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La presidenta de Perú declara tres horas en la Fiscalía sobre las muertes en las protestas

DILIGENCIA. Su abogado dijo que la mandataria no tenía pensado usar el derecho a guardar silencio como método de defensa.
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró ayer durante unas tres horas en la Fiscalía de la Nación sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, entre diciembre y marzo pasados, que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.

Boluarte salió del edificio del Ministerio Público, ubicado en el centro histórico de Lima, sin hacer declaraciones y dentro de una camioneta con su escolta policial, y se dirigió al Palacio de Gobierno, después de casi tres horas de interrogatorio.

La jefa de Estado aseguró la semana pasada que acudiría a la citación porque su intención es contribuir a "esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible" y que, por ese motivo, no iba a utilizar la prerrogativa de que su declaración fuera tomada en el Palacio de Gobierno.

La Presidencia confirmó en Twitter, que Boluarte culminó la diligencia en la Fiscalía, tras brindar declaraciones "respecto a las investigaciones del Ministerio Público".

En el interrogatorio por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.

Un grupo de manifestantes que atribuyen a Boluarte la responsabilidad por las muertes en las protestas se concentró en los exteriores del Ministerio Público y permaneció en el lugar con carteles, mientras la mandataria respondía a la diligencia.

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró a los periodistas, antes de entrar a la diligencia, que la mandataria no tenía previsto "usar el silencio como un medio de defensa".

En la investigación también se ha incluido al primer ministro de Perú, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Boluarte ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.

También las ff.aa.

Como parte de la investigación, la Fiscalía también citó a declarar este lunes, como testigo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien pidió que se cambie la fecha.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas 7 haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú.

Brasil lanza programa de rebaja de impuestos para los automóviles

MEDIDA. Costarán hasta 3 mil dólares menos, según beneficio ambiental.
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El Gobierno brasileño oficializó el programa de reducción de impuestos para abaratar el precio de los automóviles, una iniciativa anunciada el pasado 25 de mayo tras una reunión del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con representantes del sector.

La medida, que fue firmada este lunes por Lula, contempla un paquete de incentivos fiscales por 1.500 millones de reales (unos 304,2 millones de dólares), según dijo a periodistas el vicepresidente y ministro de Industria, Geraldo Alckmin.

El propio Alckmin había indicado el 25 de mayo que la carga tributaria sería reducida en hasta 10,79% para automóviles que valen menos de 120.00 reales (24.340 dólares) para impulsar el sector automotor.

Alckmin dijo que con ese incentivo los precios pueden caer hasta US$3.042 por auto y los criterios dependerán, en gran parte, de los beneficios ambientales que ofrezca cada modelo.

El paquete, de acuerdo con el vicepresidente, será distribuido 101,4 millones de dólares para automóviles de paseo, 141,9 millones para camiones y 60,8 millones para buses.

Para camiones y buses el descuento está condicionado al descarte por parte de los compradores de unidades con más de 20 años de fabricación El programa, con vigencia inmediata, seguirá hasta alcanzar esas cifras, que según mercado puede ser entre tres y cuatro meses.

El descuento será otorgado a las personas físicas, para evitar que grandes compañías, como las que arriendan automóviles, realicen compras masivas, apuntó Alckmin.

La modalidad será con descuento directo en el precio, pero para evitar que las concesionarias sean afectadas, las fabricantes serán las que aplicarán la reducción del valor del automóvil y recibirán la compensación en crédito tributario, detalló.

Para compensar la menor recaudación fiscal, el Gobierno aplicará, entre otras medidas, un aumento tributario en combustibles como el diesel.

Hija de Jeanine Áñez agradece a senadores por interceder por su madre ante Boric

BOLIVIA. Una veintena de diputados encabezados por Rojo Edwards enviaron oficio.
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La boliviana Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina Jeanine Áñez, agradeció ayer a los 26 senadores que pidieron al Presidente Gabriel Boric pronunciarse sobre el encarcelamiento de la exgobernante y otros considerados "presos políticos" en Bolivia.

"Quiero agradecer el compromiso democrático de los 26 senadores que exigieron la libertad de Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho) y de los más de 200 presos políticos que hay en mi país", señaló Ribera en un video.

La joven dijo que en su país se vive actualmente "momentos oscuros donde los delincuentes son premiados por el Gobierno" de Luis Arce, mientras que, a su juicio, quienes buscan "un cambio en paz, en democracia y con la Constitución" son "perseguidos y encarcelados".

"Nos da una luz de esperanza que las fuerzas democráticas de la región apoyen las causas justas, apoyen a los defensores de la Constitución, las leyes y el respeto del voto del pueblo, apoyen a los defensores de la democracia que han sido encarcelados por odio, por venganza con el fin de acabar con la libertad de pensamiento y el respeto a las instituciones", agregó.

Esta semana se conoció en Bolivia una petición de oficio en la que el senador Rojo Edwards, del Partido Republicano, junto a una veintena de parlamentarios, solicita a Boric denunciar el "irregular proceso de encarcelamiento" de Áñez y Camacho, "considerando las circunstancias que rodean su detención y el respeto a los principios del debido proceso".

En la nota, Edwards repasa los sucesos ocurridos en 2019 en Bolivia, que para el Gobierno de Arce fueron un "golpe de Estado" en contra del entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que su dimisión fue consecuencia de las denuncias de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Áñez está detenida desde marzo de 2021.