En términos muy simples, el patrimonio es aquello sobre lo cual existe algún grado de consenso social y político respecto de lo que debemos preservar, cuidar y/o promover. Hasta aquí no parece haber mayor problema.

Pero como el desarrollo de la vida está lleno de contradicciones y conflictos, esa voluntad tan loable a veces se contrapone con la libertad individual, la iniciativa privada o incluso con el bien público en general.

Obras en la zona

Nuestras ciudades son un buen ejemplo de aquello, hace tan sólo semanas el ex cuartel de la PDI, centro de detención y tortura en pleno centro de la capital regional, ha elevado su categoría desde el elusivo concepto de "sitio de memoria" a Monumento Nacional. Enhorabuena: futuras generaciones deben saber lo ocurrido cuando campeaban en Chile las violaciones a los derechos humanos como estrategia de amedrentamiento político.

Pero también dos obras públicas de gran importancia para la zona se encuentran detenidas por la presencia de hallazgos de interés arqueológico, activando de manera automática por mandato legal un procedimiento en que participa el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): se trata de la construcción del Hospital de Puerto Varas y la conservación de la Casa Pauly en Puerto Montt.

Sin lugar a dudas éste es un dispositivo que todo Estado debe tener: cuidar el patrimonio es un mandato cuya obligación deriva incluso de acuerdos internacionales suscritos por el país. Más bien las dudas aparecen cuando se conoce el sistema de trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), su dotación de personal para realizar los procedimientos que le obliga la ley y, en algunas casos, las respuestas o soluciones que emanan desde aquel y que pueden incluir en su repertorio el "sellado para conservar", que implica en pocas palabras tapar el sitio con alguna carpeta para prospecciones futuras. Alguna vez cuando existan los recursos, en un horizonte temporal incierto… pero cuyo dictamen o resolución es conocida varios meses, e incluso años más tarde, produciendo dilaciones exasperantes y como consecuencia directa, el perjuicio a las arcas fiscales debido al encarecimiento de las obras en ejecución producto de la acción de un órgano del propio Estado.

Recursos

Las experiencias en esta línea sobran, pero no hay que ser injustos. No todo se trata de ineficiencia o desidia: aquí hay un tema de recursos y de falta de sentido de las urgencias, así como de falta de una visión amplia en algunas entidades que incluya la consideración al bien público: ¿acaso el innegable aporte de un hospital que complemente la red asistencial provincial no amerita que la evaluación del valor de los hallazgos arqueológicos se haga con celeridad?

Mismo es el caso de los beneficios que puede aportar al desarrollo cultural y urbano de nuestra cuidad la conservación del único inmueble de la zona céntrica de Puerto Montt que funcionará como un centro de interpretación histórica del período de fines del siglo XX, de ese Puerto Montt que poco a poco ya no existe. Hay procesos que deben, imperiosamente, andar más rápido.

Para tal efecto se requiere fortalecer la labor del CMN, para que su funcionamiento (y no su labor tan valiosa como necesaria) no sea un obstáculo para el desarrollo, la generación de empleo, el cuidado de los recursos fiscales y, por sobre todo, para el bien común.

Dotar al CMN de más funcionarios especializados y más capacidad logística resulta un imperativo insoslayable para la gestión del Ejecutivo que se ha visto un tanto esquivo en esta discusión, salvo la meritoria labor de las autoridades electas que advierten con pavor como las obras se encaren por retrasos, la mayoría de las veces evitables.

Pero también es un tema de materia de ley, no sólo de gestión de gobierno, pues pareciera ser que el Estado se obliga a sí mismo sólo cuando una determinada disposición legal así lo ordena. Nuestros representantes en el Parlamento sin distingo tienen voz cantante en este concierto.

Resguardar el patrimonio es una obligación, por cierto, a no dudarlo; pero atender las múltiples y urgentes necesidades del territorio que redundan en el bien común, también. En un Estado moderno dichas obligaciones deben conciliarse y no presentarse por carriles separados ni menos en trayectoria de colisión, la discusión que debe darse no debe ser planteada en términos maniqueos, sino integrales, amplia y sobre todo consciente de la imposibilidad fáctica de arribar a soluciones mágicas o absolutas.