delinquen ni una sola garantía". El senador UDI Iván Moreira sostuvo que las sanciones por este tipo de ilícitos deben ser ejemplificadoras: "La justicia debe dar señales contundentes y la ley debe aplicarse con todo su rigor para evitar que estos hechos lleguen a nuestra región".

Argumenta Moreira que es necesario que tanto el Ministerio Público y los tribunales sean eficientes y actúen con celeridad en este tipo de casos, "porque demorarse dos años para condenar delincuentes por delitos tan graves, con todos los antecedentes sobre la mesa, no termina siendo entendible para la ciudadanía, que cada día vive con más miedo porque hechos que antes sólo veíamos en películas y noticias de otros países estén llegando a la Región de Los Lagos". De acuerdo con el legislador, la región "enfrenta una pandemia de delincuencia, crimen organizado y terrorismo".

Contradicciones

El diputado RN Mauro González comentó que el crimen organizado y las bandas delictuales se han instalado en la región, "desde donde han seguido extendiendo sus redes criminales y se ve evidenciado en el aumento de los delitos de mayor connotación social".

Remarca González que mejorar la política de inteligencia investigativa es fundamental para enfrentar estos casos, y de esa forma se podrá "tener una correcta lucha contra el crimen organizado y sus derivados".

Junto con adelantar que se solicitó una evaluación de la aplicación del Plan Calles sin Violencia, el parlamentario dijo que preocupa el aumento de la criminalidad, "pero también las contradicciones que hay entre las autoridades locales, quienes por un lado dicen que han disminuido los delitos, pero por otro lado se está pidiendo una comisión investigadora para analizar el fenómeno delictual en la zona".

Recursos

Alejandro Bernales, diputado liberal por el distrito 26, a la hora de incidentes en la Cámara de Diputados, en el momento de la discusión por el presupuesto para 2024 entregó antecedentes respecto a la problemática delictiva que se vive en la Región de Los Lagos.

"Hemos visto que el crimen organizado se ha trasladado a la Región de Los Lagos y necesitamos más herramientas para su combate", sostuvo en el Congreso.

Según Bernales, "hay que avanzar en otros temas a corto plazo en materia de seguridad, por ejemplo, contar con una Brigada Investigadora de Robos (BIRO de la PDI) en Osorno, contar con vehículos blindados para primera respuesta por la violencia rural, y aumentar los recursos para financiar la persecución penal en Fiscalía".

Observa que "la seguridad es uno de los temas más importantes para la ciudadanía y esta sala (de la Cámara de Diputados) debería estar alineada con ese sentir y trabajando en conjunto para aprobar el presupuesto requerido".

Para el diputado UDI, Fernando Bórquez "el Tren de Aragua en nuestro país y la Región de Los Lagos ya es un hecho lamentable en términos de seguridad, ya que es una banda que se ha expandido por América Latina, generando tráfico de drogas y trata de personas, entre otros delitos".

Al igual que sus colegas, el legislador sostuvo que en este sentido las penas deben ser duras "para terminar con este tipo de bandas y se debe aplicar la máxima sanción penal que considera la ley".

La causa judicial, que data del 21 de octubre de 2021, se mantiene por el delito de trata de personas para la explotación sexual, pero se agregaron los delitos de lavado de activos y asociación ilícita en contra de los 4 imputados de nacionalidad venezolana, quienes habrían estado operando desde principios del año 2021. Un cliente de servicios sexuales delató el calvario que vivía una extranjera, lo que gatilló la inmediata detención de los implicados, hoy todos en prisión preventiva.

"Hemos abordado de manera integral el delito de trata de personas, a través de una mesa intersectorial, que nos permite coordinar distintas acciones"

Giovanna Moreira, delegada presidencial

"En algunos juicios, y habiéndose rendido la prueba, los magistrados que estuvieron juntos y observaron lo mismo, no logran unanimidad en el veredicto"

Naín Lamas, penalista y ex fiscal

20 y 17 años de cárcel son algunas de las penas que se están solicitando para los integrantes de la organización criminal.

21 es el módulo de mediano compromiso delictivo del penal de Alto Bonito donde permanecen los 4 venezolanos imputados.

De las 12 víctimas contempladas en este caso, y afectadas por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, varios son menores de edad, y sus historias de cómo llegaron a Chile y a Puerto Montt fueron develadas en marzo de 2022, en la audiencia de formalización de los extranjeros imputados, en el Tribunal de Garantía.

En la audiencia, el ente persecutor reveló que en Venezuela una de las víctimas conoció a uno de los imputados y este, en conocimiento que la víctima era menor, le ofreció trabajar como escort, oferta "que la víctima aceptó atendida su precaria situación económica", se reveló en el juzgado.

En noviembre de 2021, cuando la víctima tenía 17 años, realizó el viaje a Chile y se utilizaron pasos fronterizos no habilitados, ingresando a Colombia, Ecuador y Perú.

La víctima ingresó a Chile en fecha no determinada dirigiéndose a Arica, con documentos falsos de vacunación por covid.

Por precio no quiso pagar alojamiento, debiendo la víctima pasar la noche en la vía pública cerca de un terminal de buses en Santiago.

Otro antecedente dado a conocer en esa oportunidad señala que los dineros pactados no era lo señalado por el imputado a la joven. En un hotel en Temuco comenzó a ser explotada, sin recibir pagos ni comisiones y debiendo estar siempre disponible para atender clientes.

Luego de una semana se trasladaron a Puerto Montt (imputado y víctima), además de otras mujeres en dos vehículos. Una vez en esta ciudad, instalados en las cabañas FX, la víctima continuó siendo explotada.

Dignidad

Macarena Gré, seremi de la Mujer, dijo que estos delitos son condenables y que es valorable el rol que han asumido las instituciones del Estado, especialmente en el apoyo a las víctimas.

Según Gré, es importante "generar mesas y redes de trabajo preventivas en contra de este tipo de delito organizado, para lograr visibilizarlo en la región".

Resalta que "la trata de personas es uno de los crímenes más graves contra de la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las personas, en el caso de mujeres y niñas constituye una manifestación más de la violencia basada en género, reconocida de esta forma por los tratados internacionales en materias de violencia contra la mujer y Derechos Humanos".

Destacó el trabajo organizado que está llevando adelante el gobierno para enfrentar el crimen organizado.