Marcelo Galindo

El fiscal del Ministerio Público Marcello Sambuceti, hoy suspendido de sus labores, presentó un recurso de protección en contra de la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Enrique Canales, quien lleva adelante el sumario administrativo en su contra por los mensajes de WhatsApp enviados a Viviana Godoy, administradora del Gobierno Regional, los que fueron intercambiados el mismo día que el gobernador regional Patricio Vallespín decidió llevar documentos al fiscal Marco Muñoz, en el marco de la investigación llamada Caso Convenios.

El requerimiento presentado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por el abogado Roberto Garrido, en representación de Sambuceti, quien está fuera de sus funciones como fiscal adjunto desde principios de agosto. El libelo fue remitido a la Corte de Apelaciones de Valdivia, puesto que los ministros de Puerto Montt se inhabilitaron uno a uno. Entre ellos, destaca el caso de Jaime Vicente Meza, quien es el suegro de Sambuceti.

Sólo hubo un pero. Desde la Corte de Apelaciones de Valdivia devolvieron el recurso a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, porque aún faltaba que se inhabilite la ministra Ivonne Avendaño, quien estaba en un curso en Santiago.

Sin embargo, ayer Avendaño confirmó su inhabilitación, por lo que el documento -que está en el portal del Poder Judicial y al cual tuvo acceso este Diario- fue devuelto a la corte valdiviana, por lo que es factible que hoy mismo el tribunal vea su admisibilidad y resuelva la orden de no innovar.

Ilegalidades

Roberto Garrido, abogado del también ex fiscal jefe de Puerto Montt, explica en el extenso documento de 74 páginas que "la investigación disciplinaria contra mi representado está plagada de vicios, ilegalidades y arbitrariedades, que con manifiesta desviación de poder lo ha privado de un debido proceso racional y justo, todo lo cual debe ser enmendado a la brevedad posible, a fin de no encontrarnos con un término del sumario administrativo, sin que esta parte haya podido concretar -de forma real y efectiva- su derecho a defensa". En el recurso el abogado da a conocer que Enrique Canales, fiscal jefe de Castro, y quien lleva adelante el sumario administrativo, cerró la investigación el pasado 22 de septiembre.

Garrido sostiene en el recurso que la acción constitucional tiene como base las acciones u omisiones, arbitrarias e ilegales, en el desarrollo de un procedimiento disciplinario que mantiene privado de sus funciones a su representado, en "donde ni siquiera se le ha permitido contar con un término probatorio, todo ello, con manifiesta desviación de poder, y que requiere, desde ya, que se restablezca el imperio del derecho y contar con un debido proceso, no esperando una resolución terminal, que del contexto del