Vicente Pereira

A fines del primer semestre del año pasado, el Gobierno Regional y el Consejo Regional vislumbraban que la ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no sería la óptima a fines de ese año, producto de los problemas ocasionados a causa de las obras paralizadas y de las empresas que estaban quebrando en la región.

De ahí que entonces optaran por respaldar la generación de programas sociales que estuvieran a cargo de corporaciones, universidades y fundaciones. De esta manera, los consejeros regionales descartaron que la determinación de traspasar $30 mil millones a estas entidades fuera adoptada a fines de año.

Ello, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por la transferencia de $4.420 millones a tres fundaciones: Chinquihue, Participa y Kimün.

"Muy por debajo"

Fernando Hernández (RN) recordó que fue en junio del año pasado cuando vislumbraron que el gasto efectivo estaba muy por debajo de lo presupuestado (en torno al 35%).

Es entonces, en dicho momento, cuando plantean la posibilidad -desde la Comisión de Hacienda- de no sólo centrarse en proyectos de infraestructura, sino que desarrollar programas dirigidos a temáticas sociales y productivas.

Una propuesta, según Hernández, que se materializó al mes siguiente, en la sesión que tuvo lugar en Ancud, mientras que una segunda partida se aprobó en octubre, en el plenario realizado en Quellón.

Sin embargo, precisó que debido a los trámites administrativos, como en Contraloría y en la Dirección de Presupuestos (Dipres), los traspasos de dinero tienen lugar entre noviembre y diciembre.

Su par Manuel Rivera (PS), en tanto, sostuvo que esta situación debe dejar una enseñanza a todos los actores, dado que el sistema actual no permite la ejecución de proyectos rápidos y por ello se presentó la oportunidad de agilizar las iniciativas y asignar estos recursos a diversas instituciones, como fundaciones, universidades y corporaciones, de manera de agilizar los proyectos, pero "mirando la parte más humana y solidaria".

En este sentido, ejemplificó que junto a su colega Ricardo Kuschel (RN) acudieron al Servicio de Salud del Reloncaví, para ver la posibilidad de bajar la lista de espera a través de asignación directa para las operaciones de artrosis de cadera y de rodilla. "Y eso se logró. Gracias a ello tenemos 7.000 personas operadas".

Sin embargo, realiza un "mea culpa" respecto a que "a nosotros nos pasan los proyectos, pero no quienes son los actores que están detrás de las fundaciones, en la cual hay gente de izquierda y de derecha".

Por lo mismo, estima que se tienen que revisar todas estas organizaciones a fondo, sobre todo en el caso de las que les generen dudas, mientras que las que no cumplan con las tareas asignadas deben devolver la plata al Gobierno Regional.

Además, comentó que en su calidad de presidente de la Comisión Social solicitó la transferencia de recursos al Serviu para la compra de terrenos "para la construcción de viviendas sociales y erradicar los campamentos. Pero lamentablemente no se me escuchó, ya que la determinación la adopta el gobernador, pero la crisis habitacional todavía se mantiene".

Diálogo

Una mirada similar a la de sus colegas expuso Rodrigo Wainraihgt (RN), quien recordó que a mediados de año se produjo el diálogo entre Patricio Vallespín (gobernador regional) y los consejeros, respecto a llevar adelante programas sociales.

Consultado sobre el momento en que se producen los traspasos a las fundaciones, corporaciones y universidades, comentó que fue en distintas fechas, como julio, agosto y octubre. "El Ejecutivo tuvo la misión de buscarlas para ejecutar estos programas".

Así también detalló que hubo consejeros que comenzaron a trabajar en algunos de estos programas. En su caso, con la Universidad San Sebastián en el denominado "Gimnasio Puertas Abiertas" y en uno sobre "Defensoría penal pública para las víctimas", con el fin de que las víctimas de un delito puedan contar con un abogado penalista experto. Pero no se aprobó.

Precisó que hubo temáticas que fueron abordadas por más de una. Incluso, hasta tres de estas entidades.

En este sentido, descartó las aseveraciones del ex intendente Sergio Galilea y del senador Fidel Espinoza (PS), sobre que fue en diciembre cuando se comenzó a gastar la plata. "No es así, porque se fueron programando desde junio".

Mirada similar presentó Francisco Reyes (PS), quien señaló que "no fue una decisión de diciembre", ya que el Ejecutivo "nos planteó esta propuesta de trabajo colaborativo con las fundaciones a fines del primer semestre y en el contexto de la caída de varias obras físicas por paralizaciones y liquidaciones, lo que imposibilitaría desarrollar un trabajo con estos proyectos de fierro y cemento".

Es por ello que, insisten, la definición no fue de última hora, toda vez que la propuesta del gobernador para desarrollar programas de carácter social y de fomento productivo fue antes.

Reyes agregó que antes de recurrir a estas organizaciones, primero se hizo una evaluación de los servicios públicos, pero la gran mayoría "dijo que no serían capaces de ejecutar estas iniciativas durante el año pasado", por lo que luego se optó por universidades, instituciones público-privadas y fundaciones.

Explicó que en diciembre lo que se analizó fueron los programas a ejecutar y que fue el ejecutivo quien propuso las fundaciones que estarían a cargo de ellos. "Los consejeros regionales no tenemos que buscar, ni proponer la ejecución de estos programas por parte de una fundación en particular. No es nuestra facultad, ni responsabilidad, como sí lo es que los recursos públicos se ejecuten de buena forma y que estos programas lleguen a la gente tal y como fueron estipulados y contemplados en los términos técnicos de referencia".

Reyes colocó el acento en que "lo que sucedió es que se traspasó el 30% del presupuesto ($30 mil millones) a privados, en circunstancias que me parece que no podíamos pasar ese nivel de recursos a privados cuando le decíamos a los municipios que no teníamos plata".

Por eso, plantea ocupar las herramientas que les permitan resguardar los recursos públicos y ello significa que frente a un trabajo mal ejecutado o que presente falencias de cualquier tipo "cerrarlo y que se devuelvan los recursos para generar una política pública de apoyo a los municipios a través de proyectos de corto arrastre, pero que tengan un impacto real" en las comunas que los presentan.

"Solicité la transferencia de recursos al Serviu para la compra de terrenos para viviendas sociales y erradicar los campamentos"

Manuel Rivera, core PS

"Los consejeros regionales no tenemos que buscar, ni proponer la ejecución de estos programas por parte de una fundación"

Francisco Reyes, core PS