"Le pedimos al fiscal que al menos (el alcalde) pueda recibir su sueldo, pero hasta eso está retenido"
Como una defensa activa califica el abogado Andrés Firmani, quien asesora legalmente como persona natural al alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, la nueva estrategia jurídica que busca ejercer en tribunales, en respuesta a la investigación por eventuales delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos que lleva adelante el fiscal Marco Muñoz.
Si bien esta asesoría comenzó en el mismo momento en que el abogado Marcos Velásquez interpuso -el año 2021- una querella contra la autoridad comunal por la compra en efectivo de propiedades con un valor de $339.690.347, esta se renovó con un nuevo mandato de Paredes tras los eventos del 13 de septiembre, cuando 13 dependencias municipales fueron allanadas por un nutrido contingente del OS7.
El abogado Firmani, quien solicitó al Juzgado de Garantía una audiencia citando el art. 186 del Código Penal, para que se le informen los delitos por los que se investiga a su cliente, no oculta su crítica por lo que considera una "persecución política" y actuaciones "desproporcionadas" de parte del fiscal, como por ejemplo mantener congelada su única cuenta corriente e impedirle a la autoridad recibir su sueldo.
-Debido a la reserva de la investigación contra el alcalde de Puerto Montt, ¿se le ha complicado preparar una adecuada defensa?
-Absolutamente. Y en este caso por los delitos que caen en la ley de lavado de activos se produce, por una referencia absolutamente legal, esto de que el fiscal puede investigar secretamente hasta 6 meses incluso y renovable por otros 6 meses más. Durante este periodo, cualquier persona que esté siendo investigada queda como en un limbo jurídico, absolutamente a expensas y a la mera discreción del persecutor. Sabemos que se está investigando algo relacionado con lavado de activos, pero no sabemos en concreto cuáles son las calificaciones jurídicas, los delitos específicos, porque se habla de cohecho, enriquecimiento ilícito, pero de una manera muy general, y es por eso que pedimos la audiencia.
-Usted se ha referido a las medidas intrusivas que han sido parte de esta investigación. ¿Tiene reparos a la forma cómo se han llevado a cabo procedimientos?
-Sí, absolutamente cuestionable desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la dignidad y lo que significa la imagen pública del alcalde de Puerto Montt. En el caso particular de Gervoy Paredes fueron hasta su casa, estaba su señora; fueron a la casa de la mamá que tiene 93 años, con enfermedades de base. Van con 50 ó 60 funcionarios de Carabineros y llegan a la municipalidad en horario de oficina, cuando era tan simple como ir el fiscal con uno o dos funcionarios, contando con una orden judicial que lo habilitaba, la que nadie iba a desconocer, nadie iba a repeler esta especie de operativo casi hollywoodense. ¿Qué pensaba el fiscal, que iba a recibir una respuesta armada, de fuego cruzado?
-Cuando usted menciona que se allanó la casa de la madre, ¿era un domicilio distinto al del alcalde?
-Distinto. No en la ciudad, en el campo. Una cuestión que yo no había visto ni en la primera arista del 2021 en que se denunciaba el tema de enriquecimiento ilícito por Marcos Velásquez y que significó incluso que mi cliente compareciera a declarar entonces ante la fiscal de la causa, Myriam Pérez. Desde ahí a la fecha no hubo necesidad de incautarle nada, de retenerle dineros, de dejarle congeladas sus cuentas. El cambio de fiscal para mí es paradigmático, pasamos de Myriam Pérez, que es una dama, una persona muy seria, que conozco y respeto profundamente; a un fiscal que, con el poder que cree tener, casi desmesurado a mi juicio, está haciendo no sé si es propaganda para ser fiscal regional en el futuro, pero esto no era necesario.
Desproporcionado
-En función de esta solicitud al Tribunal de Garantía, ¿usted cree que existe algún antecedente por el cual el Ministerio Público pudiese formalizar investigación en contra de su cliente?
-La audiencia por el art. 186 del Código Penal permite a toda persona que está siendo objeto de investigación, ordenarle a un juez que cite al fiscal para que le informe, y si tiene antecedentes que formalice inmediatamente; o si no, le exige un plazo para ello. Yo creo que si ellos tuvieran antecedentes serios, concretos, del nivel que se requieren para ir a un juicio oral, de eso estoy hablando, no meros indicios y sospechas, a don Gervoy Paredes lo habrían formalizado el 2021 o 2022. Han estado 3 años revisándole la cuenta corriente, sus propiedades, todo lo que te puedas imaginar. Y lo peor de todo, le pedimos al fiscal al menos poder ocupar la cuenta, por lo menos poder recibir su sueldo, pero hasta eso está retenido. Nos responde que no a lugar en base al delito por el cual se está investigando, insisto que no sabemos cuál es, y a renglón seguido me pone, por la eventual pena de comiso, que es la pena de pérdida de estas especies, dinero, en el caso que haya una sentencia a firme y ejecutoriada que así lo ordene; o sea, están condenando de antemano a Gervoy Paredes. El cuestionamiento que yo hago es la desproporción y el descriterio asociado a la falta de humanidad, porque hay gente detrás, hay familia, hay hijos, hay cuentas que pagar y más encima estamos hablando del alcalde de Puerto Montt. Aquí, a mi juicio, se han sobrepasado todos los límites éticos, humanos, humanitarios, de proporción y de criterio que deben guiar el actuar de un persecutor, y por esa razón dijimos basta.
-A su juicio, ¿existe justificación para el patrimonio del alcalde hoy día?
-Le puedo responder lo mismo que le respondí a la fiscal Myriam Pérez en el caso del supuesto enriquecimiento ilícito. Nosotros hicimos llegar a la fiscal, en una declaración a la que fuimos voluntariamente, y entregamos la documentación que respalda los créditos de consumo, a los cuales tiene derecho Gervoy Paredes como cualquier ciudadano, créditos hipotecarios en los distintos bancos que él tenía cuentas y que da cuenta de contratos firmados en notaría, inscripción, toda la documentación bancaria, tal cual como cualquier persona que puede pedir créditos. Todos los ciudadanos de a pie, también el alcalde, tienen derecho a comprarse propiedades, ¿y si el banco le presta, porqué no? ¿y si están los contratos porqué no?