Prácticamente no hay ciudad mediana o grande del país que carezca de comercio ambulante, en particular en sus zonas céntricas. Sea por los incentivos económicos que ofrece la actividad, por la ausencia de respuesta de parte de los municipios cuando aparece el primer caso, o incluso por la asombrosa incapacidad de los organismos estatales para enfrentar una venta ilegal que no tributa en ninguna de sus escalas, el comercio ambulante suele campear a sus anchas, más aún cuando surge alguna crisis económica o cuando se está saliendo de ella. Razones siempre hay, y respuestas, poco.

En medio de esa actividad queda el comercio establecido, aquel que paga impuestos, que genera empleo, que paga arriendo, servicios, que tiene que someterse a las regulaciones emanadas del Estado; y los peatones, que tienen que sortear los puestos callejeros y ver mermada su sensación de seguridad por la delincuencia a veces asociada.

En este escenario se inscribe la última decisión del Concejo Municipal de Puerto Montt, que esta semana, y a instancias de la alcaldía, votó por extender en un año más el permiso expedido a algunos ambulantes para que puedan vender sus productos en lo que se ha denominado "zona de exclusión" en el centro de la ciudad. De acuerdo a lo que explicó la casa edilicia, la medida beneficia a un grupo de "comerciantes históricos" que, por razones sociales y económicas, fueron autorizados para ejercer la actividad el año pasado y este 2023.

Además de las dudas que le pueda generar esto a los comerciantes establecidos, vale la pena recordar que hace cuatro años, cuando se discutía la asignación de recursos para la remodelación de la calle Antonio Varas, el Gobierno Regional de la época puso como condición al municipio la erradicación del comercio ambulante del sector. Hoy, la remodelación recién está despertando de un letargo de seis meses, y la actividad ambulante sigue operando a sus anchas.

Aunque se pueda alegar que el permiso favorece a un número reducido de personas, representa el fracaso de las numerosas propuestas que alguna vez lanzó el municipio para reubicar a los ambulantes y una señal para que el fenómeno siga creciendo. Y con un detalle: expira en un año más, cuando ya haya otro gobierno comunal en Puerto Montt. Curioso legado.

Puestos a designar a un grupo de personas que debían redactar una nueva Constitución para Chile, una mayoría circunstancial con grandes dosis de rabia al votar decidió elegir a un grupo mayoritariamente de un sector, que insuflados con ese triunfo electoral decidieron hacer una Constitución a su pinta y gusto, dejando absolutamente afuera a sus contradictores minoritarios. Esto, que pasó en el primer proceso constitucional, increíblemente pasó también en el segundo.

Sin embargo, una vez creados los respectivos monstruos, la misma ciudadanía reparó en el desvarío cometido y rechazó sucesivamente las dos propuestas constitucionales partisanas. Cuando realizas un giro en 360 grados, las matemáticas nos enseñan que quedas en el mismo punto inicial. Es por ello que una primera conclusión de todo este largo proceso constitucional, es que la ciudadanía ha demostrado tener mucha mayor lucidez que la clase política respecto de la manera de decidir el futuro. Cambios sí, refundaciones no.

¿Ha sido todo esto entonces una gran pérdida de tiempo y dinero? No necesariamente. El proceso tuvo la gran virtud de canalizar una grave crisis del sistema democrático que amenazó -incluso- con interrumpir el período presidencial anterior hace algunos años. Como sea, el proceso constitucional cambiante fue la manera de enfriar un estallido social que amenazaba con llevarse todas las instituciones a su paso. Se reclama que el proceso costó varias decenas de millones de dólares, suma relevante, pero -puesta en contexto- es una cifra sensiblemente menor que, por ejemplo, la que el país ha perdido por corrupción o fraudes. Sólo una idea: con el dinero del megafraude del Caso Tributos se habrían financiado varios procesos constitucionales.

El desafío para el futuro inmediato -entonces- es abocarse a los graves problemas que aquejan al país: delitos violentos en niveles inaceptables, economía con índices muy bajos de actividad, crisis estructurales en materia de educación, salud y previsión y persistentes actos de corrupción desde el mundo público y escándalos de fraude en el mundo privado.

Por supuesto, es el Gobierno el que debe tener el liderazgo en la mayoría de estos temas. Pero la oposición tiene un rol irremplazable para poder alcanzar acuerdos relevantes, ya que todos los problemas que hemos enumerado exigen reformas en el Congreso. La tentación de la oposición será alta para negarle ¨sal y agua¨ al Gobierno, probablemente dándole la misma receta que éste utilizó en el pasado.

Pero el riesgo de esta política lo conocemos mirando al otro lado de los Andes, con el triunfo de un outsider improbable como Milei. La ciudadanía no tolerará más cachetadas de payaso entre partidos con escasísimos niveles de representación y credibilidad y fácilmente le entregará sus votos a quien ofrezca terminar con "la casta". Es pues, inevitablemente a mi juicio la hora de los acuerdos, el diálogo y las transacciones. Veremos si la política está a la altura.

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