Vicente Pereira

Cuando restan 41 días para el plebiscito de salida a la propuesta de nueva Carta Magna, elaborada por el Consejo Constitucional y que será entregada hoy al Presidente Gabriel Boric, los distintos partidos ya comienzan a definir una postura respecto de ir por el "A Favor" o "En Contra" de dicho texto.

A nivel regional, el establecimiento de los derechos sociales figura como la materia central del debate entre las colectividades políticas, a la hora de optar por una alternativa frente al que será el segundo plebiscito de salida constitucional que vivirá Chile en 15 meses, luego que el 4 de septiembre del año pasado se rechaza la propuesta constitucional presentada por la Convención, con un 61,8% de los sufragios, versus el 38,1% de respaldo.

En el país

Cristián Palma, presidente regional del Partido Republicano, tienda que tuvo la mayor cantidad de consejeros constitucionales (22), en el órgano que tuvo a cargo la redacción de la propuesta constitucional, aseguró que su colectividad "realizó un trabajo responsable con Chile". De ahí su convencimiento de que se trata de una propuesta que es mejor que la Constitución que "hasta ahora nos ha dado el mayor crecimiento, pero que ha sido reformada en múltiples ocasiones".

En su análisis, discrepó con lo que considera el "variopinto de sectores" que se han manifestado en contra de la propuesta, tanto de derecha, como de izquierda, por cuanto se trata de un texto transversal. "Hay aspectos que nos gustan bastante, pero hay otros que hay que seguir trabajando y mejorando".

Para Palma se trata de un documento que representa a la mayoría de los chilenos y no a un sector en específico, puesto que aborda materias que son transversales, como una mayor seguridad y derecho real a la vivienda propia. "Hoy se paga contribuciones y cuando no se cancela te la quitan. Entonces, no es vivienda propia".

Derechos

Visión distinta es la que presenta Ana Vera, presidenta regional del Partido Comunista, quien aseguró que primó la visión del Partido Republicano en la propuesta constitucional, por lo que "vamos a votar en contra".

Para Vera, uno de los principales cuestionamientos pasan porque se requiere de una Constitución que garantice un Estado social y democrático y así terminar con el Estado subsidiario por la desigualdad que engendra.

Uno de ellos, dice Vera, es el Caso Fundaciones, por cuanto se genera "por entregar a terceros, a privados, la realización de las políticas públicas".

Por lo mismo, adelantó que en su tienda trabajarán en la construcción de una Carta Magna que sea de "futuro, para las próximas generaciones, lo que no se conseguirá si se aprueba el texto escrito por los republicanos. Tendremos una Constitución peor que la de dictadura".

En la misma línea, Richard Lepe, presidente regional de la Democracia Cristiana, señaló que si bien su tienda tiene programada para hoy una junta nacional, que es el organismo de máxima resolución de la colectividad, el presidente nacional, Alberto Undurraga, manifestó que votarán en contra de este proyecto, aunque ello tendrá que ser ratificado en la instancia nacional.

Explicó que "nuestra obligación, como militante disciplinado, es recalcar lo expuesto (por Undurraga), en el sentido de votar 'En contra'".

Sobre el escenario que se genera si es que un nuevo texto es rechazado, manifestó que la actual Carta Magna no es la misma que se redactó en dictadura, en 1980, puesto que ha sido reformada, por lo que apunta a seguir perfeccionando la actual Constitución de manera de que sea cada vez más democrática y "por ello trabajaremos en las instancias que siguen más adelante, que sería el Poder Legislativo", por lo que descarta que se pudiese comenzar a generar un tercer proceso constituyente.

Con Vera y Lepe coincide Manuel Ballesteros, presidente regional del Partido Socialista, quien también cuestiona lo que considera la ausencia de los derechos sociales en el nuevo texto. "Lamentablemente, los constituyentes de ultraderecha no escucharon lo que pide la gente, por lo que quedó peor que la actual". De ahí de la determinación de optar por el rechazo.

En su reflexión, señaló que "es tan simple. Lo único que las personas quieren es derecho a la salud, a la educación y al agua, temáticas sensibles que no se reflejan en la nueva Constitución".

Así también descartó la opción de un tercer proceso, por lo que aboga por una nueva reforma a la Carta Magna actual y que sea el Congreso el que realice los cambios que se pudiesen efectuar. "El PS le solicitó al Presidente elaborar una agenda que escuche a la ciudadanía y que las leyes estén en la dirección de lo que quieren las personas. No hay ánimo de una tercera elección constitucional".

En la misma línea, Mario Medina, presidente regional de Comunes, fundamentó su opción de rechazo al nuevo texto, puesto que no aborda las demandas sociales expuestas durante años, como el término de las AFP, la privatización del agua y la educación. "En este proceso vemos vivienda para unos pocos, por ejemplo, entre los puntos que nos afecta de este proceso".

Sobre mantener la actual Carta Magna, señaló que "no se tiene que perder el foco y Chile debe avanzar hacia la reivindicación de los derechos sociales y la ciudadanía hoy demanda derechos a los tiempos que estamos viviendo. La Constitución que nos rige hoy tiene que ser objeto de un cambio profundo, con la consagración de los derechos sociales".

"Seriedad"

Yerco Rodríguez, presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido, cuyo consejo general ratificó ayer su apoyo a la propuesta, sostuvo que se trata de un proceso diferente al que fracasó en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, ya que "hemos presenciado seriedad, compromiso y altura de miras", a la hora de escribir una Carta Magna para todos los chilenos.

Rodríguez acusó que la izquierda y la extrema izquierda "han utilizado este proceso para levantar sus banderas de lucha y lo comenzaron a efectuar con la finalidad de dividir al país. Pero nosotros no vamos a caer en dicho juego".