Erwin Schnaidt

No dejó a todos satisfechos la aprobación en la Cámara de Diputados del veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones, con lo que está en condiciones de ser promulgada por el presidente Gabriel Boric.

La legítima defensa privilegiada incluida en el proyecto aprobado originalmente, así como la imposición de penas de cárcel para los usurpadores, sin importar si se trata de un acto violento o no, quedaron fuera de la norma.

Eso sí, las penas quedarán sujetas al criterio del juez y -de ser verificado el ilícito- variarían desde 541 días a los cinco años de presidio.

En opinión de la ONG Campo Seguro, que representa a cinco gremios agropecuarios de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, la votación en la Cámara Baja desprotege a las víctimas de estos delitos, así como desconoce la violencia que se ejercen esos hechos y delitos asociados.

Francisco Muñoz, gerente y vocero de esa organización no gubernamental, expresó que "en predios en los que se han realizado desalojos, en que las víctimas colindan con terrenos que residen personas violentas, continúan las hostilidades, amenazas, ingreso intermitente de personas y de animales a los predios de las víctimas, provocando un desuso de esos terrenos y con eso la consecuente pérdida de empleo y productividad".

Puntualizó que desde 2018 que en la macrozona sur se han registrado 211 usurpaciones. Pero, -hasta el año 2021- sólo en tres casos se aplicaron sanciones de multa.

En las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, han contabilizado 26 usurpaciones sobre predios silvoagropecuarios, siete de los cuales se mantienen bajo esa condición "ya que los mecanismos legales existentes impiden una restitución efectiva de los predios", reclamó Muñoz.

Sobre los efectos de esta votación, estableció que "han perdido las víctimas -productores agropecuarios, trabajadores y sus familias- al desperdiciar la oportunidad de otorgar seguridad, no solamente en su espacio laboral, sino que en gran parte de los casos, sus residencias familiares".

El vocero de Campo Seguro añadió que resulta desfavorable la exclusión de la pena de cárcel a la usurpación, en cualquiera de sus formas; así como la facultad otorgada a los tribunales para calificar el tipo de usurpación perpetrada.

Muñoz valoró que en esta discusión parlamentaria se haya avanzado en cuanto a la calificación de la usurpación como un delito y no como falta, "lo que permitirá aplicar medidas cautelares más efectivas como alejamiento, arresto, vigilancia y otras, además de extender la flagrancia a permanente en este delito, a diferencia de aplicación jurídica actual que la limitaba a 12 horas".

Oportunidad perdida

Al ser requerida la opinión de la Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue (Agrollanquihue), su presidente, Eduardo Schwerter, admitió que lo aprobado en el Congreso "generaría un escenario legal más favorable que el de la legislación actualmente vigente"; pero, también lamentó "que se haya perdido la oportunidad de tener una normativa mucho más robusta y disuasiva, como era la que se despachó originalmente".

El productor puertovarino difiere de la distinción que se hizo de este delito. "Las autoridades deben entender que la situación que viven los agricultores en los campos que han sufrido usurpaciones, es siempre violenta, hecho que no puede quedar a una simple interpelación o arbitrio de la justicia, la que muchas veces carece de la suficiente coherencia".

Con todo, Schwerter se mostró esperanzado en "que las autoridades utilicen más efectivamente las nuevas herramientas que se estarían generando con estas modificaciones legales y que así sean cada vez menos las víctimas que sufran en 'carne propia' la vulneración permanente y sistemática del Estado de Derecho en nuestro país".

Al ser requerido un pronunciamiento a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), se explicó que durante el día no fue posible que un dirigente se refiriera al caso. Mientras que desde la Sociedad de Agricultores de Chiloé, tampoco hubo comentarios al respecto, al no disponer de todos los antecedentes para emitir un opinión fundada.

5 gremios del agro están asociados a Campo Seguro: Saval y Aproval, de Valdivia; Sago y Aproleche, de Osorno; y, Agrollanquihue.

97 diputados a favor, 44 en contra y 2 abstenciones, fue el resultado de la votación del pasado miércoles en la Cámara Baja.

Fue a la hora de incidentes en la Cámara de Diputados que el legislador UDI Daniel Lilayú dio a conocer que alrededor de 2 mil manipuladoras de alimentos se han visto afectadas en la región con el no pago de sus finiquitos, después que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) diera por terminado el contrato con la empresa a cargo de entregar alimentos a los escolares y que era la empleadora.

Lilayú expuso que esta situación derivó en que las manipuladoras demandaran a la Junaeb por deudas de finiquitos pendientes que dejó la empresa en cuestión.

El representante del distrito 25 sostuvo que se ha reunido con las dirigentes de las provincias de Osorno y Llanquihue que llevan años luchando para lograr que sean pagados los finiquitos adeudados, recalcando que muchas de estas manipuladoras renunciaron al cobro de los intereses y reajustes, todo ello con el afán de agilizar el pago, "e inclusive cedieron a las presiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para rebajar los montos a pagar, pero todo esto ha sido infructuoso, porque el Estado aún no responde ante estas mujeres que juegan un rol fundamental en la alimentación de miles de niños y jóvenes de nuestra región".

El parlamentario lamentó el fallecimiento de 5 manipuladoras que esperaron -sin resultados- el pago de sus finiquitos, que eran el fruto de su trabajo.

El diputado UDI solicitó se oficie al Ministerio de Hacienda para que emita el correspondiente decreto de pago "para subsanar de una vez esta lamentable situación que hoy afecta a más de 2 mil mujeres esforzadas de nuestra región".

El legislador dijo que esta labor para lograr el pago de las indemnizaciones está liderado por Rosita Guzmán de Osorno, Beatriz San Martín de Frutillar y Angélica Asencio de Fresia, entre otras dirigentas. "Hoy es lamentable como estas mujeres de las provincias de Osorno y Llanquihue desfilan por tribunales para obtener sus pagos incluso con el dolor que 5 de esas mujeres perdieron la vida sin ver el fruto de su trabajo honesto y esforzado",