Marcelo Galindo

"Cualquier persona que se considerare afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación".

Este es el artículo 186 del Código Procesal Penal planteado en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt por el abogado Andrés Firmani, quien representa al alcalde Gervoy Paredes, para que el Ministerio Público aclare qué acciones penales está siguiendo contra el jefe comunal, tras los allanamientos realizados en la casa edilicia el pasado 13 de septiembre.

"La petición la pedí por escrito al Tribunal de Garantía para el 13 de octubre, pero el abogado (Marcos) Velásquez pidió que la audiencia sea reagendada para tres días después, por lo que la audiencia fue fijada para 16 de octubre a las 10 horas", sostuvo Firmani.

El abogado Marcos Veláquez, el 5 de mayo de 2021 presentó una querella por enriquecimiento ilícito contra el alcalde Paredes, por diversas propiedades adquiridas por la autoridad en Puerto Montt y la zona norte del país.

Velásquez, el lunes 16 de octubre también estará presente en la audiencia como querellante. Al ser requerido por El Llanquihue, no quiso comentar su participación en el caso.

Derecho

El abogado Firmani expuso que ninguna persona está obligada a soportar que le estén investigando "e incluso realizando medidas intrusivas, precautorias y cautelares, sin saber por qué se realizan esas diligencias".

Producto de ello es que formalizó la solicitud ante el Juzgado de Garantía para que el fiscal Marco Muñoz informe por qué están investigando al jefe comunal puertomontino.

"Él tiene derecho a saber por qué lo está investigando y saber por qué delito. Estamos en el limbo jurídico y los tipos penales y las calificaciones por las cuales están investigando".

Ratificó el penalista que el abogado Velásquez pidió aplazar la audiencia para el 16 de octubre.

Diligencias

En el marco de la misma causa, el jueves el Ministerio Público dispuso, tras una autorización otorgada por el Tribunal de Garantía, un nuevo allanamiento en la Municipalidad.

Aunque no está claro cuáles serían los documentos requeridos esta vez por el fiscal Muñoz, fuentes cercanas a la indagatoria indican que se trataría de la ficha social de Gervoy Paredes desde el año 2008, fecha en que se desempeñaba como concejal de Puerto Montt.

El fiscal Muñoz apuntó brevemente ayer que se dio cumplimiento a diligencias de entrada y registro e incautación, autorizada por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, a dependencias del DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt. "La diligencia fue cumplida con la asistencia de personal del OS 7 y tenía por objeto obtener la incautación de documentación relevante para la investigación. En cuanto a la diligencia, su resultado fue negativo. Por razones de secreto no me puedo referir al contenido de ella", expresó.

Querella

Los antecedentes vertidos en la acción penal presentada por el abogado Velásquez, dando cuenta de un presunto enriquecimiento ilícito del alcalde Paredes, indica que hubo un incremento patrimonial por la adquisición de bienes raíces por un monto de $572.877.972, en sólo cuatro años de gestión como jefe edilicio.

Parte de la querella señala que la autoridad pagó "$339.690.347 en dinero efectivo, lo que consta en las respectivas escrituras de compraventa".

Agrega el documento que "ello, además, parece injustificado para un funcionario publico que percibe un ingreso elevado para el común de los ciudadanos, sin dudas, pero, que es similar al que percibe un ministro, relator o fiscal de Corte de Apelaciones, o un fiscal adjunto del Ministerio Público. Estoy cierto que ninguno podría ostentar un patrimonio similar en sólo 4 años. Así, es el querellado quien debe justificar su adquisición, especialmente los primeros 3 inmuebles comprados en efectivo, por más de $200 millones en corto espacio de tiempo".

13 de octubre fue fijada en primera instancia la audiencia, pero a solicitud del querellante Velásquez, se cambió para el lunes 16.

186 es el artículo del Código Procesal Penal que permite que una persona o su abogado pidan que se aclare la situación procesal.

Funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt detuvieron ayer en la madrugada a un hombre de 34 años, imputado de protagonizar un robo con intimidación, haciéndose pasar por un funcionario de la policía uniformada.

El mayor Cristian Becerra, jefe de la Segunda Comisaría, informó que los hechos ocurrieron en medio de patrullajes focalizados.

Personal de la Subcomisaría Reloncaví detectó en el viaducto, a un automóvil que transitaba sin placas patentes.

Se trataba de un vehículo Kia, modelo Morning, cuyos ocupantes aceleraron el móvil al ver la presencia policial. Sin embargo, al llegar a población Antuhue 4, uno de los pasajeros descendió del automóvil, lo que permitió a Carabineros darle alcance.

Se trata de un hombre de 34 años, apodado el "Biggi", quien bajo su chaqueta llevaba un chaleco antibalas, de color negro.

Robo con intimidación

Mientras se realizaba la diligencia, en la guardia de la Segunda Comisaría se presentaron tres personas, víctimas de un robo con intimidación.

Según su relato, un grupo de 5 individuos con vestimentas de color verde similar a la de Carabineros, a rostro descubierto y portando chalecos e de color negro, se identificaron como funcionarios de la policía uniformada, solicitando sus documentos. Los falsos carabineros los intimidaron con armas de fuego, para sustraer sus pertenencias.

De esta manera, señaló el oficial, "a raíz de este control de identidad, permitió a Carabineros efectuar las diligencias tendientes a establecer el delito, lo que permitió posteriormente el reconocimiento del autor de los hechos por parte de las víctimas".

El oficial reveló que el imputado registra 19 detenciones por delitos de mayor connotación social, cometidos principalmente entre las comunas de Puerto Montt y Osorno.

El comisario Becerra destacó la importancia de realizar en forma oportuna la denuncia de los delitos.