene que seguir pagando agua, luz y el crédito hipotecario. El mundo al revés.