Piden investigar la venta del CFT e IP de ULagos a Kimün en 2020
ARISTA. Nuevos antecedentes enviados al fiscal Marco Muñoz darían cuenta de que Kimün pudo contar con información privilegiada un año y medio antes de que se abriera la licitación pública para la venta. El abogado Braulio Sanhueza planteó la tesis de que "se cometieron delitos".
¿Cómo llegó la Corporación Kimün, una entidad sin experiencia en temas educacionales, a convertirse en el sostenedor de más de 4 mil alumnos que estudiaban en el CFT e IP Los Lagos en nueve sedes de Chile, hoy en proceso de cierre?
Es una pregunta que ha surgido con fuerza en las últimas semanas, en especial luego que el Primer Juzgado de Letras de Osorno decretara la liquidación forzosa del Instituto Profesional Los Lagos, con el objetivo de saldar las deudas con sus acreedores, que a la fecha suman más de $800 millones.
Con este fin, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) designó al ingeniero comercial José Aboitiz, quien reconoce que era imposible seguir operando estas instituciones educativas, tanto por el nivel de deudas como por el estado operacional de la empresa.
"Habían sueldos impagos de seis meses, no había caja chica para nada, los últimos meses de clases -en julio- los profesores debían comprar el papel higiénico para los baños. Era insostenible", confiesa. Aboitiz sostiene que una de las alternativas que evaluará la junta de acreedores será la presentación de acciones penales que apuntarían a lo que él denomina como "los responsables finales, que probablemente va a ser la Universidad de Los Lagos".
De hecho, esta podría tratarse de una nueva arista del denominado Caso Convenios, ya que el pasado 13 de agosto -46 días después de que se anunciara una investigación desformalizada por las transferencias del Gore Los Lagos a fundaciones- le fueron entregados al fiscal Marco Muñoz una serie de antecedentes que darían cuenta de que en el proceso de licitación pública realizado por la Universidad de Los Lagos en 2020, y que terminó en la venta de las acciones del CFT e IP Los Lagos a la Corporación Kimün por $130 millones, podrían existir posibles situaciones irregulares, entre ellas el uso de información privilegiada por parte de quien fue el único oferente.
La génesis
De acuerdo al acta pública (03/2019) de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos, el 1 de abril de 2019, el vicerrector académico Roberto Jaramillo dio a conocer el "Informe de proceso de enajenación de acciones y derechos del IP Los Lagos", a través del cual se explicó que la falta de acreditación para esta institución -de la cual ULagos poseía el 99,98% del capital social- ponía en riesgo el financiamiento y acceso a recursos del Estado de la Universidad de Los Lagos, además de constituir un obstáculo importante para el proceso de acreditación de la institución universitaria.
Bajo esta premisa, Jaramillo expresó en la ocasión que "se ha evaluado como una buena oportunidad el traspaso a un nuevo controlador para la continuidad del proyecto formativo" y explicó que se procedería a licitar el reconocimiento del Ministerio de Educación y la Autonomía Institucional, tanto del IP como del CFT.
En la misma sesión, se aprobó la propuesta del vicerrector académico, Marcos Vargas, para la adquisición por trato directo de dos inmuebles en Osorno, donde funcionaba la Casa Central del IP-CFT (Patricio Lynch N°1346) y donde operaba la Dirección de Educación Continua, OTEC, oficinas y salas de clases para posgrados (Lord Cochrane N°1039), ambos en la suma de 74.059,10 UF ($2.041.495.376).
Contactos previos
De acuerdo a una fuente que trabajó para Kimün, y que ha aceptado prestar declaración al fiscal Marco Muñoz por el Caso Convenios, en su calidad de ex asesor tuvo acceso a un correo electrónico que el 22 de abril -es decir, 21 días después de la sesión del Consejo Superior- habría enviado Jaime Huincahue Melipil, presidente del directorio de dicha corporación (hoy formalizado por el Caso Convenios y bajo medidas cautelares), al académico Alberto Paillacar. El texto de dicho mensaje dice así: "Estimado Alberto. Adjunto la info comprometida. Nota: En su oportunidad Roberto J, me escribió: 'El balance te lo envío en la tarde, pero en la más absoluta reserva porque será información disponible para la licitación'".
En respuesta a una consulta por Ley de Transparencia realizada en enero de este año, acerca de reuniones con la Corporación Kimün tanto previa o durante el proceso de licitación pública, Roberto Jaramillo reconoció hacer sostenido el 23 de enero de 2019 una reunión con directivos de la Corporación Mapuche Koyang, con el propósito de prospectar eventuales interesados ante un posible traspaso o venta de acciones del IP y CFT Los Lagos.
Cabe recordar que, según el medio Interferencia, el 12 de mayo de 2020 la Corporación Kimün le envió una carta al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, en la que le solicitan su apoyo "a la iniciativa de Educación Superior que como Parlamento Autónomo Mapuche Koyang estamos intentando sacar adelante desde hace ya 2 años".
Este aporte consistió en la suma de $40 millones para participar en la licitación pública. Y agregan en la misiva que "felizmente en conversaciones y acuerdos con el actual rector de la Universidad de Los Lagos, nos permite pagar solamente el 10% como pie de compra-venta, dejando el saldo de M$270.000 (sic) en cómodas cuotas anuales".
La evaluación de Kimün
El 15 de octubre de 2020 se dio inicio al proceso de licitación para la enajenación de acciones del Instituto Profesional Los Lagos S.A. y de derechos en el Centro de Formación Técnica Los Lagos Limitada, mediante la aprobación de sus bases a través del Decreto Universitario N°1921 de 15 de octubre de 2020. Un mes después, 16 de noviembre, se verificó a través del Acta de Apertura la presentación de una oferta realizada por la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün.
Dos días más tarde se aprueba el acta suscrita por los integrantes de la Comisión Evaluadora, en la cual se estableció que de la evaluación de la propuesta, Kimün obtuvo 0,25 punto (de un máximo de 5) en el ítem de cumplimiento de requisitos y 1,5 punto (de 10) en cuanto a condiciones de empleo y remuneración.
Pese a ello, la comisión evaluó a la corporación con un puntaje total de 65,75 puntos de un máximo de 66,5 puntos, dado que la oferta económica tenía una ponderación del 80%.