hecho, debería separar investigación respecto de dichos civiles y remitirlas a la Fiscalía Local del Ministerio Público. Si no se logra establecer la identidad de algún civil que amerite la incompetencia, la causa queda en la justicia militar", asegura.

Garantías

Nain Lamas cuenta que los cuestionamientos a nivel nacional e internacional que se hace a la justicia militar tienen relación con las garantías procesales.

Respecto del caso que afectó a la Armada en Cochamó, el penalista señala que "si la Fiscalía Militar y el Ministerio Público investigaran todo en paralelo, sería un caos", recalca.

"Imagine un solo sitio del suceso donde dos fiscales -uno militar y otro del Ministerio Público- envíen a dos policías diversas a trabajarlo, sólo fundado en el por si acaso. Es por ello que el fiscal militar, especializado en indagatorias de delitos militares, comienza una investigación, dando instrucciones a la policía especializada que estime conveniente, levantando las evidencias y haciendo todas las diligencias necesarias, tal como lo haría un fiscal del Ministerio Público".

"Luego, si del desarrollo de esa investigación aparecen sólo imputados civiles, la causa se traspasa a la justicia penal ordinaria, es decir, Fiscalía y Juzgado de Garantía, pero si hay militares y civiles involucrados (muy habitualmente) la causa se separa y cada justicia -militar y civil- siguen adelante con los procedimientos respectivos".

Revela el abogado Lamas que los cuestionamientos que existen incluso a nivel internacional respecto de la justicia militar "se relacionan mas bien con afectación de garantías procesales para los investigados, cuestión que incluso ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional (TC) en favor de militares investigados por delitos comunes al interior de cuarteles militares (ejemplo el porte de estupefacientes), declarando inconstitucional para esos casos en concreto la norma que radica la competencia en esa justicia militar".

Competente

El también ex fiscal del Ministerio Público, Sergio Coronado, argumenta que debe existir claridad respecto a los roles que cumplen ambos organismos tanto en el civil como en el militar.

Al referirse al robo de armas en dependencias de la Armada en Cochamó sostiene que cuando se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus cargos y vinculados a recintos militares, quien debe realizar la indagatoria es la Fiscalía Naval, "pero la ley es clara que cuando se trata de la intervención de civiles en esos hechos o delitos comunes. Para tal caso, el competente es el Ministerio Público".

Insiste Coronado que cuando existen sospechas o se prueba que en el hecho hubo civiles involucrados, el competente es el respectivo fiscal del Ministerio Público, "pero en este caso el fiscal naval debe investigar de qué manera lo ocurrido le da competencias, en el sentido que puede haber infracción de los militares (marinos), pero ello no impide que se investiguen las otras aristas (por parte de la Fiscalía) del caso (que es) un robo con violencia cometido por civiles".

Para el penalista lo ocurrido con la indagatoria del caso de Cochamó, y las competencias para indagar "puede afectar la legalidad o la posibilidad de recopilar los medios de prueba".

Justicia naval

El ex intendente y ex defensor penal público, Nofal Abud, dijo que esta materia tiene que ver con la sobrexposición de la competencia de la justicia ordinaria -Fiscalía en este caso- como ente investigador y la justicia militar, en este caso la Fiscalía Naval.

"A mi parecer existe una competencia preferente al menos en esta etapa de la investigación que indica que los hechos deben ser investigados por la justicia naval y una vez que esa indagatoria determine el tipo de hechos, si son o no delitos comunes o militares. Es decir, una vez que la investigación determine si los involucrados son militares o civiles, habrá que determinar efectivamente si esa investigación continúa o no en la justicia naval o debe ser derivada a la Fiscalía local y a los tribunales ordinarios para su prosecución".

Según Abud, "inicialmente entiendo que es correcto que los hechos sean investigados por la Fiscalía Naval".

El viernes la Fiscalía de Puerto Montt confirmó que también se hará parte de la indagatoria del robo ocurrido en la Capitanía de Puerto de Cochamó, ante la posibilidad que los asaltantes sean civiles.

2021 se denunciaron en la Fiscalía Militar tres delitos de hurto o extravío de armas ocurridos en Carabineros y el Ejército en la región.

15 de enero de 2018 desaparecieron dos armas de fugo cortas desde la Cuarta Comisaría de Carabineros de Chaitén.

300 municiones de guerra se llevaron los ladrones que asaltaron la Capitanía de Puerto de Cochamó el jueves en la madrugada.