Las coincidencias

Cabe precisar que cada diligencia de entrada y registro realizada por el fiscal Muñoz al Gobierno Regional de Los Lagos ha estado precedida por novedades en el Caso Convenios.

El primero de estos allanamientos ocurrió el 20 de julio, y es considerado uno de los más "intrusivos", por cuanto en aquella ocasión tanto el gobernador regional Patricio Vallespín, como la administradora regional y varios jefes de divisiones del Gore debieron hacer entrega voluntaria de sus equipos telefónicos personales, equipos computacionales, electrónicos, además de la documentación que fue requerida por el fiscal. Esta diligencia estuvo precedida por un hecho ocurrido tres días antes, la decisión del Gobierno Regional de poner término anticipado al convenio de transferencia con la Corporación Kimün.

El 11 de agosto se realizó un segundo allanamiento, el cual estuvo precedido por las primeras detenciones y formalizaciones del Caso Convenios a

nivel nacional. El 4 de agosto, sólo una semana antes, fue detenido en Osorno, Diego Ancalao, quien luego fue formalizado por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa. En tanto que el 10 de agosto se entregó a la PDI el representante legal y presidente de la Corporación Kimün, Jaime Huincahue, formalizado por delitos de corrupción pública y lavado de activos.

Como se recordará, días antes de estas detenciones, el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, reconoció la imposibilidad de devolver los $1.200 millones traspasados por el Gore Los Lagos para un programa de saneamiento de títulos, porque éstos recursos habrían sido destinados por Jaime Huincahue al pago de deudas del CFT e IP que administraban desde enero de 2021.

En esta oportunidad, este tercer allanamiento viene precedido por el informe final de la auditoría a las transferencias del Gore Los Lagos a fundaciones, que Contraloría hizo público el pasado 9 de noviembre, en el cual el ente contralor estableció que funcionarios de la División de Administración y Finanzas tuvieron un rol activo en los procesos de selección de las fundaciones, corporaciones y ONGs, a las cuales se les transfirieron millonarios recursos del FNDR para la ejecución de programas.

Más recientemente, este fin de semana, El Llanquihue reveló la existencia de comunicaciones entre Jaime Huincahue y académicos de ULagos, a lo menos un año y medio antes de que esta entidad participara como único oferente del proceso de licitación a través del cual adquirió las acciones del CFT e IP de la Universidad de Los Lagos. En uno de estos correos, se daría cuenta de que Kimün pudo haber contado con información privilegiada del proceso.

ULagos arremete

La Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos entregó ayer una declaración pública, en la que manifiesta su "más absoluta confianza que el proceso de venta del CFT e IP Los Lagos fue realizado bajo los principios de transparencia y probidad".

Desde la casa de estudios superiores hicieron además un llamado a los actores políticos a actuar con prudencia, "sobre todo si disponen de información incompleta sobre este proceso, evitando hacer eco de afirmaciones erradas, tales como aquellas relativas a que en el proceso licitatorio se habrían presentado dos ofertas por parte de la Fundación Kimün".

De igual modo, expresaron ver con preocupación "como el abogado de los trabajadores del IP y CFT busca sembrar dudas sobre el proceso de licitación pública con la finalidad de beneficiar su postura dentro de un proceso judicial que se encuentra en etapa de discusión en sede laboral, instrumentalizando así a los medios de comunicación y a la opinión pública", dice la declaración de ULagos difundida ayer.

"El Gobierno Regional de Los Lagos fue uno de los que más recursos traspasó a fundaciones en todo Chile"

Fernando Bórquez, Diputado UDI por el Distrito 26.

"Tenía por propósito incautar documentación necesaria para la investigación. Las investigaciones son dinámicas, uno va descubriendo situaciones que es necesario aclarar o complementar"

Marco Muñoz, Fiscal del Caso Convenios.

3 allanamientos ha realizado el fiscal del Caso Convenios, Marco Muñoz, al Gobierno Regional de Los Lagos en un lapso de 4 meses, partiendo el 20 de julio.

El Instituto Profesional (IP) Los Lagos mantiene hasta la fecha una cuantiosa deuda de más de $1.300 millones de pesos, derivada del no pago de sus obligaciones, tanto financieras como laborales a cerca de 15 acreedores, más los trabajadores del centro de educación que mantiene 9 sedes en todo el país y cuya casa central está ubicada en Osorno. Así lo evidencia el proceso de liquidación forzosa que lleva adelante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), luego de que el 12 de octubre pasado el 1° Juzgado de Letras de Osorno decretara el procedimiento que permite la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas, antiguamente conocida como ley de quiebra.

De hecho, la liquidación forzosa tiene por objetivo de que, a través de todos los bienes y patrimonio que tenga el Instituto Profesional (IP) Los Lagos, se puedan pagar las deudas que mantiene con sus acreedores, siendo uno de ellos el que dio inicio a la acción judicial en agosto pasado.

El Instituto Profesional (IP) y el Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos cuentan con más de 4 mil alumnos y 200 trabajadores en sus sedes. Hoy pertenecen al Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), dirigido por Diego Ancalao, primer detenido e investigado por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa vinculados con el caso fundaciones.

Acreedores

Según la información pública disponible en el Boletín Concursal en la página web de la Superintendencia de Insolvencia, se han verificado las deudas y acreedores que posee el IP Los Lagos. Entre los antecedentes ratificados aparecen acreedores como La Mutual de Seguridad, Banco de Chile, Banco Scotiabank, Inversiones Rancagua Uno Spa, Tanner Servicios Financieros, Inversiones Alto Esperanza, Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), Mutual de Seguridad, 3 AFP, arrendatarios de inmuebles, entre otros.

A la fecha totalizan alrededor de $800 millones, a los que se suman los derechos laborales adeudados a los trabajadores, que pueden llegar a superar los $500 millones de pesos solo por el concepto de sueldos y antecedentes previsionales.

Esto da hasta ahora $1.300 millones de pesos de deuda de compromisos que debe cumplir el IP Los Lagos, los que se añadieron durante los 30 días de plazo (a partir del 12 de octubre) que tuvieron legalmente para presentar la documentación, y que serán parte de la primera junta de acreedores que está fijada para diciembre.

José Aboitiz, liquidador concursal nombrado para este proceso, en una entrevista al Diario El Llanquihue, precisó que la información en verificación llega a más de $800 millones, "estimo que esto va a superar los mil millones, aunque todavía no termina el proceso de verificación de crédito (…) Ahora lo que pasa es que Corporación Kimun no tiene patrimonio, no tiene capital, por lo tanto la Corporación Kimün es una sociedad de papel que hoy día no tiene nada.