Verónica Salgado veronica.salgado@australosorno.cl

En el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno fue presentada la demanda por Declaración de Único Empleador y Subterfugio contra la Universidad de Los Lagos, acción interpuesta por 130 trabajadores de las nueve sedes que tiene a nivel nacional el Centro de Formación Técnica (CFT) e Instituto Profesional (IP) Los Lagos, cuya central está ubicada en calle Lynch de Osorno y que pertenecen a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), dirigida por Diego Ancalao, preso preventivo en Puerto Montt e investigado por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y estafa vinculados con el Caso Fundaciones.

Con esta acción judicial se busca pagar remuneraciones e indemnización a las personas que sorpresivamente, y sin previo aviso, quedaron en total indefensión debido a que ambos centros educacionales forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional por el traspaso a principios de este año de $1.200 millones desde el Gobierno Regional (Gore) a la Corporación Kimün, que en su calidad de sostenedor del IP y CFT desvió los recursos para sanear las deudas que estos recintos arrastraban, para después, en el mes de julio, venderlos a la fundación de Diego Ancalao.

Actualmente todas estas fundaciones son investigadas por el Ministerio Público, donde también están involucrados los Gobiernos Regionales, la Seremi de Vivienda, Seremi de Desarrollo Social, Subsecretaría de Culturas, la Conadi, Seremi de Educación, entre otros organismos públicos de 11 regiones, incluidas 9 fundaciones con convenios con el Gore Los Lagos.

Demanda

Tal como consta en la documentación públicamente disponible en la página del Poder Judicial, la acción ingresada hace unos días en el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno precisa que "vengo en interponer demanda por declaración de único empleador, en contra de 1) la Universidad de Los Lagos (…). Los trabajadores demandantes actualmente tienen contrato de trabajo escrito ya sea con el Instituto Profesional Los Lagos S.A. o con el Centro de Formación Técnica Limitada, sin embargo, en los hechos fungen como único empleador, además, la sociedad Capacitación, Asesorías y Servicios Universidad Los Lagos S.A. y la Universidad de Los Lagos. Los trabajadores prestan servicios actualmente en las funciones indicadas para cada uno en la individualización precedente en las sedes de estas entidades de educación en San Fernando, San Antonio, Quillota, Valdivia, Osorno, Coyhaique, Temuco, Talca, Los Ángeles y Rancagua", dice textual.

Agrega que "es del caso que a los trabajadores demandantes no se les ha pagado las remuneraciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 y aquellas que se devenguen durante la duración del juicio, por lo que pedimos se condene solidariamente a las demandadas en virtud de declaración de único empleador al pago de dichas prestaciones".

Con esto se busca acreditar que la Universidad de Los Lagos, ubicada en avenida Fuchslocher, todavía es dueña para efectos laborales y previsionales del IP y CFT Los Lagos, aun cuando los establecimientos fueron vendidos en 2020 a la Fundación Kimün. Esta última, a su vez, los vendió en julio de este año a la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), dirigida por Diego Ancalao.

Braulio Sanhueza, abogado representante de los 134 trabajadores, explicó que "la Universidad de Los Lagos en ningún caso puede sostener que es completamente ajena como empleador. Aquí los elementos característicos son direcciones en común, el uso de distintivos de la Universidad de Los Lagos por parte de estas dos instituciones educacionales, hay convenios entre la universidad y estos dos centros de estudio precisamente para usar la imagen corporativa de la universidad. Entonces, la ULagos no puede ahora frotarse las manos y decir que no tiene nada que ver, al contrario, por eso la demanda persigue la declaración de único empleador con el propósito que se hagan responsables del pago de las remuneraciones e indemnizaciones de los trabajadores".

Agregó que la situación que están viviendo los funcionarios es absolutamente desesperante, donde están en una total incertidumbre por los sueldos impagos, cotizaciones, incertidumbre laboral, atraso en el pago de isapres, entre otros graves problemas que les ha generado estrés, al igual que sus familias.

Reacciones

El vicerrector académico de la Universidad de Los Lagos, Roberto Jaramillo, explicó que la acción judicial está siendo analizada por abogados para contestar la demanda que está en tramitación en el Juzgado de Letras Laboral de Osorno.

"Según los abogados, la demanda no tiene sustento en contra de la ULagos, porque este traspaso se realizó en 2020 para cambio de controlador y en los mismos acuerdos que se firmaron en ese momento con la Corporación Kimün, está que desde esa fecha hacia adelante la universidad no tiene ninguna responsabilidad ni deuda con los trabajadores. De hecho, se firmó un acuerdo complementario donde los nuevos controladores, en este caso la Corporación Kimün, estaban obligados a respetar los derechos de todos los trabajadores, tales como antigüedad, entre otros aspectos labores. Y eso se replica a los estudiantes que también están garantizados en esos documentos", explicó Jaramillo.

El Instituto Profesional (IP) y el Centro de Formación Técnica (CFT) poseen 9 sedes con más de 4 mil alumnos y 200 funcionarios a lo largo del país, incluyendo quienes trabajaban en la Casa Central de calle Lynch. De hecho, en septiembre pasado, luego de un proceso de investigación, la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitó formalmente al Ministerio de Educación (Mineduc) la revocación del reconocimiento oficial del Instituto Profesional (IP) y CFT Los Lagos, y por lo tanto, nombrar un administrador de cierre de la institución.

Fidel Espinoza, senador por la región, precisó que mantiene un cariño y respeto por la ULagos, que es donde se formó como profesional, "no obstante, en este caso creo que se cometieron errores que espero sean parte de la preocupación de la rectoría. Eso significa que se revisen todo los procedimientos que se llevaron a cabo en el proceso de venta del CFT e IP Los Lagos a la Fundación Kimün, liderada por inescrupulosos y sinvergüenzas que pretendieron utilizar el enorme prestigio a la ULagos para sus fines delictuales, como apropiarse de $1.200 millones del Gobierno Regional".

Agregó que "me preocupa que la ULagos se vea enfrentada a procesos judiciales producto del legítimo derecho de los trabajadores de luchar y eso pudiese tener un impacto sobre las arcas de la universidad y repercusiones negativas. Ojalá que se logren acuerdos por el bien de los involucrados. Eso lo dirá la justicia".