Más de 2,7 millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar de forma autónoma actividades esenciales de la vida cotidiana. El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia de 2022, que indica que un 17,6% de la población adulta en Chile presenta algún grado de discapacidad. Un total de 1.746.835 personas (11,4%) poseen una discapacidad severa, y que 957.058 (6,2%) arrastran problemas leves o moderados. Si bien una gran mayoría de las personas afectadas son autovalentes (77,8%), hay un porcentaje (9,8%) que dependen del cuidado de otros: significa que un millón y medio de personas dependen de otro para sus actividades básicas.

El concepto de discapacidad es genérico y abarca la condición física, sensorial y mental, que limita ciertas actividades para desarrollarlas con normalidad, lo que muchas veces se transforma en un calvario para sus protagonistas, quienes deben lidiar no sólo con una serie de impedimentos urbanos, sino también con la poca colaboración de la gente.

En 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que define normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La normativa estableció que empresas públicas y privadas con más de cien trabajadores deben reservar el 1% para empleados en condición de discapacidad, o bien optando por alternativas, como realizar donaciones o subcontratando personal. La ley promovió la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es deber de todos contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Lo que pretende esta ley es facilitar la inclusión y rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando las exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ha habido avances, pero falta mucho, sobre todo en la actitud de las personas para reconocer y respetar la discapacidad.

Apropósito de las recientes imágenes de una jauría de jóvenes asaltando como hienas hambrientas a unos turistas, recordé cuando hace algunos años un fiscal regional dijo públicamente que la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, "era un chiste". Llovieron las críticas. No pareció prudente que una autoridad se expresara de esa forma sobre una legislación que, por lo demás, había sido lanzada con bombos y platillos para resolver el problema que generaba -y sigue generando- la comisión de delitos por parte de menores de edad.

Pero lo cierto es que el tiempo le ha dado la razón, ya que todas las promesas de la referida ley en cuanto a una justicia penal especializada, centros de privación de libertad con altos estándares y mucho más, no se cumplieron, convirtiéndose rápidamente en una maquinaria burocrática, ineficaz, costosa e insulsa. De responsabilización y resocialización, nada.

Otro caso paradigmático de incumplimiento de los objetivos explicitados por una legislación esta dado por la Reforma Procesal Penal, que en el mensaje del nuevo código confesó como propósitos el lograr una mayor eficacia en la persecución criminal, un nivel más alto de legitimidad del funcionamiento de la justicia y un mayor respeto de los derechos de las víctimas, a la par de elevar la vigencia de los derechos fundamentales del justiciable.

Después de años de implementación la evidencia demuestra que sólo se cumplió con lo último, es decir, con un imputado que cuenta con todas las garantías y derechos imaginables frente a víctimas que siguen sumidas en el abandono, mientras a la sociedad no le queda más que seguir cruzando los dedos para que algo mágicamente cambie y comience por fin a darse una respuesta seria y firme frente a la delincuencia.

Más recientemente, el 25 de enero del año pasado, se publicó la Ley 21.412, que modificó la Ley de Control de Armas, con el fin de hacer frente a la desenfrenada utilización de armamento de fuego, mientras que pocos meses después se dictó la Ley 21.325, sobre inmigración y extranjería, llamada a regular más eficazmente el ingreso de extranjeros a Chile. Sus resultados están a la vista.

El incumplimiento palpable de los propósitos de las leyes que hoy regulan los principales problemas que vive el país desnudan no sólo su ineficacia y deficiencias, sino que también un indolente desinterés de modificarlas con urgencia para cumplir con las promesas que se hicieron al momento de promulgarlas, a menos, claro está, que derechamente no se quiera o no se sepa cómo hacerlo.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos

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