Correo
Oficina fantasma en Alerce
Acerca de la oficina municipal que no presta ninguna utilidad en Alerce, donde la casa edilicia de Puerto Montt, al mando de su alcalde Gervoy Paredes ha pagado más de 40 millones de pesos por un recinto que claramente no ha sido ocupado por alrededor de un año y medio, y solamente adornado por rayados del mundo doméstico, las cosas como son.
El jefe comunal pidió disculpas, las cuales no bastan, sólo queda reflejada su mala gestión en esta y otras áreas como la pileta, calle Antonio Varas, túnel de Salvador Allende, etc. En varios municipios debe acontecer lo mismo, que no se descubra o salga a la luz pública es harina de otro costal.
Si seguimos con oficinas de este calibre, pronto nos encontraremos con los cazafantasmas o con Gasparín. Felicito a la concejala Evelyn Chávez en su rol de fiscalizadora, porque esa es su misión, al contrario de lo que acontece con la mayoría de concejales en otra comuna, conocida por sus esculturas, industrias o lago.
Boris Cortez Gallegos
Diputada Barchiesi
Nada más claro que la sororidad es sólo entre mujeres de izquierda. Impresentable actitud de la diputada comunista en el Congreso contra la diputada Chiara Barchiesi. Las chilenas necesitamos más diputadas que nos representen como la joven Barchiesi, que mujeres adultas que viven de la política que amenaza y nos reprime por pensar diferente a su ideología.
Isidora Suárez Allendes
Traspasos a fundaciones
Mucho ha hablado la prensa y diversos personeros del Gobierno sobre los casos de las fundaciones. Respecto de esto, y como ciudadano común que paga sus impuestos, me permito hacer preguntas: ¿quién hace los sumarios administrativos y cómo se realizan? ¿Los hacen las mismas personas vinculadas a ministerios o a las reparticiones públicas implicadas? Y si así fuese, ¿cómo se garantiza a los ciudadanos la objetividad e independencia de estos sumarios e investigaciones?
La Contraloría descubrió que 29 de 34 casos investigados eran ilegales. Las preguntas son, ¿en qué consisten esas ilegalidades? Sabemos que sólo se han investigado casos que fueron objeto de toma de razón, y la pregunta es ¿cuántos casos de toma de razón efectúa la Contraloría al año y cuántos de ellos no han sido investigados aún?
Se ha comentado que pueden existir varias miles de fundaciones, corporaciones y ONGs que reciben transferencias del Estado, donde la mayoría está por debajo del límite que exige la Controlaría para la toma de razón. Dadas las circunstancia excepcionales de las transferencias dudosas del Estado, ¿acaso no amerita que la Contraloría revisara también estas transferencias?
Pero hay otros aspectos a aclarar. Los ministerios financian la realización de obras de diversos tipos: culturales, educacionales, proyectos de ingeniería, intervenciones de medio ambiente, etc. Y las preguntas son: ¿se realizan chequeos de avances de obras para autorizar nuevas transferencias? ¿Dichos ministerios cuentan con personal calificado que realice los Informes Técnicos de Obras (ITO)? ¿Existen "tratos directos" de los ministerios (especialmente de Obras Públicas y Vivienda) con empresas, cuyos contratos no llegan a la toma de razón por la Contraloría?
Es casi un lugar común hablar de cosas poco claras en los municipios a través de todo el país, especialmente lo relacionado con el control, fiscalización, procedimientos administrativos y legales de los traspasos de recursos a fundaciones y corporaciones privadas vinculadas a ellas. La aclaración de estas incógnitas ayudaría a despejar las sospechas sobre el uso ilícito de los recursos públicos.
Tomás de la Fuente A.
Probidad y el Estado
El conocimiento es poder, y el poder puede ser usado para hacer el bien o el mal. El "Jackson Gate" nos ha permitido entender de forma más gráfica que los conocimientos en la administración presentan el permanente riesgo de que funcionarios desvíen de forma fraudulenta recursos públicos.
Aunque es una obviedad, siempre es bueno recordar que las altas cualidades profesionales y la probidad son igual de importantes si se habla del quehacer de la administración del Estado. Si bien la presencia en el Estado de quienes no tienen las competencias necesarias para desempeñar un cargo público es a todas luces algo negativo, la presencia de quienes teniendo cualidades, carecen del sentido de probidad, genera un real riesgo de que la gestión gubernamental fracase, no por incompetencia, sino que por corrupción, lo que es más grave aún.
En este escenario resulta insólito y lamentable cuestionarse si el hecho de que funcionarios del Gobierno no hayan recibido capacitaciones de administración pública es una buena o mala noticia para el país. Quizás resulte más conveniente que los poderes y recursos públicos los detente gente con cierto nivel de ignorancia, a gente que no tiene sentido de probidad.
Cristóbal Quiroz N.
Liderazgos en el Congreso
Sería importante saber por qué es tanto el interés de algunos honorables por ser elegidos ya sea presidente de la Cámara de Diputados o del Senado.
Es incomprensible ver enfrentamientos entre los partidos e incluso compañeros de bancada para lograr ese nombramiento. ¿Será por vocación de servicio, satisfacción personal (alimentar el ego) o masoquismo?
Jorge Valenzuela Araya
Supremacía constitucional
Según el principio de supremacía constitucional, la Constitución Política de la República es la norma suprema que está en la cúspide del ordenamiento jurídico; razón por la que ninguna norma jurídica, nacional o internacional, puede tener una jerarquía igual o superior a ella.
Adolfo Paúl Latorre