Redacción

Tras la exposición del Presidente Gabriel Boric de la propuesta de Pacto Fiscal, los dos grandes bloques políticos tuvieron reacciones diferentes: mientras el oficialismo se alineó para celebrar el plan del Ejecutivo, la oposición mostró opiniones divergentes que fueron desde la valoración al proyecto hasta la crítica profunda.

Una muestra de este último fenómeno se dio en la UDI, pues la máxima autoridad del país con dicha militancia, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, afirmó que "entiendo importante el cambio de diagnóstico, entiendo que se tomaron decisiones al no insistir en el Senado que los temas vinculados a ese rechazo anterior van a ser postergados hasta marzo, y espero que en este nuevo escenario haya un especial esfuerzo para combatir los actos antiprobidad que se han detectado en los últimos meses".

Sin embargo, desde su mismo partido surgieron ácidas críticas a los planteamientos del Mandatario. El diputado Cristián Labbé comentó que "mientras no exista un cambio profundo en la administración de este Gobierno hoy la UDI no está disponible".

El mismo fenómeno se vio en Renovación Nacional. Por un lado el diputado Frank Sauerbaum destacó que la propuesta "tiene elementos que nosotros pedimos con mucha insistencia, que tenía que ver con una focalización en volver a recuperar el crecimiento". Y por otro la senadora María José Gatica apuntó que "este pacto fiscal parece una lista de supermercado condicionada a la aprobación de una reforma tributaria".

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) mostró disposición al diálogo: "Nosotros vamos a conversar, pero no estamos de acuerdo que haya que subir impuestos, sino lo que hay que hacer en este instante es básicamente racionalizar el gasto".

Oficialismo sin dudas

Diferente es la postura en el oficialismo, que tuvo una sola voz para apoyar la propuesta gubernamental.

La diputada Gael Yeomans (CS), presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que "es importante el mensaje que da el Presidente de la República de no renunciar a la posibilidad de financiar necesidades sociales, que son las principales prioridades que tiene el país en pensiones, en salud, en las labores de cuidado y en seguridad".

En el mismo sentido el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que "el Presidente se puso en la figura de estadista y convocó al país, a todos los actores políticos, empresariales y sociales a sumarse al pacto social, porque este pacto social es una tarea país y no solamente es de este Gobierno".

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, expresó que "llamamos a la derecha, a la UDI, Republicanos y Renovación Nacional a comprometerse por estos principios que no están fundados en conceptos ideológicos ni electorales, no se está legislando para un sector de la población, sino en las necesidades de la gente".

Durante su presentación del Pacto Fiscal, específicamente en el punto de la trasparencia, el Presidente Boric afirmó que "no queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria, caiga quien caiga". La frase fue entendida como una alusión al escándalo de los convenios entre instituciones públicas y fundaciones, pero la oposición lo consideró insuficiente.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, quien ha insistido en la necesidad de que el ministro de Desarrollo Social renuncie al gabinete, aseguró que "me parece que hay una absoluta desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. El caiga quien caiga solamente ha tenido que ver solamente con un par de seremis y una que otra subsecretaria absolutamente desconocida. La responsabilidad política implica sacar a ministros como el caso de Giorgio Jackson, que lo venimos exigiendo hace semanas, para hacerse cargo de las responsabilidades políticas".

Esta opinión fue secundada por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien afirmó que el Mandatario "minimizó la corrupción. Insistió en el caiga quien caiga, pero no hay ninguna medida nueva para enfrentar el saqueo que están haciendo en el Estado".

En el lenguaje legal se denomina situación de flagrancia a aquella que se configura, en términos generales, mientras se está perpetrando un delito. Así, por ejemplo, si la ocupación de un terreno ajeno está ahora mismo ocurriendo, entonces se dice que el caso es flagrante.

El concepto tiene la máxima relevancia puesto que en casos de delitos flagrantes -y la usurpación de un inmueble ajeno es delito- la policía puede actuar, impidiendo, mediante el uso de la fuerza legítima, que el delito se consume o su resultado se alcance.

Pero la flagrancia por definición es temporal y es breve. De esta manera luego de algunas horas de ocupado un terreno ajeno la flagrancia ya no existe, la fuerza pública es impotente y el caso debe ser examinado y resuelto bajo las reglas del derecho común. Esto significa que debe iniciarse un proceso penal (y la fiscalía podría considerar que el asunto es de difícil prueba y desecharlo) o un juicio civil. En este último caso hay varias alternativas, desde un juicio de reivindicación que tiene por objeto recuperar la posesión que ha sido arrebatada (para lo cual hay que probar el dominio) o un juicio de precario (para lo que basta probar posesión).

Todas esas alternativas suponen, desde luego, un largo tiempo y altos costos de abogados y del tiempo invertido en todo ello.

¿Qué puede explicar que cuando alguien ve que su propiedad es invadida, deba recurrir a la justicia y resignarse a un largo juicio?

La explicación en la historia del derecho es variada y vale la pena recordarla brevemente. Una justificación la formuló Ihering, un famoso jurista alemán del diecinueve cuyas opiniones todavía se enseñan en las escuelas de derecho. Lo que ocurre, dijo Ihering, es que cuando alguien tiene en su poder una cosa estamos en presencia de una imagen del dominio (imago domini). Y entonces el derecho lo protege para proteger la propiedad. Es una paradoja, desde luego: se protege a quien detenta una cosa contra el propietario para proteger la institución del dominio. Otra explicación la dio Savigny, en la misma época. Se protege a quien tiene una cosa sin ser dueño para evitar que la violencia se enseñoree de la vida social como ocurriría si el propietario estuviere autorizado a expulsar al intruso por si mismo.

Lo anterior viene a cuento porque en la noche del lunes se despachó parte de un proyecto de ley que establece la flagrancia permanente.

El proyecto, impulsado por el diputado Alessandri, dispone que los casos de ocupaciones de terrenos, v.gr., la toma de un terreno o un fundo o un sitio, deben ser considerados casos flagrantes, es decir, casos en los que el acto ilegal se está actualmente cometiendo. De esa manera el estado podría ser requerido para emplear la fuerza pública contra los ocupantes, liberando así al propietario de la carga de iniciar un juicio largo y costoso para iniciar el desalojo.

Así concebido (y despojado de otros aspectos peligrosos como el de conceder el derecho a legítima defensa privilegiada al propietario, algo que podría alentar los enfrentamientos o la justicia por propia mano) el proyecto es valioso porque, a fin de cuentas, obligará al estado a proveer los medios suficientes para evitar las ocupaciones ilícitas, frecuentes, por ejemplo, en el sur.

¿Y si el estado no cuenta con los medios, por ejemplo, porque carece de personal suficiente?

En ese caso deberá procurárselos, lo que significa que los costes de incumplir la ley se trasladarán desde el propietario que hoy los soporta (al tener que financiar un juicio largo) a todos los contribuyentes puesto que el estado deberá recurrir a las rentas generales (recaudadas mediante impuestos) para hacer respetar la ley.

Y eso es correcto puesto que en casos como este se protege no al propietario, sino la vigencia de las instituciones.