La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió ayer a la detención de cinco integrantes de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) en la Región de La Araucanía: "Esta es la tercera vez que entramos a Temucuicui, después de que por años no se entraba o bien se entraba y el resultado era que efectivos policiales eran asesinados".

"Logramos entrar y en esta oportunidad con el propósito de detener a un grupo de personas, a gran parte de ellos se les logró detener. Todo esto sin que hubiera heridos", destacó la secretaria de Estado, porque "muchas veces se plantea, o se pone en duda la capacidad y la convicción con que nuestro Gobierno está tomando estos temas".

Tohá agregó que a los funcionarios policiales "quiero felicitar, agradecer, y decir ese territorio, como todos los territorios, pueden tener particularidades, pueden tener diversidad, pero la Ley vale en todas partes. Sobre todo la Ley que se refiere a delitos graves".

Características

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó a CNN que la RMM "tampoco tiene una estructura que se conozca públicamente o que se pueda determinar, sino que se trata de una organización a la que adhieren, por comunicados públicos, varias comunidades. Entonces lo que podemos afirmar es que las personas detenidas integran precisamente las comunidades que adhieren a la RMM".

"Una característica de esta organización es que reacciona ante las acciones que se toman por parte de la autoridad: durante este año hemos tenido varias acciones que los han afectado, no sólo en términos de procedimientos, sino que también de condenas", por "delitos similares a los que hoy estamos conociendo", agregó el persecutor.

Garrido sostuvo que "lo que pretenden es expulsar a cualquier persona que pueda competir con ellos en el control de ese lugar, pero ellos con el propósito, por ejemplo, de realizar actividades ilícitas".

Kilómetros más al sur, en San Juan de la Costa, Los Lagos, se registró durante la noche del jueves el incendio de dos camiones, una máquina y una camioneta en un predio agrícola. Radio Bío-Bío indicó que en el lugar se encontró un lienzo de la Resistencia Kunko Huilliche.

Dos locales fueron baleados en las primeras horas de ayer en Estación Central, Región Metropolitana, luego de que a sus dueños les exigieran la entrega de $100 millones o, de lo contrario, dañarían a sus familias y trabajadores. La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "la extorsión es un tipo de delito que en Chile era muy raro y que hoy día estamos viendo más frecuentemente". El jefe de la Brigada investigadora del crimen organizado (Brico), Juan Pablo Pardo, agregó que existe "un cúmulo de situaciones o hechos delictuales donde involucran extorsiones a comerciantes del sector de Santiago y Estación Central".

Dos efectivos del Ejército quedaron en prisión preventiva y otros dos con arresto domiciliario nocturno luego de ser detenidos por la PDI y formalizados por comercializar a través de redes sociales tres lanzacohetes AT4 de propiedad de la institución armada.

El hecho fue descubierto por un agente de la policía civil que se hizo pasar un comprador de Marketplace de Facebook. El funcionario detectó que uno de los involucrados pedía 2,5 millones de pesos por cada unidad del mencionado armamento.

Posteriormente, la PDI vinculó a cuatro funcionarios del Ejército con el caso, además de un civil, quien ofrecía el armamento en redes sociales.

"Realizamos un agente encubierto virtual y logramos reunirnos con el sujeto que vendía este armamento, logrando posible una transacción y estableciendo en la flagrancia la posición de este elemento prohibido. Es un lanzacohetes que mantiene sus piezas y que, aparte de ser prohibido, son también prohibidas sus partes y piezas", detalló el subprefecto Juan Pardo, jefe de la Brico de la PDI.

Tras la formalización, quedaron en prisión preventiva el teniente Eduardo Muñoz y el cabo Carlos Parada por el delito de tráfico de armas de guerra, al igual que el civil Juan José Sepúlveda, mientras que los cabos Raquel Delgado y Javier Tapia quedaron con arresto domiciliario nocturno.

El Ejército aseguró que "el material de lanza cohete mencionado corresponde a envases de material en desuso, percutado y no activo"; aunque rechazó "enérgicamente cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito" o que vulnere el ordenamiento legal vigente.

El Gobierno calificó el hecho como "gravísimo" y "una verdadera traición a la función pública de quienes se deposita la confianza para defender la seguridad exterior del país".