Carlos Ilabaca

Con una orden en mano, emanada del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, y que autorizaba la entrada, registro e incautación, el fiscal Marco Muñoz, de la Unidad de Análisis Criminal (Sacfi), llevó a cabo un nuevo allanamiento en diversas dependencias del Gobierno Regional de Los Lagos, el tercero desde que la Fiscalía Regional del Ministerio Público anunció el 28 de junio una investigación por las transferencias de recursos a fundaciones.

Acompañado por personal de la Policía de Investigaciones, las diligencias se concentraron en las oficinas de la División de Administración y Finanzas (DAF), ubicadas en el noveno piso del edificio Torre del Puerto. Allí permanecieron los detectives desde aproximadamente las 13:00 horas hasta pasadas las 14:30 horas.

Recién al término del procedimiento, el fiscal Marco Muñoz explicó escuetamente el motivo para desarrollar esta diligencia. "El día de hoy se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en dependencias del Gore en sus diversas dependencias. Tenía por propósito incautar documentación necesaria para la investigación. Las investigaciones son dinámicas, uno va descubriendo situaciones que es necesario aclarar o complementar", explicó el persecutor.

Por su parte, desde el Gore Los Lagos, fue la jefa del Departamento Jurídico, la abogada Fabiola Yáñez Rojas, quien se refirió también al operativo. "El día de hoy el fiscal (Marco) Muñoz en conjunto con funcionarios de la PDI concurrieron a dependencias de este Gobierno Regional solicitando incautación de material ordenado por el tribunal, a lo cual este servicio, tal como ha sido la instrucción dada por nuestro gobernador regional, entregó todas las facilidades para acceder a ella con prontitud, con rapidez, con transparencia y con la máxima eficiencia para que pueda obtener toda la documentación que necesitaba".

Yáñez añadió que, dado que los antecedentes solicitados no se encontraban en dependencias del Centro Administrativo Regional, "se coordinó la entrega de documentación que se encontraba en otro edificio, en dependencias de Finanzas, no habiendo ningún inconveniente para tal requerimiento", detalló.

Según trascendió desde el Gore, se procedió a aplicar por primera vez el protocolo establecido por este estamento público para responder a los requerimientos de tribunales, con la finalidad principal de proteger la integridad de los funcionarios que se desempeñan en estas oficinas.

De hecho, trabajadores consultados por este medio reconocieron que la situación se dio de manera mucho más discreta y tranquila que en las dos oportunidades anteriores, e incluso algunos funcionarios recién se percataron del procedimiento cuando ya había concluido, dijeron.

El propio fiscal Muñoz, a través de una declaración enviada posteriormente desde la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Regional, destacó que, desde la perspectiva de los funcionarios trabajadores del sector público que laboran en dependencias del Gore, siempre ha habido la mayor de las colaboraciones".

No obstante, el persecutor aprovechó la instancia para emitir una crítica a la dictación de este protocolo por parte de las autoridades superiores del servicio, el que -según dijo- "restringen las posibilidades de investigación y se dictaron con infracción a las obligaciones legales que tiene toda repartición pública de colaborar con las investigaciones penales y con las diligencias que realiza el Ministerio Público y la Fiscalía, disposiciones que se encuentran tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley de Lavado de Activos, en que se dictó un reglamento o protocolo, el cual hacía procedente esta diligencia sólo basándose en una autorización judicial previa dictada por un tribunal", explicó.

Responsabilidad penal

El diputado por el distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), quien además es uno de los querellantes por el Caso Convenios, dio su parecer frente a esta nueva diligencia investigativa. "El Gobierno Regional de Los Lagos fue uno de los que más recursos traspasó a fundaciones en todo Chile, por lo que siempre es bienvenido que se realicen diligencias que apunten a determinar si dichos recursos fueron entregados de forma legítima o hubo un mecanismo para defraudar al fisco", enfatizó el legislador.

Del mismo modo, Bórquez se mostró expectante porque pronto pueda haber mayor claridad respecto de eventuales responsabilidades en el caso. "Lo que esperamos es que la investigación continúe su curso y que pronto el Ministerio Público pueda avanzar en determinar responsabilidades penales, tales como lo pedimos en la querella que presentamos hace ya varios meses, cuando se destaparon estos casos", dijo.