(la droga) estaba dosificada".

PRISIÓN preventiva

El persecutor solicitó prisión preventiva, por considerar al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, ya que su libertad reviste peligro de fuga.

Para el fiscal Fernández, si bien se trata de delitos cometidos en el ámbito privado, "tiene el carácter de funcionario público en la municipalidad, es un sujeto de especial condición y se establece la obligación de observar una conducta de probidad".

El abogado Camilo Jiménez, defensor del funcionario municipal C.A.S.O., definió que la entrada y registro estaba destinada a al cumplimiento de elementos específicos, como la incautación de tablet, computadores y celulares. "Funcionarios de policía estaban autorizados para ingresar a este inmueble, no así para ingresar a otras dependencias", advirtió.

Según Jiménez, existe una delgada línea en el porte y consumo de drogas. La cantidad encontrada "estaría destinada para su consumo", dijo.

Explicó que la forma de dosificación de esa sustancia no se condice con la suma de dinero encontrada en el domicilio.

"(Son) billetes grandes, con sumas que van entre los 10 y 20 mil a una importante cantidad que puede corresponder al ahorro y no a la venta (de drogas). La marihuana se vende en paquetes de baja cantidad y la cantidad de dinero que debiese encontrarse, debiese ser de billetes de menor entidad. En este caso, no concurre, son billetes de mayor cuantificación que corresponden a un ahorro u otro, pero no de microtráfico", aseguró el defensor.

Apelación

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Francisco Almonacid descartó la prisión preventiva para el imputado y optó por una medida cautelar de menor intensidad, como arraigo nacional y arresto domiciliario parcial entre las 22 y 6 horas.

"No se encuentran elementos para la dosificación y pesaje que permitan la venta al menudeo. La sustancia, si está considerada en la Ley 20.000, estamos más cerca de un consumo personal, porque estaba en su domicilio, ni siquiera en la vía pública", señaló el magistrado, quien agregó que para la "necesidad de cautela no hay pluralidad de delito, la cuantía de la pena no es alta, hay un marco, pero concuerdo con la defensa por la naturaleza de la infracción, y probablemente nos encontramos con penas sustitutivas, la prisión preventiva parece desproporcionada".

El director de Concesiones del municipio no registra antecedentes penales, pero como indicó el juez Almonacid, tiene arraigo familiar y laboral.

Sobre el revólver apto para el disparo que tenía en forma ilegal en su domicilio de Dos Esteros, anotó que la "tenencia del arma de fuego es una infracción formal, pero la tenía en su casa. La prisión preventiva no cuenta con suficiente fundamento, por lo tanto, no a lugar a ella".

No obstante, el fiscal Fernández elevó una apelación verbal, por lo que hoy la Corte de Apelaciones escuchará alegatos y resolverá si acoge la prisión preventiva o si mantiene la medida cautelar.

"peligro inminente"

El senador Fidel Espinoza (PS) dijo que no comprende que "un juez de alta calificación, muy preparado, haya considerado que el señor C.S. no es un peligro para la sociedad, liberando y dejándolo sólo con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno".

Para el parlamentario, un funcionario publico "al que sorprenden con droga, arma ilegal, altas sumas de dinero, constituye desde mi perspectiva un peligro inminente. Hay que confiar en que la justicia actúe y que la Corte de Apelaciones revierta una medida demasiado garantista para delitos tan graves", remarcó.

El concejal Emilio Garrido (DC) dijo que en esta administración municipal ya van cuatro casos relacionados con infracción a la Ley de Drogas.

"La droga es la puerta de entrada al narcotráfico, a la asociación ilícita y especialmente al crimen organizado. No podemos callar estas conductas a nivel municipal. Esperamos que la autoridad tome drásticas medidas, con el fin de que la imagen institucional de la municipalidad no se vea dañada por quienes se alejaron de servir con honestidad a la comunidad", observó.

10 mil y 20 mil pesos eran las denominaciones de los billetes encontrados "en distintas sumas de dinero" de acuerdo al fiscal que lleva la causa, Fabián Fernández.

Cerca de 15 funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, entre ellos el alcalde Gervoy Paredes y el director de Concesiones, Carlos Soto, fueron parte de la entrada y registro a sus dependencias laborales y domicilio el miércoles pasado, en la primera parte de la investigación por presuntos delitos de corrupción, llevada adelante por el fiscal Marcos Muñoz, que consideró la incautación de documentos, tablets, computadores y celulares.

Según el Código Procesal Penal, quienes fueron parte de las primeras diligencias y de los allanamientos a sus elementos tecnológicos personales quedan en calidad de imputados.

La abogada Tabata Recabarren explicó que a una persona "se considera imputada, desde que se dirigen las primeras diligencias en su contra".

Según Recabarren, cuando se dice "las primeras diligencias en su contra", se refiere a cualquier diligencia que le afecte a una persona. Si le allanan un computador, es imputado.

Especificó que "toda la gente piensa que es imputado el que es formalizado, pero eso no es así. Imputado es -según norma expresa del Código Procesal Penal- desde las primeras diligencias que se inician en contra de una persona y que son investigativas".

Formalización

Recabarren explica que cuando la persona es formalizada, no se agrava su situación, "sino que las reglas procesales se ponen sobre la mesa y esta persona empieza a tener derechos, de acuerdo a las reglas del código y los plazos razonables".

Ejemplifica que si un imputado es formalizado, no puede estar en una investigación que dure más allá de dos años. "El imputado desformalizado puede tener una investigación eterna. Ser imputado y formalizado permite una defensa con todas las de la ley".

El miércoles, el abogado Andrés Firmani, representante del alcalde Gervoy Paredes, confirmó que se solicitó la incautación voluntaria en este caso de una serie de artículos de los funcionarios. "En eso, el alcalde (Paredes) igual, porque es funcionario. En esa dinámica, tanto celulares como computadores, carpetas y una serie de documentación que tiene que ver con convenios, contratos, licitaciones y sumarios".

El penalista argumentó que es un procedimiento autorizado por un juez. Junto con recordar que la indagatoria es reservada, mencionó que "no hubo ningún cuestionamiento de parte de ninguno de los funcionarios".

Fe pública

En tanto, el abogado penalista Nofal Abud dijo que los hechos que se están investigando, por involucrar a funcionarios públicos, revisten una particular gravedad, "dado que incluso, para el caso que se llegue a confirmar algún tipo de delito, las penas correspondientes debieran ser agravadas, llegando a penas de crimen y de cumplimiento efectivo".

Para el ex intendente regional, "lo esperable es que todos quienes están involucrados en este tema faciliten, por todos los medios, la más completa investigación a cargo del fiscal Muñoz". Espera "que ojalá se esclarezca a la brevedad posible, porque no le hace bien a la fe pública".

2 años es el plazo máximo que permite el Código Procesal Penal para que una persona permanezca en calidad de imputada, sin ser formalizada.

13 de septiembre se llevó adelante el operativo de entrada y registro autorizada por el Juzgado de Garantía en nueve unidades del municipio puertomontino.