Carlos Ilabaca

No fue en virtud de una denuncia, sino que información de terceros lo que permitió activar una investigación sumaria al interior del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con la finalidad de esclarecer eventuales pagos de coimas o sobornos a un funcionario de esa repartición.

El inicio de la investigación administrativa, en una fase inicial, fue confirmado a El Llanquihue desde la propia dirección regional del SAG, a través de una declaración que expresa que "el servicio recibió información de terceros externos al servicio, respecto a comentarios y/o rumores que circulaban, y que referían a que se debía pagar un soborno o coima a un funcionario para ejecutar un acto propio de su cargo, por infringir sus deberes, por omitir algo, por ejercer influencia".

A través de esa misma declaración, el SAG precisa que "se determinó informar al área jurídica institucional, desde donde se instruyó la investigación sumaria para esclarecer los antecedentes y determinar si existe eventual responsabilidad administrativa, como por ejemplo, una falta grave a la probidad".

Quien también dice haber recibido informes sobre esta situación fue el concejal de Puerto Varas, Marcelo Salazar (UDI). La autoridad edilicia precisó que tampoco se trata de una denuncia, sino que sólo antecedentes que son vox populi en la comuna, relacionados con la tramitación de permisos para autorizar la subdivisión de predios o parcelaciones.

Junto con precisar que la información recibida se relaciona con dineros entregados en un valor superior a los $10 millones a una persona del SAG, el concejal enfatizó que una investigación sumaria resultaría insuficiente para esclarecer estos hechos tan graves.

A Contraloría o fiscalía

"Es un error el sumario, porque si lo hacen funcionarios del mismo servicio que está siendo cuestionado, estos (hechos) son de tal relevancia que en realidad debiera realizarlos un organismo externo; por ejemplo, la Contraloría General de la República, porque es el único organismo que nos va a dar certeza de que lleguemos a conocer la verdad", enfatizó el edil, quien inclusive no descartó pedir que el Ministerio Público pueda actuar de oficio en este caso.

"Hablamos no sólo de aceptar una coima para poder ejecutar un proyecto o un plan habitacional o una parcelación, estamos hablando de que esto puede ser definitivamente una Caja de Pandora si empezamos a destaparlo, porque tampoco tenemos certeza de si esto es una acción individual y recién está sucediendo o definitivamente es una acción que se lleva realizando concertadamente en el tiempo y también puede tener más actores", apuntó.

Por esta razón, Salazar estimó que "se debe actuar rápido y sin contemplaciones para que el cáncer de la corrupción no empiece a proliferar y se desborde esto como en el caso de las fundaciones", recalcó.

Visto bueno

El Servicio Agrícola y Ganadero es el único que puede autorizar la subdivisión de un predio, a petición del interesado, luego de realizar una inspección, revisar los planos y ver que se cumpla con todas las normativas.

De ser así, el SAG otorga el visto bueno, que se expresa a través de un certificado que autoriza la subdivisión. Este trámite es la piedra angular para otras gestiones posteriores, como la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces o la solicitud a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de un permiso para construcción.

Según consigna el estudio del IPSUSS 2022, "Fragmentación del suelo rural en la comuna de Puerto Varas. Cifras e imágenes de un futuro insostenible", entre los años 2012 y 2021 el SAG autorizó 1.267 proyectos de subdivisión, correspondientes a 28.007 nuevos predios rústicos de 5.000 m2 y más. De ese total, sólo en 834 casos han obtenido un permiso de edificación.

En ese sentido, el edil lacustre se preguntó si "ese visto bueno finalmente se dio porque técnicamente concordaba o porque alguien le pagó a algún funcionario para que hiciera caso omiso. No puede ser tampoco que un jefe de un servicio, que está destinado a hacer cierto tipo de trabajos, de la noche a la mañana aparezca tomando algunas carpetas, las vise y las pase. Entonces, aquí hay algo que no se estaba haciendo bien. Por eso creo que el ente regulador, en este caso la Contraloría o el Ministerio Público, debiesen tomar cartas en el asunto", insistió Salazar.

1.267 subdivisiones