Carlos Ilabaca

Con sorpresa reaccionaron los consejeros regionales que integran la Comisión de Economía y Hacienda, luego que en la instancia convocada este martes para conocer detalles del proceso de auditorías que licitará el Gobierno Regional (Gore), la jefa de la Unidad de Control, Silvana Paredes, informó que ocho fundaciones y corporaciones a las cuales se les transfirieron recursos para ejecutar programas estarían en proceso de investigación por parte de la Fiscalía Regional en el marco del denominado Caso Convenios.

El antecedente que surgió en la sesión alertó a los consejeros, quienes inclusive pidieron que se les entregara la información formal y por escrito, lo que ocurrió durante la misma tarde.

De acuerdo al documento proporcionado por la jefa de Control a los cores, al cual tuvo acceso El Llanquihue, en total serían 14 los programas bajo investigación, los que están a cargo de ocho instituciones ejecutoras con las cuales el Gore firmó convenios para la transferencia de recursos.

El listado incluye tres programas que ejecuta la Fundación Chinquihue ("Transferencia Programa Mercados Pesca Artesanal Región de Los Lagos", "Recuperación Apoyo a la Pesca Artesanal Demersal y de Agreación de Valor", y "Apoyo a la Regularización de Caletas en Zonas de Rezago"), uno de la ONG Poloc ("Fomento Productivo, Asesoría Técnica y Comercial al Turismo Rural en Zona de Rezago"), otro de la Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo ("Recuperación Fortalecimiento del Sector Silvoagropecuario Indígena de la Provincia de Osorno"); cuatro programas que realiza la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, Codesser ("Recuperación Programa de Ferias", "Programa de Mercados Agrícolas Provincial de Llanquihue", "Programa Desarrollo Artesanal" y "Transferencia Turismo Rural Región de Los Lagos"). De igual modo figuran en el documento la Fundación Centro Universitario para la Innovación ("Recuperación Programa Recolectoras de Orilla Provincia de Palena"), la Fundación Travolution con dos programas ("Fortalecimiento Turismo Chiloé", y "Recuperación Turismo Pesca Artesanal Región de Los Lagos"), los que se suman a los programas de saneamiento de títulos asignados a la Fundación Participa y a la Corporación Kimün. Respecto de esta última, cabe recordar que el Gore decretó el término anticipado del convenio de transferencia con fecha 17 de julio.

Extrañeza en el Core

"La unidad de Control se enteró a partir de las indagatorias que ha hecho, pero hasta el momento no teníamos nosotros esa información de manera formal, que habían más de tres investigadas", comentó con extrañeza el core que representa a Osorno, Francisco Reyes (PS).

Similar reacción tuvo su par de Llanquihue, Juan Cárcamo (Ind.). "Para nosotros fue una sorpresa. La jefa de la Unidad de Control nos informó que eran ocho las entidades y por tanto solicitamos de inmediato que nos entreguen durante la tarde la información completa de cuáles son las instituciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público", enfatizó.

Por su parte, la consejera María Angélica Barraza (UDI), quien preside la comisión de Hacienda del Core, comentó que "eso se nos informó por parte de la unidad de Control, que son ocho en total las que estaría investigando Fiscalía. Nos entrega esta información en base al conocimiento que tiene ella, ahora nosotros tenemos que corroborar si es así, porque la unidad de Control es la que ve, fiscaliza todo lo que está ocurriendo, entonces nosotros queremos saber de dónde salió esa fuente", preguntó.

Fiscalía responde

Diario El Llanquihue consultó también a la Fiscalía Regional de Los Lagos sobre la información emitida en la comisión de Hacienda del Core. Desde la Unidad de Comunicaciones, sin embargo, se precisó solamente que, hasta el momento, "sólo se puede confirmar la investigación de las tres fundaciones ya conocidas, pero no se descarta ampliar las indagaciones a otras".

Una compleja situación enfrentan 29 convenios de transferencia firmados por el Gobierno Regional de Los Lagos con fundaciones y corporaciones, que se encuentran congelados en su toma de razón, luego que Contraloría volviera a representar tres programas respecto de los cuales ya se habían respondido observaciones previas.

Según comentó María Angélica Barraza, presidenta de la Comisión de Hacienda del Core, en la respuesta que el propio contralor dio a la Unidad Jurídica, ante la insistencia por volver a presentar los programas, se condiciona la toma de razón de los programas al término de la auditoría que la Contraloría lleva a cabo al interior del Gobierno Regional.

"Estos recursos se entregaron sin toma de razón de Contraloría y eso está claro que dentro de la administración pública no se debe ni se puede hacer. Esto no es un cambio de criterio de Contraloría, sino que esto ha sido siempre igual, que mientras no se tome razón por la Contraloría respecto a programas no se pueden hacer las transferencias y en este caso se cometió el error de transferir antes de tener la toma de razón de este organismo público", cuestionó la consejera.

En tanto que el core Juan Cárcamo expresó que "es el ejecutivo, el gobernador regional, el que tiene que pronunciarse con respecto a la situación en que se encuentran los distintos programas que no tienen toma de razón. Aquellos programas que él determine parar y aquellos que él determine darle continuidad, porque el Consejo Regional ya emitió su pronunciamiento y los aprobó, pero nosotros no somos responsables, el cuerpo colegiado como tal, no es responsable en la ejecución del presupuesto", recalcó.

Cárcamo planteó este martes la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria del Core, ya no para analizar el tema de los convenios, "sino para hablar cómo vamos a terminar el presupuesto 2023, un presupuesto que se proyecta para este año llegar a los $154 mil millones, de los cuales ya se han ejecutado $120 mil millones. Para mí lo más importante en este momento es mirar hacia el futuro", dijo.

Entre mayo o abril de 2024 podrían conocerse recién los primeros resultados de las auditorías que fueron aprobadas por el Consejo Regional en la sesión del pasado 8 de septiembre y que tendrán un costo de $180 millones.

Se trata de una auditoría externa que lleva por nombre "Evaluación de la situación presupuestaria y estado de la situación financiera del Gobierno Regional", y que revisará entre los años 2020 al 2022. A esta se sumará una auditoría interna solicitada por el Consejo Regional a los programas, proyectos y la ejecución presupuestaria, que abarcará entre 2017 al 2019.

Actualmente se está a la espera de la aprobación de los recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, como etapa previa a la elaboración de los términos técnicos de referencia y la posterior licitación.

El consejero Francisco Reyes informó que un mismo oferente se encargará de ambas auditorías. Por tal motivo, observó que es necesario que la auditoría al Gore tenga preinformes con estados del avance en plazos estipulados en la licitación. Asimismo, pidió que la auditoría interna del Core tenga prioridad, por cuanto abarca plazos más cortos y por lo tanto se conocería más pronto.