Aumentan a cuatro los formalizados por transferencias irregulares desde el Gore
$308 MILLONES. Además del encargado de Contabilidad del Gore, quien está en prisión preventiva desde el 6 de febrero, se inició investigación en contra de representantes de agrupaciones sociales.
La trama de transferencias irregulares de fondos realizadas desde el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos tuvo ayer otro capítulo en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, luego que la fiscalía local formalizara investigación por el delito de lavado de activos en contra de tres personas, entre las cuales figuran representantes de agrupaciones sociales de la comuna, quienes quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y total.
De esta manera, la indagatoria por los desvíos de recursos -que hasta el minuto llegan a $308 millones de pesos- suma ya cuatro formalizados, luego que el 6 de febrero pasado la fiscalía local comunicara el inicio de una investigación contra el encargado de contabilidad y tesorería del Gore, José Mora Cárcamo, por malversación de caudales públicos.
Inicialmente la nueva instancia de formalización estaba fijada para el 26 de febrero, fecha en la que los imputados no se presentaron por no haber sido notificados. Ayer, en tanto, la audiencia se extendió por casi tres horas ante el juez de Garantía Rolando Díaz.
En la oportunidad, el fiscal Fabián Fernández fue el encargado de comunicar los hechos por los cuales se les investiga.
Entre los imputados presentes estaban la presidenta de la Agrupación Social y Cultural Mirador, quien junto a su hermana fueron defendidas por el abogado particular Ignacio Mery, y el tesorero de la Agrupación Folclórica Alma y Tradición de la Población Manuel Montt, quien también contó con asesoría de un defensor particular.
Pese a que -según trascendió- la Fiscalía pidió la prisión preventiva, el tribunal dictó como medidas cautelares el arresto domiciliario total para el representante de la agrupación folclórica y el arresto domiciliario nocturno para las dos mujeres.
Los desvíos
Cabe recordar que esta causa judicial se inició por una querella que presentó el 8 de agosto de 2023 el senador Fidel Espinoza (PS), con el patrocinio del abogado Sergio Coronado. Veinte días después, funcionarios del Gobierno Regional, con la asesoría del abogado Óscar Montecinos, interpusieron una segunda querella en contra de José Mora Cárcamo y quienes resulten responsables.
Fue esta última querella la que estableció la eventual existencia de transferencias bancarias sin respaldo contable, al comparar las conciliaciones bancarias con los movimientos registrados en las cuentas corrientes del Gore Los Lagos, ejercicios que no fueron registrados en el Sistema Modular Contable (SMC) con que cuenta la institución.
Es en base a esta información aportada por la acción judicial de los funcionarios que se logró establecer que se concretaron transferencias por $163.356.089 a la cuenta del tesorero de la agrupación folclórica de la población Manuel Montt y otros $84.517.140 a un familiar de este, además de $60.890.000 a la presidenta de la Agrupación Social y Cultural Mirador, quien de acuerdo a la querella es además su hermana. Así también figuran entre los años 2019 al 2021 transferencias por un total de $8.125.784 a una ex funcionaria del Gore que había sido desvinculada en 2018. Ello sin respaldo contable o autorización de alguna jefatura.
Este mismo documento detalla que las transferencias eran realizadas por el funcionario de contabilidad del Gore utilizando los tokens (claves bancarias) personales que quedaban guardados en una caja fuerte compartida con todos los funcionarios del departamento de finanzas y presupuestos. "Según la información que esta parte solicitó al Banco Estado, en a lo menos 19 transacciones el querellado en autos, preparó y dio una de las dos autorizaciones a las transferencias sin respaldo contable y la otra autorización la ejecutó con el token personal de otros funcionarios", menciona la querella.
Verdad procesal
El Llanquihue consultó a la Fiscalía por el resultado de la audiencia, donde se comunicó que el tribunal decretó reserva de la causa y sólo se confirmó la formalización de tres personas por lavado de activos.
En la audiencia estuvieron presentes además dos abogados querellantes, uno en representación de los funcionarios, y otro en representación de los consejeros regionales que interpusieron también una acción legal el 6 de septiembre por los mismos delitos.
El abogado querellante Óscar Montecinos comentó que pese a contar con prohibición de informar respecto de este procedimiento, se mostró absolutamente satisfecho con las acciones emprendidas por el grupo de funcionarios.
"Creemos a estas alturas de la investigación que si los funcionarios no hubiesen interpuesto esta querella y esta acción, esta investigación se encontraría en punto muerto o sería absolutamente inerte. Ellos han logrado demostrar una verdad procesal, que desde el año 2019 al año 2022, un funcionario, sin tener las competencias suficientes, nunca haber sido calificado y no haber contado con los conocimientos técnicos necesarios, logró apropiarse de cuantiosas sumas vulnerando las nulas normas de seguridad que existían para el pago y traspasos de dineros desde el Gobierno Regional", resaltó.
En ese contexto, Montecinos aseveró que, a la luz de los hechos, "los máximos administradores del Gobierno Regional, independiente de su tienda política, fallaron absolutamente en establecer normas de control. Insistimos, si no hubiese sido por las denuncias interpuestas por los funcionarios, hoy día deberíamos lamentar que más recursos hubiesen sido sujetos a delitos como lavado de activos", dijo.
8 de agosto de 2023 el senador Fidel Espinoza presentó la primera querella por estos hechos.
308 millones de pesos es el monto de los desvíos de fondos que hasta el momento ha sido acreditado.