drogas en pequeñas cantidades".

En cuanto a los otros cuatro imputados, Cecilia Quiroz Reyes, Ignacio Vallejos Quiroz, José Alvarado León y Osvaldo Arévalo Ortuño, estos últimos venezolanos, fueron detenidos el martes 10 de octubre alrededor de las 19.30 horas en Alerce, cuando el personal policial procedió a fiscalizar el vehículo que era conducido por la mujer.

Explicó que les decomisaron "dos cartuchos de escopeta, y otros dos sin percutir, había munición en el interior del vehículo. Huyeron de carabineros hacia un sitio eriazo, arrojando -mientras huían- una escopeta calibre 12 apta para el disparo. Son detenidos y estos hechos constituyen porte ilegal de arma de fuego y munición".

Junto ello la fiscal informó además que Orlando Alvarado y Cecilia Quiroz registran antecedentes penales, entre ellos condenas por microtráfico de drogas.

Drogado

La abogada Tábata Recabarren, defensora de Luis Miguel Muñoz y Orlando Alvarado, reconoce que sus representados estaban drogados el día de los hechos, pero que no habrían portado armas.

Criticó la falta de pruebas de la Fiscalía, elemento que sirvió de excusa para pedir una ampliación de la detención.

"Desde un principio mi representado ha colaborado. Permitió revisión de su teléfono y dio muestras de colaboración e incluso para que vean si tenía pólvora o no en las manos. El objetivo de esta ampliación dice relación con la llegada de estos resultados. No es posible acreditar que mis representados hayan utilizado armas".

Sergio Coronado. abogado privado en representación de los imputados Cecilia Quiroz e Ignacio Vallejos, se pregunto si las pruebas halladas en el automóvil en el que se movilizaban los imputados eran suficiente para acreditar la imputación.

"Lo que hay son cartuchos en el vehículo. No hay elementos que le permita a la Fiscalía sostener que doña Cecilia o don Ignacio hayan sabido que esos cartuchos estaban allí".

Ampliación

La defensora penal pública, Viviana Hinostroza, puso en duda la participación en los hechos de los dos extranjeros, José Alvarado y Osvaldo Arévalo, criticando además la falta de pruebas.

"La prognosis de pena para la prisión preventiva es desproporcionada. Llama la atención que se pidió ampliación para solicitar más antecedentes. Me confirman que si se realizaron esas diligencias, pero curiosamente esas diligencias no están en la carpeta", reveló.

Señala que la información entregada respecto de sus representados fue dada a conocer por peatones.

"Se recibe información de transeúntes y no se sabe quienes fueron, no hay lazo concreto. Cómo el Ministerio Público pretende atribuir el hallazgo de un arma en un sitio eriazo, no hay certeza de aquello. No se puede atribuir a todos los ocupantes del vehículo la posesión de este elemento".

Prisión preventiva

El juez de Garantía Cristian Alfonso junto con confirmar para los 6 imputados la prisión preventiva, decretó un plazo de la indagatoria de 70 días.

"La información es distinta y hay diversas fuentes, pero si se une se da cuenta que las mismas personas son las que arrojan la escopeta y sí se encuentran municiones, respecto a los 4 que iban en el vehículos fiscalizado. Respecto de los otros dos, en su domicilio se encuentra droga y 14 aparatos celulares. Concurren los presupuestos materiales en cada uno de los imputados". Recordó que uno de los imputados registra en el sistema 8 condenas.

Las defensas comentaron que estudiarán la resolución y que no descartan apelar.

"Desde un principio mi representado ha colaborado. Permitió revisión de su teléfono y dio muestras de colaboración"

Tábata Recabarren,, abogada defensora.

"Mantenía bajo su guarda especies, una pistola calibre .40 y 29 cartuchos, chaleco antibalas, dos cascos balísticos, bolso color café con sustancia rosada "

Pamela Salgado ,, fiscal adjunto.

70 días es el plazo decretado para que la Fiscalía lleve adelante la investigación de este caso ocurrido en Alerce.

14 celulares se encontraron en uno de los domicilios de los imputados, los que fueron sometidos a diversos peritajes.

"Que el día miércoles 11 a las 19.48 horas recibí un llamado desde el teléfono +56 9... al que tengo identificado como correspondiente a la fiscal asignada a esta causa señora Nathaly Yonsson y con dicho nombre se identifica y me señala lo siguiente: "Te doy plazo para mañana a las 3 (horas p.m.) para que tus representados declaren, caso contrario no les garantizo 11/9".

Así la abogada Tábata Recabarren, defensora de dos de los seis imputados por los delitos de Ley de Drogas y tenencia de armas de fuego y municiones, se refirió al incidente registrado con la persecutora penal, por lo cual presentó una cautela de garantías, en el Juzgado de Garantía.

Aunque esa solicitud fue rechazada por el magistrado Cristian Alfonso, el juez hizo mención que este es un tema que debe ser tratado en sede administrativa en el Ministerio Público.

Lo que buscaba la fiscal Yonsson (al aplicar el artículo 11 número 9) era que los imputados entregaran declaración, lo que significa una cooperación sustancial al esclarecimiento de los hechos, y, por lo tanto, ante un eventual juicio es una atenuante.

Para Recabarren "estos hechos constituyen por parte de la señora fiscal una amenaza al debido proceso y al principio de objetividad. Es una amenaza al derecho fundamental al debido proceso, a su derecho a defensa y al principio de no incriminación".

Agregó que como defensora conoce y entiende "que la valoración de la atenuante corresponde al tribunal y no a la fiscal de la causa, pero incide en la prognosis de la pena correspondiente a la acusación e incide en la oposición de determinación de pena".

La abogada también mencionó que la fiscal enfrenta un sumario administrativo. "Es de público conocimiento que la fiscal de la causa enfrenta un sumario por amenazas".

Desde la oficina de Comunicaciones del Ministerio Público indicaron que esta es una situación que "se enmarca en una discusión jurídica, que fue resuelta en la misma audiencia, en la que el juez determinó rechazar la solicitud de cautela de garantía".

De acuerdo al juez Alfonso, explican en la Fiscalía, las presentaciones administrativas corresponde efectuarlas ante los órganos competentes. "En cuanto al supuesto sumario por amenazas a la que alude la defensora privada, no es efectivo, ni podría ser de público conocimiento, atendido el deber de reserva de los expedientes administrativos".

19.48 horas del miércoles 11 de octubre se efectúo la llamada de la fiscal Yonsson a la abogada Tábata Recabarren.