Carlos Ilabaca

La Secretaría Regional Ministerial de Educación en Los Lagos confirmó, de manera escueta, la existencia de una investigación administrativa en contra del director Provincial de Educación de Llanquihue, Gerardo Saldivia (RD), la que se inició a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual que presentó un trabajador de esta repartición en Puerto Montt.

La denuncia fue formalizada por escrito el pasado 27 de septiembre ante la Seremi de Educación por parte del propio afectado, un trabajador de 29 años, educador diferencial.

El funcionario, quien lleva actualmente 7 meses desempeñando funciones de supervisor en la Dirección Provincial de Educación, denunció haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte del jefe provincial, para lo cual aportó evidencia material como mensajes de Whatsapp, correos electrónicos y un audio.

Posteriormente a interponer la denuncia escrita, el 10 de octubre, el trabajador presentó una licencia médica por estrés laboral y ansiedad, la que lo mantiene hasta hoy alejado de sus funciones.

Según trascendió ayer, no sería ésta la única denuncia presentada, pues extraoficialmente se indicó que existiría una acusación por presunto acoso laboral de parte de la misma jefatura en contra de este funcionario.

Silencio en Educación

El Llanquihue se comunicó con la Seremi de Educación de Los Lagos, desde donde declinaron entregar más detalles del hecho, producto que se encuentra bajo una investigación administrativa interna.

Este medio también confirmó que el director provincial de Educación, Gerardo Saldivia, se mantiene en funciones, puesto ayer participó de una jornada regional de Educación que se llevó a cabo en el hotel Vicente Costanera. La autoridad de Educación fue abordada por El Llanquihue, y consultada por la denuncia, pero se excusó también de emitir cualquier declaración por existir una investigación en curso.

Preguntado el director sobre si ha sido notificado de alguna investigación en su contra, Saldivia no confirmó ni tampoco descartó la situación.

Plazos y protocolo

Por su parte, Jorge San Martín, presidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), expresó que, formalmente, la asociación no ha tomado conocimiento de la denuncia y recordó que el propio Mineduc determinó un protocolo de acción para abordar este tipo de casos, que establece que la primera denuncia debe ser recepcionada por la institución.

"Hay un plazo que entiendo que son de 3 días hábiles a contar de la fecha en que se hace efectiva la denuncia y ahí es donde se le notifica al funcionario si esa denuncia fue acogida o no por el receptor que está designado. Si esa denuncia fue acogida, efectivamente pasa a un proceso de investigación. Entonces, si desde la secretaría señalan que obviamente hay un proceso de investigación, es que probablemente haya sido acogida, lo que me parece bien, porque si hay una denuncia se tienen que investigar los hechos para esclarecerlos y brindarles también tranquilidad a todas las personas que se puedan ver involucradas", manifestó.

El 7 de marzo de 2023 el Mineduc publicó la Resolución Exenta N°1254 que "Establece un procedimiento interno para la investigación y sanción de denuncias de maltrato, acoso laboral y sexual". En el punto 9.5 del protocolo, relativo a la evaluación de la denuncia, se determina que "el (la) Subsecretario(a) de Educación o el(la) Seremi de Educación, según corresponda, conforme lo establecido en el artículo 90b del DFL N°29 de 2004, tendrá un plazo de tres días hábiles para pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presentación y admitirla a tramitación".

La familia del funcionario confirmó que desde la fecha de la denuncia ninguna autoridad de la Seremi de Educación lo ha contactado para informar la admisibilidad de la misma.

Finalmente, el dirigente de Andime enfatizó que toda denuncia "es un tema delicado. Ante cualquier caso, nosotros como funcionarios vamos a estar obviamente pendientes y vigilando siempre que no ocurran este tipo de situaciones. Pero, si llegaran a ocurrir, si llegaran a denunciarse, lo primero que se tiene que hacer es investigarse de acuerdo al protocolo que está internamente establecido en el Ministerio", especificó San Martín.

27 de septiembre

E n línea con la Estrategia de Fiscalización Ambiental para Centros de Engorda de Salmones (CES) y con la Estrategia de Inteligencia Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzó a implementar acciones de seguimiento para informar preventivamente a los titulares de la industria sobre su producción estimada a la fecha, en relación al máximo autorizado en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Es la primera vez que la entidad fiscalizadora realiza una acción de este tipo en materia de producción.

A través de un algoritmo estiman la producción de centros con ciclos en curso y, posteriormente, ser informada a los titulares a través de reportes masivos de análisis, a fin de implementar acciones preventivas para no exceder el máximo autorizado en su RCA al finalizar del ciclo productivo.

El pasado 13 de septiembre, vía correo electrónico, enviaron 237 reportes a titulares de CES en las regiones australes del país: 99 a centros ubicados en la Región de Los Lagos, 108 en la de Aysén y 30 en la de Magallanes, para dar cuenta de su producción estimada a la fecha. Esto continuará de manera periódica durante el año.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, especificó que "los titulares serán alertados con anterioridad respecto de cómo va su nivel de producción, de acuerdo a lo que se indica en su permiso ambiental, para que se ajusten a ello".

Plumer recalcó que las empresas no sólo deben contar con una RCA para funcionar, sino que "deben cumplir con las exigencias establecidas en el permiso. La responsabilidad mínima es cumplir con las normas ambientales y sus autorizaciones".

La información entregada en los reportes utiliza datos actualizados obtenidos desde el Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), e incluye la identificación de la Unidad Fiscalizable -identificación del titular, ubicación geográfica y código del centro en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA)-, además de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que establece su producción máxima autorizada, y la producción efectiva estimada a la fecha.