En Chile, la participación de las mujeres en el mercado laboral iba en aumento, si se considera que en 1990 la fuerza laboral femenina alcanzaba un 31% y hasta antes de la pandemia promediaba el 48%. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico y los factores condicionantes que podrían posibilitar su incremento, es aún una de las participaciones más reducidas en América Latina y entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No obstante el aumento de participación, a igualdad de condiciones con el hombre hay una brecha laboral que perjudica a la mujer, cuestión que se ha analizado con profusión, pero no se ha logrado resolver. Las mujeres acceden a trabajos más precarios y peor pagados respecto de los hombres.

Compatibilizar la vida familiar con el trabajo es la mayor barrera que tienen las mujeres en materia laboral, como lo demostró el estudio "Cambios sociales y empleo femenino", elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad. Los resultados mostraron que las empresas han implementado medidas para modificar la forma de trabajar y ayudar en una mejor conciliación entre el empleo y la vida personal, pero las mujeres siguen teniendo mayores barreras culturales y familiares, enfrentando sesgos que dificultan su desarrollo laboral. La encuesta reveló que un 35% de las mujeres cree que para ascender en su empresa debe hacer renuncias familiares importantes, cifra que contrasta con el 25% de los hombres que opina de manera similar.

Cuando se preguntó si para una mujer tener hijos limita la carrera profesional, uno de cada tres trabajadores está de acuerdo con esta afirmación. Un tercio de los trabajadores tiene una percepción negativa sobre las exigencias de horario.

Diversas condicionantes han llevado a las mujeres jóvenes a asumir la jefatura de la familia, ya sea por separación del matrimonio, asumiendo ella la custodia de los hijos, o por la salida del padre para ir a trabajar a otra ciudad. En los últimos años la queja ha estado casi circunscrita a la violencia y la agresión sexual, pero es palpable que el tema es más de fondo y complejo. Hay una discriminación cultural que es necesario cambiar, y será una tarea de largo aliento.

La semana pasada, un incendio -según se cree intencional- destruyó la antigua estación de ferrocarril de Alerce, construcción significativa para su comunidad que recuerda aún los tiempos en los que el tren era clave para la conectividad. El edificio, cuyo propietario es EFE, formaba parte del prometido tren Llanquihue-La Paloma y contemplaba a Alerce Sur como una de sus paradas.

Desgraciadamente, y al igual que en otras ocasiones, son pocas las autoridades que han expresado su malestar y necesidad de reconstruir lo dañado, manifestando una desafectación y desinterés por nuestro patrimonio en una actitud que termina por ser la estocada final para muchos. Parece una maldición de dioses nefastos, que suma a los terremotos, eventos geológicos y climáticos, una fuerza bruta que busca la destrucción total de nuestro pasado, manifestando una rabia peligrosa y sin misericordia.

No existe otro país que, sin estar en guerra, contemple atónito como sus construcciones son intencionalmente dañadas, donde se quemen iglesias, universidades, museos, bibliotecas y decapiten esculturas. Ningún muro se salva; en la capital se pinta para recuperar las fachadas y esculturas, al tiempo que la institución a cargo de velar por los monumentos, y como una policía del tránsito, ejerce multas al Gobierno Regional por el daño de las intervenciones.

Es una dicotomía que se ha exacerbado desde octubre de 2019: por un lado, la sociedad valora cuando se realizan acciones de recuperación cultural, pero la Ley de Patrimonio espera hace meses para su aprobación en el Congreso, marco jurídico que impulsaría una nueva relación con el patrimonio y del cual emanan directrices virtuosas para su cuidado y valoración.

Se percibe, asimismo, cierta tendencia en algunas autoridades a disminuir el grave perjuicio que causan las vandalizaciones constantes, dando un clima de deterioro permanente a los espacios públicos. Aduciendo que lo dañado no son monumentos representativos de la ciudadanía, sería plausible dañarlo, ya que su deterioro poco importa y es incluso, deseable, para poder ser reemplazado por nuevo íconos, que esta vez sí sean representativos.

Pero las ciudades son productos del cruce de diferentes momentos históricos y en ese mismo espacio ha trascurrido la vida de otras comunidades para las cuales sí fue significativo una obra determinada y la cual, de tener valor patrimonial como testimonio de un modo de vida ya extinto, debemos conservar y resignificar para proyectar su cuidado, pero no destruir ni permitir, como nos estamos acostumbrando, a que sea destruido impunemente.

80 años | 26 de octubre de 1943

Los frutillarinos remodelarán su parroquia

La comunidad católica de Frutillar Alto inició una campaña para remodelar su capilla. Para tal efecto, se inició la recolección de fondos para comprar ornamentos y arreglar el templo. Dentro de las ideas, se decidió la realización de una rifa, por lo que se espera la recepción de donaciones que serán usadas en un sorteo. Destaca el aporte de los profesores de esa ciudad.

50 años | 26 de octubre de 1973

Suprema revisa creación de tribunal de alzada

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia, anunció una visita a Puerto Montt, con el fin de resolver problemas internos en terreno. Uno de ellos tiene que ver con la instalación definitiva de la Corte de Apelaciones, la que tendrá jurisdicción en las provincias de Llanquihue, Chiloé y Aysén. La autoridad llegará esta mañana en un vuelo LAN y se retirará en horas de la tarde.

10 años | 26 de octubre de 2013

Se han más que duplicado usuarios de droga

Según el último informe de Senda, sobre consumo de drogas y alcohol, los usuarios de marihuana se han más que duplicado en comparación al mismo estudio de 2010. Pese a ello, respecto del paso de 2,8% a 4,6% de consumidores de esta hierba en la región, desde Senda se sostiene que no representa un resultado estadísticamente significativo.