El Gobierno presentó ayer la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), que busca promover el orden y la seguridad tanto en las fronteras como al interior del país, así como la integración social de quienes llegan. Entre las medidas está la identificación biométrica, sobre la cual la ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó que "el empadronamiento no va a significar la regularización, pero nadie va a poder regularizarse si no está empadronado. No va a ser condición suficiente, pero sí va a ser condición necesaria".

"Lo que nos va a generar este proceso de empadronamiento es que aquellas personas que están en el territorio nacional, cada vez que tengan contacto con la autoridad, vamos a saber quiénes son. Hoy día no lo sabemos. Vamos a saber su historial, hoy día no lo sabemos", explicó la titular de Interior.

El proceso "se va a extender hasta el 6 de octubre", continuó Tohá, con miras a que cada persona "tenga una identidad reconocida por el Estado y un registro biomético: una fotografía y una huella dactilar".

Se estima que actualmente hay entre 150.000 y 200.000 migrantes irregulares, frente a lo que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que en "el inicio del proceso de empadronamiento biométrico, hasta ayer (miércoles), se contaban 183.000 ciudadanos extranjeros que están en situación irregular en Chile y han solicitado voluntariamente a través de un formulario concurrir a realizar su proceso de empadronamiento biométrico".

Entre las medidas inmediatas de la PNME también se cuenta el establecimiento de un comité interinstitucional para la materialización de expulsiones, desarrollo e implementación del plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales, así como fortalecimiento de la matrícula escolar.

El Ejecutivo señaló que, asimismo, se desarrollará una política compensatoria hacia las zonas que han recibido migrantes, en áreas como salud y educación. En tanto, se buscará que las residencias estén asociadas a contratos en áreas con escasez de trabajadores, o por vínculos familiares.

Al mismo tiempo se desarrollarán acciones para proteger a víctimas de violencia intrafamiliar (VIF), trata y tráfico de personas, mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de sanción, así como de reconocimiento de quienes cuenten con antecedentes penales.

Otra arista del proyecto es el aumento de las multas a empresas de transporte internacional aéreo, terrestre y marítimo que embarquen a pasajeros sin cumplir los requisitos de ingreso al país.

"perdonazos"

El diputado Andrés Longton (RN) señaló que "el empadronamiento biométrico busca, como finalidad principal, regularizar a quienes ingresaron por pasos no habilitados o clandestinos en las fronteras de nuestro país. Y la Política Nacional Migratoria hoy día lo confirma, es decir, van a haber perdonazos a migrantes que entraron de manera ilegal".

A juicio del legislador, esto genera un efecto "llamada", en que "todo el que quiere ingresar por la frontera va a tener una motivación adicional".

El senador y presidente del partido opositor, Francisco Chahuán, agregó que "una de las ausencias de la política nacional es que se hace necesario un policía de fronteras. Chile no tiene una policía de fronteras", por lo que "hacemos el llamado para que dentro de las propuestas que ha hecho la ministra del Interior, también se contemple".

Cristóbal Acevedo, quien ejerció como director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entre 2015-2017, denunció que el organismo habría pagado $3.500 millones por 30 colaciones en 2022.

La denuncia se dio en el contexto de la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, investigado por presuntos contratos no justificados en programas estatales de alimentación escolar y parvularia.

Acevedo reveló un contrato con la empresa Soser por ese monto, con el cual se habrían entregado 30 colaciones.Este antecedente no está contenido en la AC, que contempla un monto de $71 mil millones entregados en 2022.

"Si bien hay un sistema de pago fijo, pareciera ser bastante desporporcionado pagar por una pequeña cantidad (de colaciones)", comentó el ex director de Junaeb,

La acusación de Acevedo llega solo un día después de que, durante la defensa del ministro, la actual directora de Junaeb, Camila Rubio, descartara irregularidades y sobregastos en las licitaciones de programas de alimentación.

"Tenemos la certeza de que no tenemos ningún servicio que esté fuera de los marcos de la licitación", había señalado Rubio.

Consultada por la denuncia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró ayer que "se está recabando toda la información y prontamente podremos dar una comunicación oficial".

Solo horas más tarde, desde Junaeb emitieron un comunicado en el que señalaron que el monto entregado corresponde "a contratos firmados previo a la llegada de esta Gobierno" y que "no es factible" que se pague tal cantidad por 30 colaciones, porque el "valor máximo" por ese servicio es de $1.093, y que ninguna empresa entrega tan pocas raciones, porque el mínimo es de 1.508.000 al año.

Tras el violento asalto del que fue víctima en la madrugada del miércoles junto a su familia, ayer fue dado de alta Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar.

Ej jefe comunal fue brutalmente agredido por al menos cinco desconocidos que intentaron ingresar a su casa, hecho que está bajo la investigación del Ministerio Público y del que no se descarta que el crimen organizado sea el responsable.

Ya de alta tras realizarse exámenes en Santiago, Alessandri regresó ayer a Zapallar pero permanece bajo resguardo policial en un domicilio particular que se mantiene en reserva.

Consultado al respecto en su balance semanal, el general inspector de Carabineros, Enrique Monrás, Director Nacional de Orden y Seguridad, aseguró que no puede ahondar en el caso porque "la investigación la tiene personal de la Policía de Investigaciones", pero sí reveló que "hay varios alcaldes que cuentan con protección de personas importantes (PPI) de acuerdo a su nivel de riesgo.

A las autoridades comunales "se les hace un perfil" y se suma a ello "algunas medidas que adopta el Ministerio Público", detalló, agregando que esta medida va dirigida para personas importantes que "están amenazadas o han sufrido algún tipo de delito".

Represalia

Monrás también abordó la posibilidad de que el crimen organizado esté detrás del violento asalto al alcalde. "Uno podría hablar de bandas delictuales o crimen organizado, a lo menos".

En esa línea, una de las teorías apunta a una posible represesalia contra Alessandri por la implementación de una oficina antinarcóticos en la comuna costera.